Archivo de la categoría: Medios de Comunicación

El coste de la justicia facilita la impunidad de los corruptos

Mañana 26 de julio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá como testigo en el juicio de la primera época del caso Gürtel, (entre 1999 y 2005), siendo la primera vez que lo hace un presidente del Gobierno en el ejercicio del cargo. Felipe González compareció ante el Tribunal Supremo unos años después de dejar el cargo, como testigo en el juicio del “caso Marey” en 1998.

Ser testigo significa que no se han encontrado pruebas que establezcan ninguna responsabilidad personal en el asunto que se enjuicia, pero está obligado a decir la verdad, extremo que no sería igual si fuese imputado, con derecho a no declarar contra sí mismo y por lo tanto a mentir.

Mariano Rajoy, tras una dilatada vida política, podría aprovechar para “tirar de la manta” y contar ante el tribunal todo aquello que conoce sobre la corrupción en España, que seguro que es bastante. Pero no ocurrirá. Rajoy está allí a la fuerza, por más que la hipocresía política que forma parte del código de conducta de la política y algunos medios de comunicación digan ahora, que está encantado de colaborar con la justicia. Rajoy ha sido citado por la falta de colaboración de su partido y solo por la existencia de una acusación popular que ha insistido hasta convencer al tribunal de la conveniencia de su interrogatorio como testigo.

La justicia en España funciona mal. ¿En cuántos otros casos, de no haberse solicitado fianzas a las organizaciones cívicas que se empeñan en combatir a los corruptos, se podría haber avanzado en el esclarecimiento de prácticas ilegales? Nunca se sabrá. Nosotros si hemos visto pasar indicios muy sólidos de actuaciones irregulares que no hemos podido perseguir ante los tribunales porque algunos fiscales no hacen su trabajo, a veces desbordados, y sentido que el Estado, la Justicia, protege a los corruptos y obstaculiza la tarea de quienes quieren desenmascararlos. En estos momentos se está llevando a cabo un procedimiento en Crevillent, el conocido como “caso Abornasa”, gracias a que el colectivo ACCIÓN CÍVICA prestó los 4.000 euros de fianza demandados de los que solo se han recaudado mediante crowdfunding unos 1.000 euros. Y la pretensión del Gobierno es limitar aun más el ejercicio de la acción popular, que acabaría con el sentido de la justicia impartida en nombre del pueblo.

Exigimos a Rajoy que diga la verdad y que trabaje por un país más limpio, justo y decente que este cuyo gobierno hoy preside.

Madrid, 25 de julio de 2017

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LA MENTIRA EN POLÍTICA ES CORRUPCIÓN

El director general de Tráfico debe dimitir por salud democrática

Nada ha cambiado. Todo sigue igual. No importa lo que sea evidente si no hay una prueba irrefutable; el político de turno, si es corrupto y sea del partido que sea, negará la evidencia y no pasa nada. Esto es España. En cualquier otro país democrático de nuestro entorno cualquier político que mienta o que tenga un comportamiento reprobable no ya jurídico, sino político o moral, no tienen que señalarle la puerta de salida. Hemos visto dimisiones de ministros por mentir respecto a una multa de tráfico, o por copiar en una tesis doctoral, o por cualquier otro asunto que aquí no dan lugar ni a crítica política. España es el reino de los políticos corruptos y de unas reglas ajenas a la más elemental moral política que les permite mentir impunemente sin ninguna consecuencia.

Todos los procesos judiciales en marcha no han servido para nada. Porque esta enfermedad, la corrupción, corrompe las instituciones y la democracia del país y sigue instalada en los comportamientos políticos, siendo alimentada a diario con hechos como los que estamos presenciando en el Ministerio del Interior, donde un ministro miente, manipula, insulta la inteligencia de la ciudadanía y mantiene en su cargo al director general de Tráfico, que miente también.

No hay ningún ciudadano que crea hoy que Gregorio Serrano no sabía nada de la ilegalidad que se pretendía, ni que los 50.000 € de gasto es un asunto ordinario para cualquier vivienda de cualquier cuartel de la Guardia Civil; se trata simplemente de un trato privilegiado, propio de una Casta corrupta que arranca desde la dictadura y se ha mantenido sin solución de continuidad durante todos los años de democracia. Privilegios ilegales que abarcan desde la Jefatura del Estado hasta el último funcionario municipal que se presta a ello, que surcan todos los estamentos institucionales y pasan por el director general de Tráfico, que según el ministro de Interior tiene derecho, porque así ha sido históricamete, a disponer de una vivienda con todos los gastos pagados por nuestro dinero para residir en Madrid, percibiendo como percibe un salario cinco veces superior al de cualquier funcionario público de esa dirección general de Tráfico, de la Policía o de la Guardia Civil. La justificación de que el director general de Tráfico tiene derecho a percibir dietas con las que abonar la estancia en el hotel cuando no está desplazado sino residiendo en la ciudad donde tiene su puesto de trabajo de destino es, visto desde policías y guardias civiles, una burla a los miembros de ambos colectivos y la confirmación de que hay políticos que viven en un mundo donde la regla principal es su particular interés.

Consideramos desde el OCC que si queremos una sociedad limpia y decente corresponde a los políticos predicar con el ejemplo, y que si el director general de Tráfico sigue en su cargo tras mentir, la responsabilidad por esa conducta política inmoral afecta y ensucia al ministro de Interior.

Madrid, 1 de abril de 2017
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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El diario – El director de la DGT no sabía nada del piso pero había ido a verlo

El director de la DGT sí conocía la existencia del piso de la Guardia Civil. El Ministerio del Interior ha confirmado a El Objetivo de Ana Pastor de laSexta que Gregorio Serrano fue a visitarlo el 3 de febrero porque el piso era para él. A pesar de esta visita, Serrano lleva toda la semana negándolo:

Esta visita se produjo 12 días antes de que Gregorio Serrano solicitara formalmente a la Guardia Civil la permuta que supuestamente fue denegada. Además, el Ministerio del Interior también confirma que cuando se produjo la visita las obras de reforma aún no habían comenzado.

También el Ministro Zoido en sede parlamentaria dijo que que el piso no era para el Director de la DGT:

Ahora sabemos oficialmente por el propio Ministerio del Interior que el piso sí era para Serrano.

¡Ay, la Maldita Hemeroteca!

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http://www.eldiario.es/malditahemeroteca/Director-DGT-sabia-piso-verlo_6_628247198.html

Público – Altos cargos de Hacienda enseñan a asesores fiscales y abogados cómo eludir impuestos

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DENUNCIA DE GESTHA
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncian que existen centenares de cursos organizados por entidades privadas en los que los responsables de la Agencia Tributaria ejercen de profesores, actividad que abre la duda sobre su compatibilidad con el cargo.
MADRID 30/03/2017 12:28


Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributara (AEAT) de Madrid. E.P.

EUROPA PRESS
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncia que existen centenares de cursos en los que “altos responsables de Hacienda” instruyen a los asesores internacionales y grandes despachos tributarios en técnicas para “eludir impuestos y evitar las medidas antielusión, rayando el límite del decoro y de la ley de incompatibilidades”, según pusieron hoy de manifiesto en el marco de la XV edición de su Congreso Nacional en Alicante.

En un comunicado, Gestha considera que el correcto desempeño de las funciones públicas de determinados responsables de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda “choca con su actividad más que frecuente” en multitud de actos docentes, lo que abre la duda sobre su compatibilidad con el cargo, dado que podría “menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes, cuando no comprometer su independencia o imparcialidad”.

En este sentido, los técnicos señalan que a pesar de recibir “altas retribuciones con ingentes incentivos”, es frecuente encontrar en los claustros de profesores a subdirectores generales y altos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o de la Dirección General de Tributos, por citar algunos ejemplos.

Estos “docentes”, según Gestha, cuentan ya con elevados salarios por sus cargos desempeñados en Hacienda, que se mueven entre los casi 70.000 euros de un subdirector adjunto de la Dirección General de Tributos, hasta los más de 100.000 euros anuales que percibe un jefe de equipo nacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o el jefe de la ONFI.

En todo caso, los técnicos de Hacienda consideran que no debería aprovecharse el nombre oficial del cargo ocupado como “gancho” para atraer alumnos a los cursos, ya que las actividades privadas lucrativas no deberían promocionarse con la utilización del cargo.

Ejemplos
Para Gestha, el ejemplo más paradigmático es el de un Máster en Dirección de Fiscalidad Internacional, cuyo claustro de profesores está formado por 27 personas, de las cuales 16 son inspectores de Hacienda en activo y 4 en excedencia. Y entre los 16 en activo, añade, se encuentran los dos máximos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC) y de la Dirección General de Tributos —hasta el pasado diciembre— y cinco subdirectores generales.

“Curiosamente, este Máster dedica una parte de su temario, sin ser exhaustivos, a las principales características de los paraísos fiscales más notables y regímenes fiscales privilegiados de mayor interés, planificación corporativa-sociedades holding, planificación financiera internacional o planificación de operaciones internacionales sobre bienes intangibles”, denuncia Gestha.

Además, los técnicos afirman que la asiduidad con la que muchos de estos funcionarios participan en este tipo de cursos, a veces en horario matinal, podría ser constitutiva, en su caso, de “infracción” de la Ley de Incompatibilidades, que exceptúa del régimen de incompatibilidades a la docencia sólo cuando sea “ocasional”.

Por todo ello, los técnicos de Gestha exigen a la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda que investigue el centenar de cursos organizados por entidades privadas, entre los que figuran las grandes consultoras tributarias, en los que altos responsables de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio han podido informar de los criterios, prácticas tributarias y proyectos normativos.

Igualmente, exigen que se averigüe el número e identidad de los alumnos que han asistido y si se han formulado preguntas o consultas relacionadas con la problemática fiscal de sus clientes. Además, para el colectivo, esta elevada actividad docente de los altos cargos sirve para “engrasar las puertas giratorias”, al coincidir en la mayoría de cursos con los socios de consultoras y grandes empresas, “en las que posteriormente acaban prestando sus servicios muchos de estos funcionarios”.

Público – Rajoy ignoró alertas sobre corrupción en Murcia desde 2011

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Un abogado cercano al PP envió cartas al presidente del Gobierno, al PP y a La Moncloa, durante seis años al menos, pero el jefe del Ejecutivo se limitó a contestarle con respuestas genéricas. Diego de Ramón fue el denunciante del caso de la desaladora de Escombrera, el mayor escándalo de corrupción de la Región.


El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, abraza al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en un acto del partido. EFE

MADRID 28/03/2017 22:33
JULIA PÉREZ / PAULA DÍAZ @juliaperezru @_pauladiaz_

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue alertado desde 2011 de la corrupción que se producía entre los líderes del PP de Murcia por un abogado local, y el dirigente popular no hizo nada al respecto. Ni abrió una investigación interna en su partido, ni en el Gobierno, ni en la Fiscalía, y así se desprende de las respuestas recibidas por el denunciante, el abogado murciano Diego de Ramón, a las sucesivas cartas que envió durante seis años.

Rajoy recibió estas cartas de alerta de la trama de corrupción en Murcia el 19 de noviembre de 2011, el 1 de noviembre de 2014 y el 29 de enero de 2016, según las misivas a las que ha tenido acceso Público. Las respuestas que recibió el abogado denunciante del PP y de La Moncloa, sede del Gobierno, se limitan a contestaciones genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción con la firma de Mariano Rajoy impresa.


Carta del abogado murciano Diego de Ramón Hernández al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la contestación del Palacio de la Moncloa

Las respuestas que recibió el abogado se limitan a contestaciones de Rajoy genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción

En la primera de sus misivas, de 2011, De Ramón denunció en sus cartas el fiasco de la Caja Ahorros del Mediterráneo -ya entonces en investigación judicial- y requería de Mariano Rajoy que tomara medidas sobre el entonces presidente de Murcia, Ramón Luis Valcarcel, y el PP similares a las adoptadas en Valencia, donde el presidente Francisco Camps había dimitido ese mismo año.

“Muchas gracias por su carta de fecha 19 de noviembre, cuyo contenido he leído con interés, tomando buena nota de todo lo expuesto”, responde Mariano Rajoy a Diego de Ramón a esta primera carta, al tiempo que le da las gracias por sus palabras de ánimo y se extiende en la “enorme responsabilidad” que ha recibido de millones de españoles en “circunstancias difíciles”.

