Nuestras propuestas contra la CORRUPCIÓN

  • Creación de un Ministerio contra la Corrupción en el cual funcionarios expertos del resto de ministerios y adscritos al de nueva creación, y con un estatuto que les proteja de injerencias externas, investiguen, analicen, evalúen, propongan soluciones respecto al funcionamiento de sus propios ministerios y respecto a las conductas corruptas para prevenirlas o erradicarlas;
  • Educación integral sobre corrupción. Una asignatura en el plan de estudios desde primaria hasta el periodo universitario (adaptada a cada nivel) que identifique conductas corruptas y su negatividad en el bienestar social de todos. La corrupción debe tener un tratamiento integral que empiece por la educación desde la más temprana edad y  que propicie que se instale en el pensamiento social que defraudar al Estado es robar las carreteras, colegios, hospitales de tus hijos, vecinos y demás ciudadanos, merece un reproche social como el que se produce contra el terrorismo, la pederastia, etc;
  • Incentivar la denuncia. Hay que garantizar la seguridad de quien quiera denunciar, aunque sea con contrato del Estado, manteniendo las condiciones de que disfrutaba en su puesto de trabajo. Actualmente quienes denuncian prácticas corruptas que nos cuestan cientos de millones de euros a la ciudadanía en vez de ser promovidos a cargos de más responsabilidad son sancionados, privados de libertad, aislados  o expulsados;
  • Cambiar el sistema de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y de nombramientos de todos los jueces, evidentemente politizado y que coarta la actividad de algunos en determinados cargos relevantes.
  • Crear un Cuerpo de Policía Judicial nutrido principalmente por parte de miembros de las FFCCSS del Estado  o regular el funcionamiento de la Policía Judicial con prohibición expresa por parte de sus miembros de dar cuenta de sus investigaciones a nadie por encima del mando responsable de la investigación, dándose cuenta exclusivamente al juez que dirige la investigación;
  • Dotar de jueces y medios precisos a todos los juzgados y tribunales, centralizando la gestión logística-administrativa en una agencia central para todo el territorio nacional;
  • Crear la figura del “testigo blindado” antes referida,  para quien denuncie casos de corrupción, pero no como el actual testigo protegido, al que se cambia la identidad y se da cobertura con una salario ínfimo durante unos meses o años, sino garantizando una protección y salario hasta la jubilación, pudiendo ser empleado a cambio en organismos de la justicia o la administración del Estado en tareas de su conocimiento y competencia, de tal forma que se le garantice la estabilidad laboral o, en su caso, se proceda a su jubilación con la compensación económica que corresponda si como consecuencia de su colaboración con la justicia se ve obligado a abandonar su puesto de trabajo;
  • Invertir la carga de la prueba en determinados delitos de corrupción, cohecho o de narcotráfico. Todo el mundo apela a la Constitución contra la que dicen iría esta norma, pero se puede conseguir lo mismo creando en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito. Invertir la carga de la prueba es ni más ni menos que quien no pueda acreditar ingresos lícitos por determinada cantidad de dinero durante determinados años y la suma de su patrimonio o inversiones en ese periodo es muy superior y no puede acreditar cómo lo ha ingresado, ese excedente deberá ser incautado. El enriquecimiento ilícito es lo mismo y posiblemente plantee menos problemas de aceptación por los juristas más puristas;
  • Crear o reformar la actual Secretaría de Estado de Seguridad y convertirla en una herramienta policial para combatir la corrupción; en la misma habría jueces, policías, fiscales, inspectores de Hacienda… con dedicación exclusiva para combatir la corrupción. Sus máximos responsables serían elegidos por periodos de 6 o más años y se irían renovando periódicamente, siendo inamovibles durante su mandato. En el caso de crearse la Policía Judicial propia dependiente de jueces y fiscales, o la dependencia funcional antes señalada, con prohibición de informar a los mandos jerárquicos, esta Secretaría de Estado tendría más labor de apoyo logístico que investigativo, pudiendo mantenerse como un centro de peritaje de Policía Científica con expertos en todas las materias para contribuir al desarrollo de las investigaciones;
  • Cambiar el mismo sistema de cumplimiento de condenas transformando algunas de ellas (las relativas a delitos de poca alarma social y tráfico de drogas a pequeña escala) por prestación de servicios a la comunidad;
  • En aquellos casos en que se precisen comisiones rogatorias o auxilio de la justicia de otros países establecer la no prescripción de los delitos cometidos hasta la recepción y análisis de los datos obtenidos;
  • Que los miembros del Parlamento español fueran elegidos en listas abiertas y los diputados respondieran ante sus electores y no ante las cúpulas de sus partidos;
  • Cumplimiento íntegro de las penas hasta que se hayan devuelto las cantidades monetarias detraídas y denunciadas. No existe reinserción si no se devuelve lo robado. Firma de un contrato o protocolo de seguimiento por parte de los condenados y puestos en libertad para permitir por parte de funcionarios del Estado especializados al efecto el controlar y seguir todos los negocios, inversiones y gastos que hagan los defraudadores después de salir de prisión;
  • Elaborar una Ley de Segunda Oportunidad, como demandan además de otros colectivos los jueces decanos, porque su no existencia y las decenas de miles de familias pobres desahuciadas cada año son para nosotros un ejemplo de corrupción, siendo España junto con Grecia y Bulgaria los únicos países de nuestro entorno que no disponen de la misma. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado respecto a nuestras leyes hipotecarias y la injusticia de las mismas, por permitir el desahucio sin garantizar la defensa de las familias;
  • Mecanismos de control que impidan lo que ha pasado las últimas décadas. Establecer un sistema de controles en todas las instituciones que garanticen el uso de los recursos públicos al fin al que se destinan. Acabar con el nepotismo y clientelismo (control efectivo  del modo de provisión o promoción a la función pública evitando la proliferación de asesores y cargos de confianza que sobredimensionan la Administración y suponen un gran gasto a las arcas públicas);
  • Legislar para acabar con los paraísos fiscales;
  • Establecer una cooperación internacional ágil y eficaz que permita tramitar las comisiones rogatorias con la diligencia necesaria;
  • Una eficaz coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en especial, de Policía y Guardia Civil;
  • Fin de las puertas giratorias en política (Regulación y control posterior);
  • Promesa de cumplimiento ante notario de los programas electorales;
  • Responder con el patrimonio propio los dirigentes o funcionarios acusados y condenados por conductas corruptas o de negligencia en la Administración de los bienes públicos.

medidas contra la corrupcion

Observatorio de la ciudadanía Contra la Corrupción