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Congreso sobre Buen Gobierno, Buena Administración y Lucha contra la corrupción y el fraude

Congreso sobre Buen Gobierno, Buena Administración y Lucha contra la corrupción y el fraude
Celebrado durante los días 8 y 9 de noviembre de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.

Enlace del evento: https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/cursos/congreso-sobre-buen-gobierno-buena-administracion-y-lucha-contra-la-corrupcion-y-el-fraude.html

La programación incluyó un apartado de ponencias y debate sobre la La lucha contra la corrupción desde sectores sociales, judiciales y administrativos, en la que el OCC tuvo el honor de participar con una ponencia a través de Luís Miguel Lorente Moreno, responsable de coordinación y relaciones institucionales de la Junta Nacional.

Agradecemos enormemente a los promotores del evento, a su Comité Científico y al Universidad de Alicante por acercar a la ciudadanía estas ilustes y necesarias actividades.

Diario Información: Congreso en la UA sobre lucha contra la corrupción

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Sociedad civil y actividad administrativa. Acercamiento a la Contratación Pública en el ámbito Local.

¨El Observatorio tiene el afán de aportar luz a toda la serie de irregularidades que durante años en las distintas administraciones han sido ocultadas por interés de corruptos y personas afines. Y teniendo en cuenta que la Administración Local es la más cercana al ciudadano y con la que debe tratar de manera habitual encontrándose en multitud de ocasiones con su opacidad y complejidad, es por lo que con la ayuda inestimable de una técnica experta en esta materia y socia-colaboradora del Observatorio, vamos a entre todos a conocer un poco mejor el funcionamiento de la Administración Local. Y con ello poder aclarar dudas, encontrar soluciones y potenciar la vigilancia del funcionamiento de nuestras instituciones por parte de la sociedad civil¨

SOCIEDAD CIVIL Y ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. ACERCAMIENTO A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO LOCAL.

Este artículo pretende ser el primero de una serie que entrará a desgranar cuestiones no exentas de controversia: ¿Puede y debe la sociedad civil controlar la legalidad de la gestión de las administraciones públicas? ¿En qué lugar se sitúa frente a las organizaciones políticas? ¿Cuáles son los sistemas habilitados para ello?

Las Administraciones se caracterizan por ser las grandes prestatarias de servicios a la ciudadanía, la mayor parte de los que nos encontramos diariamente son prestados por Administraciones Locales, tal y como se regula en los artículos 25 y siguientes de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local[1], en concordancia con la legislación Autonómica y Local específica, como es el caso de la normativa de las grandes ciudades.

La lista de competencias bien propias, delegadas y complementarias es muy amplia, va desde prestaciones básicas imprescindibles para posibilitar la habitabilidad de núcleos de población como abastecimiento de aguas y bienes de consumo, alumbrado, pavimentación a asistencia sanitaria, de servicios sociales, protección de patrimonio, competencias en materia educativa, medioambiental, urbanísticas, tributaria… entre otras.

Para dar cumplimiento a las mismas, entran en juego las diferentes formas de gestión y en definitiva la contratación administrativa de todos aquellos servicios, obras o suministros que no pueden ser producidos o prestados por la propia administración.

Y ¿cuál es el panorama que encuentra la ciudadanía de a pie? Por encima de todo es de COMPLEJIDAD Y DESINFORMACIÓN. Por un lado, la peculiar organización territorial de España no hace sino reforzar la confusión: La administración territorial en tres niveles que coexisten junto con multitud de organismos y entes institucionales operando en el tráfico jurídico y económico hacen difícil identificar a las Administraciones responsables de la gestión. Por otro lado la normativa de desarrollo de sistemas de información y publicitación en materia de contratación en muchos casos tiene como resultado final la publicación de fórmulas preestablecidas que hacen prácticamente imposible acceder a detalles importantes de las licitaciones, no ya solo por los ciudadanos sino por los propios participantes en el procedimiento.

Vamos a analizar un caso que podemos encontrar en nuestros medios de comunicación recientemente: Navalcarnero gastó más de 2 millones de euros en granito.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/18/madrid/1403110464_740286.html

Podría ser cualquier otro municipio, en este caso por lo que se deduce del artículo las irregularidades se centran en el fraccionamiento de contratos y la aprobación de gastos sin cumplir los límites de endeudamiento legalmente establecidos.

El artículo comienza con el siguiente párrafo: “Navalcarnero (26.000 habitantes) se encuentra inmerso en una espiral de pagos a golpe de decreto del alcalde, Baltasar Santos, del PP, a pesar de contar todos ellos con informes desfavorables de la intervención y de la tesorería. El desencadenante de la situación es el estado en el que se encuentran las arcas municipales, con un remanente negativo de tesorería que, en 2012, llegaba a los 54,8 millones. Navalcarnero, con una deuda viva de 90 millones, es el segundo municipio de España de más de 5.000 habitantes que mayor deuda per cápita acumula, tras Jaén.”