Tres años después, el abogado murciano vuelve a escribir a Rajoy. Esta vez denuncia, entre otros casos, la construcción de la desaladora de Escombreras, “con unas pérdidas de un millón de euros al mes” y realizada por ACS con la misma técnica de contratación que el fiasco de la plataforma Castor, de las empresas de Florentino Pérez. Tampoco hubo respuesta respecto a la apertura de una investigación.

Más de 50 casos de corrupción en Murcia
“Muchas gracias por enviarnos su carta, cuyo contenido hemos leído con interés y tomado buena nota de todo ello”, responde la Oficina de Atención y Participación Ciudadana del PP a la última de las cartas de De Ramón, donde denuncia los más de 50 casos de corrupción en la Región y solicita del PP que demande a los corruptos que han crecido al amparo de su poder que ostenta allí desde hace 25 años.

El PP no ha aclarado a ‘Público’ qué hizo exactamente con las cartas enviadas por este abogado.

Ya en el año 2016, Diego de Ramón opta por denunciar ante la Fiscalía la contratación de la construcción de la desaladora de Escombreras, con unas pérdidas de 600 millones de euros. El ministerio público presenta una denuncia en el juzgado de instrucción número 5 de Murcia, que investiga la adjudicación a ACS bajo secreto.

El Partido Popular no ha querido responder, de momento, si abrió una investigación ante las cartas enviadas por este abogado. En la misma línea, el departamento de Comunicación con los ciudadanos del presidente del Gobierno tampoco responde si se abrió, a su vez, una investigación sobre estas denuncias.

En ninguna de las cartas de respuesta al letrado se anuncia su remisión a la Fiscalía General del Estado para investigar sus denuncias o se remite el caso al comité de garantías del PP, según estas misivas a las que también ha tenido acceso Público.

El PP ha introducido en su último congreso como medida estrella y de transparencia la “Oficina del Cargo Popular”, con el fin de luchar contra corrupción. Pero aún no se ha difundido si este tipo de denuncias sobre la gestión de sus altos cargos serán analizadas por dicha Oficina.

Diego de Ramón estima en 2.500 millones de euros el fraude detrás de la desaladora de Escombreras, construida para abastecer de agua los terrenos recalificados de Nova Carthago, que a su vez investiga el juzgado de instrucción número 9 de Murcia.

De Ramón responsabiliza a Valcárcel de una “trama piramidal” montada en torno al agua, así como al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá en el caso Nova Carthago, donde también implica a Carlos Valcárcel, hermano del expresidente murciano.

Este proyecto urbanístico pretendía la recalificación de 180 millones de metros cuadrados para la construcción de urbanizaciones destinadas a 1.500.000 personas

El abogado incluye en sus cálculos 1.000 millones de euros concedidos, en forma de créditos sindicatos por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaja y e Banco de Valencia, luego rescatados; los 800 millones que costaron los terrenos recalificados del Mar Menor destinado a estas urbanizaciones y promovidas por la empresa Hansa Urbana; los 200 millones de euros metidos en el aeropuerto y los 600 millones que ACS va a cobrar por el fiasco de la desaladora.

De Ramón sostiene que el contrato de ACS “es similar de leonino para la Administración pública que el proyecto Castor”, la planta de inyección subterránea de gas que promovió Florentino Pérez, fue cerrada al poco de empezar a operar porque creó mil terremotos frente a las costas de Vinaroz (Castellón) y que costará a los españoles 4.700 millones de euros al financiar la compensación para la empresa adjudicataria.

En este contrato de la desaladora, firmado en favor de ACS, se también prevé que en caso de rescisión el gobierno de Murcia pagará por adelantado el negocio previsto por dicha constructora por el contrato de arrendamiento de la planta con opción de compra: 600 millones de euros. El mismo método.

