El Observatorio contra la Corrupción recurrirá el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria

El Observatorio contra la Corrupción recurrirá el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria
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Canarias Ahora – Las Palmas de Gran Canaria, 26/04/2017


Mariano Rajoy, Francisco González y José Manuel Soria en el mitin del Partido Popular en Mogán pagado con fondos del Grupo Europa. ARCHIVO CANARIAS AHORA

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción ha anunciado este miércoles su disposición a emplear toda la “capacidad legal” para lograr que prospere el recurso que presentará contra el auto de archivo del denominado caso grupo Europa de Mogán, una pieza separada del caso Góndola, en la que se ha investigado pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa , entre ellos, un mitin de Mariano Rajoy en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento, presidido por el PP.

Este colectivo fue expulsado como acusación popular en marzo pasado, tras haber sido admitido en mayo de 2016, pero a pesar de esa expulsión sí se le ha notificado el archivo de la causa, por lo que espera que prospere este recurso de reforma ante el mismo juzgado instructor de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.

En declaraciones a Efe, el portavoz del Observatorio, José Manuel Sánchez Fornet, ha señalado que discrepan con la decisión de la Fiscalía de no formular acusación por no observar relación entre los eventos financiados por la promotora Grupo Europa y la obtención de un concurso para construir viviendas públicas en Mogán.

Desde el Observatorio se entiende que sí se han producido delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación por los pagos presuntamente irregulares que efectuó Grupo Europa para financiar, entre otros actos, un mitin de Mariano Rajoy (PP) en la localidad moganera de Arguineguín, en diciembre de 2005. Sostiene asimismo que existen “diferencias” sustanciales sobre lo que interpreta la juez cuando ordenó hace un año la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado previo a la apertura del juicio oral y la posición de la Fiscalía, por lo que insiste en que “no es razonable” el archivo de la causa.

El portavoz ha informado que desde el Observatorio se recurrirá también la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, que les fue comunicada con anterioridad al auto de archivo, sobre su exclusión de la causa.

Así, ha subrayado que ante la “discordancia legal” que se ha producido en el procedimiento, se siguen considerando competentes para presentar el recurso, pues, a pesar de la expulsión, se les comunicó el auto como parte personada.

En el caso Grupo Europa figuraban como imputados la ahora alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el exalcalde Francisco González, y el propietario de Grupo Europa, Manuel Antón Martín, cumpliendo condena por pagos del mismo calado llevados a cabo en el municipio de Telde, entre otros.

Asimismo, el Observatorio está pendiente de una resolución de la Audiencia de Las Palmas sobre si procede su personación en el caso Góndola, que investiga otras tramas de corrupción urbanística en Mogán, tras el recurso de apelación que interpuso al no permitírsele ser parte de la causa, según ha indicado su portavoz.

La Fiscalía logra el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria tras expulsar del caso a la acusación popular

La Fiscalía logra el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria tras expulsar del caso a la acusación popular
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Alexis González – Las Palmas de Gran Canaria, 24/04/2017

La Fiscalía de Las Palmas ha logrado que otro de los casos de presunta corrupción sonados de Canarias durante la etapa triunfal de los gobiernos municipales del PP en Gran Canaria (2003-2007) se vaya quedando en algún cajón de los juzgados.


Rajoy junto al alcalde de Mogán, y al lado de éste, José Manuel Soria, en el mitin de 2005 pagado por la inmobiliaria Grupo Europa. EFE / MOGÁN

Es el denominado caso Góndola, que incluye una pieza separada en la que se investigan pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa, entre otros un mitin de Mariano Rajoy en la localidad de Arguineguín, en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento de Mogán, presidido por el PP.

En la causa figuran imputados por diversos delitos de corrupción, entre otros, la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y su antecesor, Francisco González, ambos dirigentes del Partido Popular local en el momento de los hechos, detenidos en enero de 2007 en el marco de la operación Góndola; además del propietario de la mercantil Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, actualmente cumpliendo condena de prisión por el mismo modus operandi en otro municipio de la isla, Telde, dentro del denominado caso Faycán.

Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el sobreseimiento provisional de la pieza referente a Grupo Europa en Mogán al no entender la Fiscalía que haya algún tipo de relación entre una serie de eventos financiados por la inmobiliaria y la obtención de un concurso para construir vivienda pública, como sostuvo la Policía Nacional en su momento e hizo suyo la juez en el auto de procedimiento abreviado de mayo de 2016.

La medida decretada el jueves pasado por la juez decana, Luz Calvé, a petición del fiscal Jorge Pobre, no tiene vuelta de hoja al haber sido expulsada la asociación que ejercía la acusación popular desde 2016, sin tiempo material para cumplir con los plazos de recursos de reforma o apelación al auto de archivo, de 20 de abril.

En mayo de 2016 la magistrada admitió que el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, presidido por el que fuera secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sánchez Fornet, se personara en las actuaciones ante el estancamiento de la instrucción, decisión recurrida por las defensas.

En este último año, lejos de agilizar la investigación, que ya fue objeto de una grave polémica en 2013 al achacar la Fiscalía su lentitud al baile de jueces al frente de ese juzgado, el ministerio público no solo no formuló acusación o solicitud de archivo, sino que interesó la expulsión de la acción popular, que reclamaba de la jueza la documentación del caso para ejercer su acusación.

Así, diez meses después de la personación del Observatorio, el fiscal Jorge Pobre se opuso con el argumento de que la acción popular debía haber presentado querella para ejercer sus derechos, “única forma prevista por el legislador para llevarla a cabo”, respondiendo de inmediato, dos días después, a una providencia de la juez, que termina por expulsar a la asociación el 31 de marzo pasado mediante auto.

El Observatorio no solo ha recurrido esta expulsión a la Audiencia Provincial, sino otra similar en la pieza principal del caso Góndola, así como ha elevado quejas a la Inspección Fiscal en Madrid, acciones todavía sin respuesta.

Estas medidas no han impedido que el fiscal Jorge Pobre evacuara un informe el 1 de marzo pasado por el cual solicitaba el archivo de la pieza separada al entender que no existen pruebas para acusar a la actual alcaldesa y su antecesor en el cargo, aparte de otros imputados, de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.

En ese informe, decisivo para el archivo al ser la única acusación, el fiscal sostiene, entre otros argumentos, que no puede haber tráfico de influencias porque quien pagara los eventos municipales y del partido (un mitin de Mariano Rajoy, en diciembre de 2005; un concierto de Bebe en los carnavales de marzo, y otro de Miguel Ríos en las fiestas del Carmen de ese verano) fue, tal cual admitió el empresario, la promotora Grupo Europa. Y que la mercantil no vio recompensadas sus “inversiones” al anularse el contrato de adjudicación en 2006.

En su momento, el promotor Antón Marín reconoció, en relación al mitin de Rajoy y los conciertos, que los financió “para promocionarse, tal y como hizo en otros Ayuntamientos, como muchas empresas promocionan conciertos y carnavales” (sic). Así lo recoge el fiscal, que no ve conexión alguna de esa “inversión” con “el cobro de facturas infladas” para recuperar el dinero ya adjudicado el contrato. Y todo porque esas facturas no se llegaron a pagar por parte del ayuntamiento.


Onalia Bueno, actual alcaldesa de Mogán, es abrazada por colaboradores suyos al salir del juzgado tras su detención junto al entonces alcalde en 2007

El fiscal entiende que el hecho de financiar una empresa privada “a favor de los vecinos del municipio de Mogán de dos conciertos y de un mitin del líder de un partido político” (sic) se deben considerar “actos preparatorios impunes” por no verle encaje en el delito de tráfico de influencias, “siendo así que la causalidad de los eventos celebrados por Grupo Europa” (sic) “y las resoluciones que dan lugar a la adjudicación del concurso público” carece de “soporte probatorio”.

El ministerio público también abunda en que no hubo prevaricación al adjudicar el concurso de promoción de vivienda pública a Grupo Europa, “toda vez que la tramitación quedó interrumpida declarando nulos sus trámites resolviéndose el contrato supuestamente amañado y adjudicado irregularmente antes de la incoación de las diligencias previas en el año 2006, por incumplir las condiciones favorables al Ayuntamiento, no constando la entrega de dádivas o promesas para resolver en un sentido u otro el concurso […] sin que pueda por tanto afirmarse que los pagos realizados lo fueron como contraprestación de una irregular adjudicación de un contrato público”.