Imaginémonos particulares que leemos la noticia. Nos asalta irremediablemente la incredulidad como mínimo. Después del shock inicial, lo primero que se nos viene a la cabeza es la publicidad de los procedimientos de contratación. Nos metemos en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento y no encontramos ninguna licitación abierta ni el histórico de las licitaciones, que, si no en su totalidad, en parte debería haber. Tampoco encontramos nada en la Plataforma de Contratación del Estado, hecho que podríamos excusar porque es de reciente creación. El cumplimiento de la legislación en materia de contratos vigente, esto es TRLCSP [2] Ley de Transparencia 19/2013 y la Directiva 2004/18/CE no nos es útil en un primer acercamiento a la cuestión porque no es estrictamente aplicable para contratos de baja cuantía.

Seguimos leyendo y vemos que se han obviado los procedimientos de contratación. Si abordamos fase a fase las actuaciones de esta corporación, nos encontramos que en la fase preparatoria surgen dudas sobre los informes que acompañan a los expedientes de contratación. Veamos, los informes de Intervención son preceptivos y vinculantes y pueden contener reparos suspensivos. Los informes Jurídicos son de carácter preceptivo pero no vinculante, en este último caso es la propia ley la que deja un margen de actuación a la administración y sus responsables. Esto se traduce en que en los contratos menores la ley no exige que sean informados ampliándose la discrecionalidad de los gobiernos locales.

Tampoco en el caso de contratos menores exige la ley un procedimiento de licitación propiamente dicho, basta con adjuntar según el art. 111 del TRLCSP la aprobación del gasto y la factura junto con el presupuesto y proyecto e informe de supervisión cuando corresponda en el caso de contratos menores de obras. En el caso de los procedimientos negociados aunque los pliegos han de haber sido informados por Intervención y han de contar con Informe Jurídico, la ley prevé que puedan ser sin publicidad, tal y como se regula en los art. 169 TRLCSP y siguientes, con lo que es muy difícil detectar que se está llevando a cabo este tipo de procedimientos. Por lo tanto en todo este proceso al no existir obligación de dar publicidad, la ciudadanía está absolutamente in albis de este tipo de contrataciones.

Así llegamos a la adjudicación que en el caso de un contrato menor no supone una fase específica, sin embargo sí lo es en un procedimiento negociado sin publicidad. No obstante, esta información únicamente llega a las empresas participantes que son notificadas.

Ahora bien, ¿qué ha pasado con las comisiones informativas? ¿Con los plenos? ¿Y con la labor de control prevista en la Ley de Haciendas Locales, Ley de Bases de Régimen Local, ROF[3] y legislación de desarrollo? Pues que también parece que no ha sido efectiva y aunque en este caso concreto no han prescrito los plazos para la exigencia de responsabilidades, en muchos otros nos encontramos con hechos prescritos. Las formaciones políticas con representación en los plenos sí tienen la posibilidad y la obligación de revisar y acceder a los expedientes. Se prevén diferentes formas de control no solo en las sesiones ordinarias sino también a través de momentos cruciales como el control presupuestario, interpelaciones, comisiones informativas, comisiones específicas e incluso pueden tomar vista de los expedientes o solicitar listados donde es sencillo comprobar fraccionamientos de contratos.

Frente a hechos consumados, cuando todo lo anterior ha fallado queda un control presupuestario y político a través de los presupuestos que anualmente se deben aprobar y revisar ¿qué ha ocurrido? ¿nadie lo comprobó datos sobre partidas y gastos? ¿Y los límites de gastos y endeudamiento? ¿Tienen medios, en pequeños y medianos ayuntamientos, para estar constantemente impugnando actos administrativos? ¿Son legales y democráticas las expulsiones de vecin@s en los plenos y la negación sistemática a sus demandas y preguntas? ¿Son suficientes los sistemas actuales de transparencia? ¿Permiten a alguien ajen@ en cuestiones técnicas obtener información? Respondan ustedes mism@s.

Como ciudadana me pregunto: En todos los casos que nos asaltan cada mañana en los medios de comunicación ¿Cuántas cosas han fallado en los sistemas previstos y por qué? ¿Son suficientes?

Si te ha interesado este artículo y quieres que analicemos un caso específico escríbenos y de esta manera podemos ir viendo cómo acercarnos a la gestión local y las posibilidades de actuación ciudadana en un caso concreto.

[1] Ley 7/1984 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local

[2] Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se apruébale texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

[3] Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales