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El Observatorio contra la Corrupción recurrirá el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria

El Observatorio contra la Corrupción recurrirá el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria
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Canarias Ahora – Las Palmas de Gran Canaria, 26/04/2017


Mariano Rajoy, Francisco González y José Manuel Soria en el mitin del Partido Popular en Mogán pagado con fondos del Grupo Europa. ARCHIVO CANARIAS AHORA

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción ha anunciado este miércoles su disposición a emplear toda la “capacidad legal” para lograr que prospere el recurso que presentará contra el auto de archivo del denominado caso grupo Europa de Mogán, una pieza separada del caso Góndola, en la que se ha investigado pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa , entre ellos, un mitin de Mariano Rajoy en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento, presidido por el PP.

Este colectivo fue expulsado como acusación popular en marzo pasado, tras haber sido admitido en mayo de 2016, pero a pesar de esa expulsión sí se le ha notificado el archivo de la causa, por lo que espera que prospere este recurso de reforma ante el mismo juzgado instructor de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.

En declaraciones a Efe, el portavoz del Observatorio, José Manuel Sánchez Fornet, ha señalado que discrepan con la decisión de la Fiscalía de no formular acusación por no observar relación entre los eventos financiados por la promotora Grupo Europa y la obtención de un concurso para construir viviendas públicas en Mogán.

Desde el Observatorio se entiende que sí se han producido delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación por los pagos presuntamente irregulares que efectuó Grupo Europa para financiar, entre otros actos, un mitin de Mariano Rajoy (PP) en la localidad moganera de Arguineguín, en diciembre de 2005. Sostiene asimismo que existen “diferencias” sustanciales sobre lo que interpreta la juez cuando ordenó hace un año la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado previo a la apertura del juicio oral y la posición de la Fiscalía, por lo que insiste en que “no es razonable” el archivo de la causa.

El portavoz ha informado que desde el Observatorio se recurrirá también la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, que les fue comunicada con anterioridad al auto de archivo, sobre su exclusión de la causa.

Así, ha subrayado que ante la “discordancia legal” que se ha producido en el procedimiento, se siguen considerando competentes para presentar el recurso, pues, a pesar de la expulsión, se les comunicó el auto como parte personada.

En el caso Grupo Europa figuraban como imputados la ahora alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el exalcalde Francisco González, y el propietario de Grupo Europa, Manuel Antón Martín, cumpliendo condena por pagos del mismo calado llevados a cabo en el municipio de Telde, entre otros.

Asimismo, el Observatorio está pendiente de una resolución de la Audiencia de Las Palmas sobre si procede su personación en el caso Góndola, que investiga otras tramas de corrupción urbanística en Mogán, tras el recurso de apelación que interpuso al no permitírsele ser parte de la causa, según ha indicado su portavoz.

La Fiscalía logra el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria tras expulsar del caso a la acusación popular

La Fiscalía logra el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria tras expulsar del caso a la acusación popular
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Alexis González – Las Palmas de Gran Canaria, 24/04/2017

La Fiscalía de Las Palmas ha logrado que otro de los casos de presunta corrupción sonados de Canarias durante la etapa triunfal de los gobiernos municipales del PP en Gran Canaria (2003-2007) se vaya quedando en algún cajón de los juzgados.


Rajoy junto al alcalde de Mogán, y al lado de éste, José Manuel Soria, en el mitin de 2005 pagado por la inmobiliaria Grupo Europa. EFE / MOGÁN

Es el denominado caso Góndola, que incluye una pieza separada en la que se investigan pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa, entre otros un mitin de Mariano Rajoy en la localidad de Arguineguín, en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento de Mogán, presidido por el PP.

En la causa figuran imputados por diversos delitos de corrupción, entre otros, la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y su antecesor, Francisco González, ambos dirigentes del Partido Popular local en el momento de los hechos, detenidos en enero de 2007 en el marco de la operación Góndola; además del propietario de la mercantil Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, actualmente cumpliendo condena de prisión por el mismo modus operandi en otro municipio de la isla, Telde, dentro del denominado caso Faycán.

Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el sobreseimiento provisional de la pieza referente a Grupo Europa en Mogán al no entender la Fiscalía que haya algún tipo de relación entre una serie de eventos financiados por la inmobiliaria y la obtención de un concurso para construir vivienda pública, como sostuvo la Policía Nacional en su momento e hizo suyo la juez en el auto de procedimiento abreviado de mayo de 2016.

La medida decretada el jueves pasado por la juez decana, Luz Calvé, a petición del fiscal Jorge Pobre, no tiene vuelta de hoja al haber sido expulsada la asociación que ejercía la acusación popular desde 2016, sin tiempo material para cumplir con los plazos de recursos de reforma o apelación al auto de archivo, de 20 de abril.

En mayo de 2016 la magistrada admitió que el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, presidido por el que fuera secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sánchez Fornet, se personara en las actuaciones ante el estancamiento de la instrucción, decisión recurrida por las defensas.

En este último año, lejos de agilizar la investigación, que ya fue objeto de una grave polémica en 2013 al achacar la Fiscalía su lentitud al baile de jueces al frente de ese juzgado, el ministerio público no solo no formuló acusación o solicitud de archivo, sino que interesó la expulsión de la acción popular, que reclamaba de la jueza la documentación del caso para ejercer su acusación.

Así, diez meses después de la personación del Observatorio, el fiscal Jorge Pobre se opuso con el argumento de que la acción popular debía haber presentado querella para ejercer sus derechos, “única forma prevista por el legislador para llevarla a cabo”, respondiendo de inmediato, dos días después, a una providencia de la juez, que termina por expulsar a la asociación el 31 de marzo pasado mediante auto.

El Observatorio no solo ha recurrido esta expulsión a la Audiencia Provincial, sino otra similar en la pieza principal del caso Góndola, así como ha elevado quejas a la Inspección Fiscal en Madrid, acciones todavía sin respuesta.

Estas medidas no han impedido que el fiscal Jorge Pobre evacuara un informe el 1 de marzo pasado por el cual solicitaba el archivo de la pieza separada al entender que no existen pruebas para acusar a la actual alcaldesa y su antecesor en el cargo, aparte de otros imputados, de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.

En ese informe, decisivo para el archivo al ser la única acusación, el fiscal sostiene, entre otros argumentos, que no puede haber tráfico de influencias porque quien pagara los eventos municipales y del partido (un mitin de Mariano Rajoy, en diciembre de 2005; un concierto de Bebe en los carnavales de marzo, y otro de Miguel Ríos en las fiestas del Carmen de ese verano) fue, tal cual admitió el empresario, la promotora Grupo Europa. Y que la mercantil no vio recompensadas sus “inversiones” al anularse el contrato de adjudicación en 2006.

En su momento, el promotor Antón Marín reconoció, en relación al mitin de Rajoy y los conciertos, que los financió “para promocionarse, tal y como hizo en otros Ayuntamientos, como muchas empresas promocionan conciertos y carnavales” (sic). Así lo recoge el fiscal, que no ve conexión alguna de esa “inversión” con “el cobro de facturas infladas” para recuperar el dinero ya adjudicado el contrato. Y todo porque esas facturas no se llegaron a pagar por parte del ayuntamiento.


Onalia Bueno, actual alcaldesa de Mogán, es abrazada por colaboradores suyos al salir del juzgado tras su detención junto al entonces alcalde en 2007

El fiscal entiende que el hecho de financiar una empresa privada “a favor de los vecinos del municipio de Mogán de dos conciertos y de un mitin del líder de un partido político” (sic) se deben considerar “actos preparatorios impunes” por no verle encaje en el delito de tráfico de influencias, “siendo así que la causalidad de los eventos celebrados por Grupo Europa” (sic) “y las resoluciones que dan lugar a la adjudicación del concurso público” carece de “soporte probatorio”.