2006: el año de los escándalos de corrupción del PP

Justo por aquellas fechas de la resolución del contrato en Mogán, 20 de noviembre de 2006, casos de corrupción paralelos en gobiernos municipales del PP estaban a la orden del día, como el Faycán de Telde, desatado el 1 de marzo de ese año con la detención de la concejal ya fallecida, Toñi Torres, y que en ese mes de noviembre entraba en su tercera tanda de apresamientos, con el alcalde de la localidad, Paco Valido y todo su grupo del PP, enviado a los calabozos el 7 de noviembre.

En paralelo, en Mogán la Policía Nacional y el entonces juez instructor José Alexis Reyes seguían los pasos del alcalde, Francisco González, y su mano derecha y ahora enemiga irreconciliable, Onalia Bueno, hasta el punto de captar conversaciones en las que la actual alcaldesa -que abandonó el PP y le ganó las elecciones en 2015 a González bajo las siglas locales de Ciudadanos por el Cambio- extremaba precauciones con su alcalde, en referencia a Grupo Europa.

“¿Has visto lo que pone el Top Secret de CanariasAhora sobre Grupo Europa?”, le llegó a preguntar González a Bueno en los primeros días de noviembre, cuando ya este periódico estaba sobre la pista de que algo olía a podrido en la política de promoción de viviendas sociales de varios gobiernos municipales del PP. A ellos accedía Grupo Europa a través del actual senador y entonces portavoz popular en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, como quedó acreditado en el juicio de la pieza separada relativa al municipio de Telde, sin que se condenara al entonces aforado autonómico y sí al resto de acusados.

“¡Te he dicho que de esas cosas no me hables por teléfono!”, le replicó alterada Onalia Bueno a Francisco González al ser cuestionado por Grupo Europa, mercantil con la que ya en noviembre de 2006 tenían graves diferencias y apuntaba a convertirse en un lastre por las pesquisas policiales que depararon en mayo de 2007 en la apertura de estas piezas separadas en Telde y Mogán.

En el escrito del fiscal Jorge Pobre que da carpetazo a la investigación de aquel famoso mitin de Mariano Rajoy durante el Puente de la Inmaculada Concepción de 2005, tampoco se atisba la malversación de fondos públicos porque los pagos de esos actos corrieron a cargo de Grupo Europa y el fiscal dice no tener constancia de que del ayuntamiento saliera dinero o patrimonio alguno en contraprestación. Aunque en el negocio fallido de la promoción de viviendas sociales de Telde y Mogán, el municipio aportaba suelo público de manera gratuita.

El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González

El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González
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MIGUEL ÁNGEL CAMPOS, Madrid 20/04/2017

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo


El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.

Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta “no es vinculante” y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.

Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.

En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.

LA MENTIRA EN POLÍTICA ES CORRUPCIÓN

El director general de Tráfico debe dimitir por salud democrática

Nada ha cambiado. Todo sigue igual. No importa lo que sea evidente si no hay una prueba irrefutable; el político de turno, si es corrupto y sea del partido que sea, negará la evidencia y no pasa nada. Esto es España. En cualquier otro país democrático de nuestro entorno cualquier político que mienta o que tenga un comportamiento reprobable no ya jurídico, sino político o moral, no tienen que señalarle la puerta de salida. Hemos visto dimisiones de ministros por mentir respecto a una multa de tráfico, o por copiar en una tesis doctoral, o por cualquier otro asunto que aquí no dan lugar ni a crítica política. España es el reino de los políticos corruptos y de unas reglas ajenas a la más elemental moral política que les permite mentir impunemente sin ninguna consecuencia.

Todos los procesos judiciales en marcha no han servido para nada. Porque esta enfermedad, la corrupción, corrompe las instituciones y la democracia del país y sigue instalada en los comportamientos políticos, siendo alimentada a diario con hechos como los que estamos presenciando en el Ministerio del Interior, donde un ministro miente, manipula, insulta la inteligencia de la ciudadanía y mantiene en su cargo al director general de Tráfico, que miente también.