El ministerio público también abunda en que no hubo prevaricación al adjudicar el concurso de promoción de vivienda pública a Grupo Europa, “toda vez que la tramitación quedó interrumpida declarando nulos sus trámites resolviéndose el contrato supuestamente amañado y adjudicado irregularmente antes de la incoación de las diligencias previas en el año 2006, por incumplir las condiciones favorables al Ayuntamiento, no constando la entrega de dádivas o promesas para resolver en un sentido u otro el concurso […] sin que pueda por tanto afirmarse que los pagos realizados lo fueron como contraprestación de una irregular adjudicación de un contrato público”.

2006: el año de los escándalos de corrupción del PP

Justo por aquellas fechas de la resolución del contrato en Mogán, 20 de noviembre de 2006, casos de corrupción paralelos en gobiernos municipales del PP estaban a la orden del día, como el Faycán de Telde, desatado el 1 de marzo de ese año con la detención de la concejal ya fallecida, Toñi Torres, y que en ese mes de noviembre entraba en su tercera tanda de apresamientos, con el alcalde de la localidad, Paco Valido y todo su grupo del PP, enviado a los calabozos el 7 de noviembre.

En paralelo, en Mogán la Policía Nacional y el entonces juez instructor José Alexis Reyes seguían los pasos del alcalde, Francisco González, y su mano derecha y ahora enemiga irreconciliable, Onalia Bueno, hasta el punto de captar conversaciones en las que la actual alcaldesa -que abandonó el PP y le ganó las elecciones en 2015 a González bajo las siglas locales de Ciudadanos por el Cambio- extremaba precauciones con su alcalde, en referencia a Grupo Europa.

“¿Has visto lo que pone el Top Secret de CanariasAhora sobre Grupo Europa?”, le llegó a preguntar González a Bueno en los primeros días de noviembre, cuando ya este periódico estaba sobre la pista de que algo olía a podrido en la política de promoción de viviendas sociales de varios gobiernos municipales del PP. A ellos accedía Grupo Europa a través del actual senador y entonces portavoz popular en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, como quedó acreditado en el juicio de la pieza separada relativa al municipio de Telde, sin que se condenara al entonces aforado autonómico y sí al resto de acusados.

“¡Te he dicho que de esas cosas no me hables por teléfono!”, le replicó alterada Onalia Bueno a Francisco González al ser cuestionado por Grupo Europa, mercantil con la que ya en noviembre de 2006 tenían graves diferencias y apuntaba a convertirse en un lastre por las pesquisas policiales que depararon en mayo de 2007 en la apertura de estas piezas separadas en Telde y Mogán.

En el escrito del fiscal Jorge Pobre que da carpetazo a la investigación de aquel famoso mitin de Mariano Rajoy durante el Puente de la Inmaculada Concepción de 2005, tampoco se atisba la malversación de fondos públicos porque los pagos de esos actos corrieron a cargo de Grupo Europa y el fiscal dice no tener constancia de que del ayuntamiento saliera dinero o patrimonio alguno en contraprestación. Aunque en el negocio fallido de la promoción de viviendas sociales de Telde y Mogán, el municipio aportaba suelo público de manera gratuita.

El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González

El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González
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MIGUEL ÁNGEL CAMPOS, Madrid 20/04/2017

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo


El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.

Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta “no es vinculante” y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.

Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.

En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.

El Mundo – Ciudadanos y el PSOE vetan la comparecencia en el Parlamento del funcionario que denunció corrupción

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Ciudadanos y el PSOE vetan la comparecencia en el Parlamento del funcionario que denunció corrupción

El vicepresidente Jiménez Barrios, en la comisión de Presidencia y Administración Local. PARLAMENTO ANDALUZ

– Votan en contra de que comparezca en el Parlamento Luis Escribano, el funcionario que denunció trato de favor a municipios del PSOE
– Destituido un funcionario de la Junta que denunció corrupción

Ciudadanos y el PSOE han vetado la comparecencia en el Parlamento andaluz de Luis Escribano, el funcionario de la Junta que fue destituido tras negarse a acatar las órdenes irregulares que, presuntamente, había recibido del director general Juan Manuel Fernández Ortega, quien estaría favoreciendo a municipios gobernados por el PSOE de la provincia de Granada.

Como informó EL MUNDO.es, Luis Escribano, de 53 años, fue destituido de la jefatura de servicios que ocupaba el pasado noviembre, cuando su jefe, el director general Fernández Ortega, un ex senador y ex alcalde socialista, le comunicó el cese. Escribano acumula, además, una larga trayectoria de denuncias en los tribunales y en redes sociales sobre casos de corrupción y todo tipo de arbitrariedades en la administración andaluza en la que trabaja desde hace 26 años.

Durante la Comisión de Presidencia y Administración Local del Parlamento andaluz celebrada este jueves en el Parlamento andaluz, los diputados del PSOE y Ciudadanosvotaron en contra de la solicitud de comparecencia del funcionario Luis Escribano que había planteado el PP. La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP andaluz y portavoz en esta comisión, Ana Mestre, ha aclarado que pidieron su comparecencia para que aclarase su cese tras las denuncias que hizo sobre trato de favor a ayuntamientos gobernados por el PSOE.

Mestre ha precisado que la comparecencia de un funcionario es una posibilidad que contempla el Reglamento de la Cámara andaluza en su artículo 153, por lo que consideró “incomprensible que el Gobierno andaluz se sirva de los diputados socialistas y los de su socio de Ciudadanos para impedir que el Parlamento conozca las denuncias y explicaciones de un funcionario”.
“Qué tiene que ocultar el gobierno de Susana Díaz para tenerle tanto miedo a que un funcionario hable”, se ha preguntado la diputada del PP andaluz.

Sólo consejeros
Ciudadanos, por su parte, ha señalado que en el caso de Luis Escribano sus diputados han actuado “exactamente igual” que en todas las solicitudes de comparecencia en comisiones de cualquier colectivo o particular. “Nosotros siempre pedimos explicaciones al máximo responsable político de cada área”, han puntualizado las fuentes de C’s consultadas.

Para C’s, las comisiones parlamentarias “no son el foro adecuado para que se diriman cuestiones personales, sino para fiscalizar al gobierno”. Aunque hayan votado en contra de la comparecencia de Luis Escribano, Ciudadanos afirma que “siempre estaremos encantados de escuchar y reunirnos” con este funcionario o con “cualquier otro particular o colectivo” para atender su problemática.

La Consejería de la Presidencia y Administración Local, que dirige el consejero y vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, ha negado que el cese de Escribano se deba a algún tipo de «represalia o venganza». Fuentes de esta Consejería dijeron que para nombrar o cesar a un funcionario que ocupe un puesto de libre designación, como era la jefatura de servicios de Escribano, no hace falta «motivación alguna» y, por lo tanto, su destitución tampoco obedece a una causa.

Rectificación

Desde el OBSERVATORIO DE LA CIUDADANÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN hemos realizado en los últimos meses algunas acusaciones no suficientemente contrastadas contra la FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO y sus órganos de gobierno.

Por ello nos comprometemos a eliminar de la página web del OCC cualquier referencia a esta Fundación, sin perjuicio de las actividades que nos son propias y de mantener la canalización de las denuncias e irregularidades que nos lleguen a los organismos pertinentes para su fiscalización.

Por el presente, pedimos disculpas por el daño ocasionado a la FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO mediante acusaciones sin contrastar suficientemente vertidas por el OBSERVATORIO o en nombre del OBSERVATORIO.

Entrevista Buenos Días Canarias – El OCC denuncia falta de transparencia del Gobierno

Programa de radio Buenos Días Canarias, con José Luís Díaz.

El OCC denuncia falta de transparencia del Gobierno y anuncia campaña informativa a organismos e instituciones sobre medidas para combatir la corrupción.

Enlace a la web: http://www.rtvc.es/canariasradio/multimedia/buenos-dias-canarias-7493.aspx#.WDWLcFxywmi

Corte de la entrevista al portavoz del OCC, José Manuel Sánchez Fornet:

Audio completo del programa:

DIMISIÓN DE MARÍA SEGUÍ, DIRECTORA GENERAL DE TRÁFICO. AHORA HAY QUE INVESTIGAR

DIMISIÓN DE MARÍA SEGUÍ, DIRECTORA GENERAL DE TRÁFICO. AHORA HAY QUE INVESTIGAR

Que la directora general de Tráfico haya presentado su dimisión se debe a los medios de comunicación que se han hecho eco de sus desmanes (principalmente OKdiario, Interviú y El Mundo), pero en especial al investigador Juan José Alba, que fue quien primero denunció las prácticas sospechosas de esta señora y de su marido.

Juan José Alba, investigador del Instituto Universitario de Investigación e Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, lleva mucho tiempo denunciando los hechos que se estaban produciendo en torno a la ya ex directora general de Tráfico y su marido, habiéndole costado ello su puesto de trabajo. Denunció un error de medición en el equipo de investigación de accidentes de la Guardia Civil, señalando el error en las pruebas periciales llevadas a cabo en el accidente de José Ortega Cano, al que presuntamente se imputó una mayor velocidad a su vehículo que a la que en realidad conducía. Eso significó ganarse la enemistad de la cúpula de la Guardia Civil y de la propia directora general. Después denunció el uso indebido de cadáveres en el Instituto Universitario de Investigación e Ingeniería de la Universidad de Zaragoza incluso con falsificación de firmas, motivo por el que fue apartado de algunos proyectos con perjuicio en su puesto de trabajo.

Desde el OCC hemos apoyado a Juan José Alba en sus denuncias, remitiendo escritos a diversos organismos y autoridades que no sirvieron para nada, como casi nunca que se denuncia la corrupción. Si acabamos de leer que la Guardia Civil cesa a un sargento por “el escándalo mediático” cuando hace cuatro años que acosa, viola y obligó a abortar a una guardia civil podemos hacernos una idea del país en el que estamos. Nuestros últimos escritos, a la fiscalía provincial de Sevilla y al Ministerio del Interior sobre la celebración de unas jornadas en Málaga con la participación del marido de la señora Seguí como un usuario, sin señalar su parentesco, se han saldado con escrito de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla argumentando que como no decimos quien nos dice lo que le decimos que va a ocurrir lo archivan sin más, y el del Ministerio del Interior, firmado por el subsecretario, señalando que ante la denuncia contra la directora general de Tráfico van a actuar remitiendo nuestro escrito a… la directora general de Tráfico. Es como el corrupto que avisa a su colega de que la Policía lo está investigando.

Por ello nos felicitamos por la dimisión forzada de la señora María Seguí, pedimos que se realice una investigación y auditoria de su gestión, y pedimos que el investigador Juan José Alba sea resarcido con la posibilidad de desempeñar las tareas que venía realizando porque no puede costar el trabajo, dinero y prestigio no someterse a prácticas corruptas o irregulares.

Sevilla, 22 de julio de 2016
JUNTA DIRECTIVA DEL OCC

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Jornadas de justicia para jóvenes – Educando en Justicia

Jornadas de justicia para jóvenes – Educando en Justicia (Benidorm)

El pasado día 25 de mayo se celebró en el salón de actos del ayuntamiento de Benidorm la IV edición del programa Educando en Justicia, dirigido a estudiantes de la ESO y de Bachiller, quienes pudieron participar en debates y un juicio simulado.
El evento fue organizado por el departamento de criminología del ayuntamiento, dirigido por Justo López, y contó con la participación de el juez Enrique Javier Otorla.

Miembros del OCC estuvieron presentes apoyando este proyecto, ya que nos parece esencial la educación en materia de justicia y derechos como garantes de una comunidad ciudadana consciente de las esenciales normas de convivencia y de incidencia directa en las vidas personales y laborales de todos.

Vídeo de la noticia:
https://www.youtube.com/watch?v=UEQnd1JeqXY