No hay ningún ciudadano que crea hoy que Gregorio Serrano no sabía nada de la ilegalidad que se pretendía, ni que los 50.000 € de gasto es un asunto ordinario para cualquier vivienda de cualquier cuartel de la Guardia Civil; se trata simplemente de un trato privilegiado, propio de una Casta corrupta que arranca desde la dictadura y se ha mantenido sin solución de continuidad durante todos los años de democracia. Privilegios ilegales que abarcan desde la Jefatura del Estado hasta el último funcionario municipal que se presta a ello, que surcan todos los estamentos institucionales y pasan por el director general de Tráfico, que según el ministro de Interior tiene derecho, porque así ha sido históricamete, a disponer de una vivienda con todos los gastos pagados por nuestro dinero para residir en Madrid, percibiendo como percibe un salario cinco veces superior al de cualquier funcionario público de esa dirección general de Tráfico, de la Policía o de la Guardia Civil. La justificación de que el director general de Tráfico tiene derecho a percibir dietas con las que abonar la estancia en el hotel cuando no está desplazado sino residiendo en la ciudad donde tiene su puesto de trabajo de destino es, visto desde policías y guardias civiles, una burla a los miembros de ambos colectivos y la confirmación de que hay políticos que viven en un mundo donde la regla principal es su particular interés.

Consideramos desde el OCC que si queremos una sociedad limpia y decente corresponde a los políticos predicar con el ejemplo, y que si el director general de Tráfico sigue en su cargo tras mentir, la responsabilidad por esa conducta política inmoral afecta y ensucia al ministro de Interior.

Madrid, 1 de abril de 2017
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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El diario – El director de la DGT no sabía nada del piso pero había ido a verlo

El director de la DGT sí conocía la existencia del piso de la Guardia Civil. El Ministerio del Interior ha confirmado a El Objetivo de Ana Pastor de laSexta que Gregorio Serrano fue a visitarlo el 3 de febrero porque el piso era para él. A pesar de esta visita, Serrano lleva toda la semana negándolo:

Esta visita se produjo 12 días antes de que Gregorio Serrano solicitara formalmente a la Guardia Civil la permuta que supuestamente fue denegada. Además, el Ministerio del Interior también confirma que cuando se produjo la visita las obras de reforma aún no habían comenzado.

También el Ministro Zoido en sede parlamentaria dijo que que el piso no era para el Director de la DGT:

Ahora sabemos oficialmente por el propio Ministerio del Interior que el piso sí era para Serrano.

¡Ay, la Maldita Hemeroteca!

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http://www.eldiario.es/malditahemeroteca/Director-DGT-sabia-piso-verlo_6_628247198.html

Público – Altos cargos de Hacienda enseñan a asesores fiscales y abogados cómo eludir impuestos

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DENUNCIA DE GESTHA
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncian que existen centenares de cursos organizados por entidades privadas en los que los responsables de la Agencia Tributaria ejercen de profesores, actividad que abre la duda sobre su compatibilidad con el cargo.
MADRID 30/03/2017 12:28


Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributara (AEAT) de Madrid. E.P.

EUROPA PRESS
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncia que existen centenares de cursos en los que “altos responsables de Hacienda” instruyen a los asesores internacionales y grandes despachos tributarios en técnicas para “eludir impuestos y evitar las medidas antielusión, rayando el límite del decoro y de la ley de incompatibilidades”, según pusieron hoy de manifiesto en el marco de la XV edición de su Congreso Nacional en Alicante.

En un comunicado, Gestha considera que el correcto desempeño de las funciones públicas de determinados responsables de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda “choca con su actividad más que frecuente” en multitud de actos docentes, lo que abre la duda sobre su compatibilidad con el cargo, dado que podría “menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes, cuando no comprometer su independencia o imparcialidad”.

En este sentido, los técnicos señalan que a pesar de recibir “altas retribuciones con ingentes incentivos”, es frecuente encontrar en los claustros de profesores a subdirectores generales y altos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o de la Dirección General de Tributos, por citar algunos ejemplos.

Estos “docentes”, según Gestha, cuentan ya con elevados salarios por sus cargos desempeñados en Hacienda, que se mueven entre los casi 70.000 euros de un subdirector adjunto de la Dirección General de Tributos, hasta los más de 100.000 euros anuales que percibe un jefe de equipo nacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o el jefe de la ONFI.

En todo caso, los técnicos de Hacienda consideran que no debería aprovecharse el nombre oficial del cargo ocupado como “gancho” para atraer alumnos a los cursos, ya que las actividades privadas lucrativas no deberían promocionarse con la utilización del cargo.

Ejemplos
Para Gestha, el ejemplo más paradigmático es el de un Máster en Dirección de Fiscalidad Internacional, cuyo claustro de profesores está formado por 27 personas, de las cuales 16 son inspectores de Hacienda en activo y 4 en excedencia. Y entre los 16 en activo, añade, se encuentran los dos máximos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC) y de la Dirección General de Tributos —hasta el pasado diciembre— y cinco subdirectores generales.

“Curiosamente, este Máster dedica una parte de su temario, sin ser exhaustivos, a las principales características de los paraísos fiscales más notables y regímenes fiscales privilegiados de mayor interés, planificación corporativa-sociedades holding, planificación financiera internacional o planificación de operaciones internacionales sobre bienes intangibles”, denuncia Gestha.

Además, los técnicos afirman que la asiduidad con la que muchos de estos funcionarios participan en este tipo de cursos, a veces en horario matinal, podría ser constitutiva, en su caso, de “infracción” de la Ley de Incompatibilidades, que exceptúa del régimen de incompatibilidades a la docencia sólo cuando sea “ocasional”.

Por todo ello, los técnicos de Gestha exigen a la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda que investigue el centenar de cursos organizados por entidades privadas, entre los que figuran las grandes consultoras tributarias, en los que altos responsables de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio han podido informar de los criterios, prácticas tributarias y proyectos normativos.

Igualmente, exigen que se averigüe el número e identidad de los alumnos que han asistido y si se han formulado preguntas o consultas relacionadas con la problemática fiscal de sus clientes. Además, para el colectivo, esta elevada actividad docente de los altos cargos sirve para “engrasar las puertas giratorias”, al coincidir en la mayoría de cursos con los socios de consultoras y grandes empresas, “en las que posteriormente acaban prestando sus servicios muchos de estos funcionarios”.

Público – Rajoy ignoró alertas sobre corrupción en Murcia desde 2011

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Un abogado cercano al PP envió cartas al presidente del Gobierno, al PP y a La Moncloa, durante seis años al menos, pero el jefe del Ejecutivo se limitó a contestarle con respuestas genéricas. Diego de Ramón fue el denunciante del caso de la desaladora de Escombrera, el mayor escándalo de corrupción de la Región.


El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, abraza al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en un acto del partido. EFE

MADRID 28/03/2017 22:33
JULIA PÉREZ / PAULA DÍAZ @juliaperezru @_pauladiaz_

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue alertado desde 2011 de la corrupción que se producía entre los líderes del PP de Murcia por un abogado local, y el dirigente popular no hizo nada al respecto. Ni abrió una investigación interna en su partido, ni en el Gobierno, ni en la Fiscalía, y así se desprende de las respuestas recibidas por el denunciante, el abogado murciano Diego de Ramón, a las sucesivas cartas que envió durante seis años.

Rajoy recibió estas cartas de alerta de la trama de corrupción en Murcia el 19 de noviembre de 2011, el 1 de noviembre de 2014 y el 29 de enero de 2016, según las misivas a las que ha tenido acceso Público. Las respuestas que recibió el abogado denunciante del PP y de La Moncloa, sede del Gobierno, se limitan a contestaciones genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción con la firma de Mariano Rajoy impresa.


Carta del abogado murciano Diego de Ramón Hernández al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la contestación del Palacio de la Moncloa

Las respuestas que recibió el abogado se limitan a contestaciones de Rajoy genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción

En la primera de sus misivas, de 2011, De Ramón denunció en sus cartas el fiasco de la Caja Ahorros del Mediterráneo -ya entonces en investigación judicial- y requería de Mariano Rajoy que tomara medidas sobre el entonces presidente de Murcia, Ramón Luis Valcarcel, y el PP similares a las adoptadas en Valencia, donde el presidente Francisco Camps había dimitido ese mismo año.

“Muchas gracias por su carta de fecha 19 de noviembre, cuyo contenido he leído con interés, tomando buena nota de todo lo expuesto”, responde Mariano Rajoy a Diego de Ramón a esta primera carta, al tiempo que le da las gracias por sus palabras de ánimo y se extiende en la “enorme responsabilidad” que ha recibido de millones de españoles en “circunstancias difíciles”.

Tres años después, el abogado murciano vuelve a escribir a Rajoy. Esta vez denuncia, entre otros casos, la construcción de la desaladora de Escombreras, “con unas pérdidas de un millón de euros al mes” y realizada por ACS con la misma técnica de contratación que el fiasco de la plataforma Castor, de las empresas de Florentino Pérez. Tampoco hubo respuesta respecto a la apertura de una investigación.

Más de 50 casos de corrupción en Murcia
“Muchas gracias por enviarnos su carta, cuyo contenido hemos leído con interés y tomado buena nota de todo ello”, responde la Oficina de Atención y Participación Ciudadana del PP a la última de las cartas de De Ramón, donde denuncia los más de 50 casos de corrupción en la Región y solicita del PP que demande a los corruptos que han crecido al amparo de su poder que ostenta allí desde hace 25 años.

El PP no ha aclarado a ‘Público’ qué hizo exactamente con las cartas enviadas por este abogado.

Ya en el año 2016, Diego de Ramón opta por denunciar ante la Fiscalía la contratación de la construcción de la desaladora de Escombreras, con unas pérdidas de 600 millones de euros. El ministerio público presenta una denuncia en el juzgado de instrucción número 5 de Murcia, que investiga la adjudicación a ACS bajo secreto.

El Partido Popular no ha querido responder, de momento, si abrió una investigación ante las cartas enviadas por este abogado. En la misma línea, el departamento de Comunicación con los ciudadanos del presidente del Gobierno tampoco responde si se abrió, a su vez, una investigación sobre estas denuncias.

En ninguna de las cartas de respuesta al letrado se anuncia su remisión a la Fiscalía General del Estado para investigar sus denuncias o se remite el caso al comité de garantías del PP, según estas misivas a las que también ha tenido acceso Público.

El PP ha introducido en su último congreso como medida estrella y de transparencia la “Oficina del Cargo Popular”, con el fin de luchar contra corrupción. Pero aún no se ha difundido si este tipo de denuncias sobre la gestión de sus altos cargos serán analizadas por dicha Oficina.

Diego de Ramón estima en 2.500 millones de euros el fraude detrás de la desaladora de Escombreras, construida para abastecer de agua los terrenos recalificados de Nova Carthago, que a su vez investiga el juzgado de instrucción número 9 de Murcia.

De Ramón responsabiliza a Valcárcel de una “trama piramidal” montada en torno al agua, así como al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá en el caso Nova Carthago, donde también implica a Carlos Valcárcel, hermano del expresidente murciano.

Este proyecto urbanístico pretendía la recalificación de 180 millones de metros cuadrados para la construcción de urbanizaciones destinadas a 1.500.000 personas

El abogado incluye en sus cálculos 1.000 millones de euros concedidos, en forma de créditos sindicatos por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaja y e Banco de Valencia, luego rescatados; los 800 millones que costaron los terrenos recalificados del Mar Menor destinado a estas urbanizaciones y promovidas por la empresa Hansa Urbana; los 200 millones de euros metidos en el aeropuerto y los 600 millones que ACS va a cobrar por el fiasco de la desaladora.

De Ramón sostiene que el contrato de ACS “es similar de leonino para la Administración pública que el proyecto Castor”, la planta de inyección subterránea de gas que promovió Florentino Pérez, fue cerrada al poco de empezar a operar porque creó mil terremotos frente a las costas de Vinaroz (Castellón) y que costará a los españoles 4.700 millones de euros al financiar la compensación para la empresa adjudicataria.

En este contrato de la desaladora, firmado en favor de ACS, se también prevé que en caso de rescisión el gobierno de Murcia pagará por adelantado el negocio previsto por dicha constructora por el contrato de arrendamiento de la planta con opción de compra: 600 millones de euros. El mismo método.

Observatorio de la ciudadanía Contra la Corrupción