MÁS ATAQUES A URRUTICOECHEA, UN INTERVENTOR DECENTE

MÁS ATAQUES A URRUTICOECHEA, UN INTERVENTOR DECENTE

El próximo martes, en el juzgado de primera instancia nº 12 de Murcia, a las 13,30 horas, se celebra acto de conciliación por demanda del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana Galiano, y del concejal de Hacienda y Recursos Humanos del mismo ayuntamiento, Rafael Almagro Palacios, contra el todavía interventor de la localidad, Fernando Urruticoechea Basozabal, quien dada la presión a la que estaba sometido por los responsables políticos municipales ha solicitado nuevo destino obteniendo su traslado a Torre-Pacheco, en la provincia de Murcia y espera el nuevo nombramiento en los próximos días en el BOE.

Esta denuncia contra el interventor fue planteada el 12 de julio, después de que un artículo de prensa (6-7-2016) y un comunicado de esta organización (24-6-2016) dejaran en evidencia las mentiras que con anterioridad habían sido vertidas en medios de comunicación por el alcalde de Orihuela del Partido Popular, Emilio Bascuñana.

Además de mentir respecto al informe de liquidación del interventor Urruticoechea sobre la situación económica del ayuntamiento, que según el alcalde no había sido presentado, al interventor le fueron denegados permisos en navidad del año 2015 y en mayo de 2016, cuando tenía billetes adquiridos para desplazarse con su pareja y su hijo a Budapest donde ella iba a un acto profesional. Este último permiso fue denegado dos días antes señalando un botón rojo en la intranet interna municipal.

Lo cierto es que el informe de liquidación de 2015 que el alcalde negó que existiera fue elaborado por el interventor y remitido al Ministerio de Hacienda el 31 de mayo de 2016, dejando constancia fehaciente de la situación económica municipal, que aconsejaría intervenir el ayuntamiento, situación coherente con las prácticas desarrolladas en el mismo y que habían provocado 77 informes de reparo del interventor durante el pasado año 2016.

Esta dinámica de atacar al que resulta molesto en la gestión de lo público, en este caso un funcionario interventor en el ayuntamiento, evidencia que el discurso del PP y de sus máximos responsables respecto a propiciar un clima de transparencia, de respeto a quienes plantean en el uso de sus competencias reparos a decisiones políticas que afectan al dinero público es falso, impostura, hipocresía política, porque cuando se trata de pasar de los discursos grandilocuentes a los hechos, estos muestran la verdadera cara de quienes quieren gestionar lo público sin controles molestos que puedan suponer obstáculos legales a sus decisiones políticas. Ese es el caldo de cultivo en el que nacen las prácticas corruptas que asolan nuestra sociedad.

Alicante, 4 de marzo de 2017
La Junta Directiva

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El Plural – El acoso del PP fuerza a un interventor a pedir el traslado

Enlace a la noticia en El Plural


Fernando Urruticoechea denuncia las presiones que sufren cientos de funcionarios públicos por parte de auténticas “organizaciones mafiosas”

Ya antes de reincorporarse a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento Orihuela, después de hacer frente a un cáncer, le advirtieron de que se oían voces de que le iban  a hacer la vida imposible. Y así fue.

Fernando Urruticoechea llegó en 2014 a esta localidad alicantina, entonces gobernada por Los Verdes y el PSOE, y ejerció su trabajo de interventor con normalidad durante algo más de un año. Sin embargo, con el regreso al poder del Partido Popular, las tornas cambiaron. A partir de ese momento comenzó el acoso y derribo, hasta que este funcionario natural de Bilbao no ha podido más.

Injurias, calumnias y castigos

Está de baja desde junio del pasado año. Su pecado, “cumplir con mi trabajo” y enfrentarse a la corrupción.

El proceso para acabar con él comprende “injurias, calumnias, sobrecarga de trabajo, ha llegado a hacer jornadas de diez y doce horas, y castigos internos”. Trataron de dejarle sin vacaciones, aunque “recurrió y ganó”, desmantelaron el área de intervención “para dejarme solo”, evitando cubrir vacantes, le impidieron dar conferencias y hacer viajes familiares y llegaron a enviarle a diario “notificaciones con peticiones absurdas”.

La puntilla era el expediente disciplinario. En dos ocasiones a lo largo de 2016 lo solicitó al Ministerio el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, pero eso “no lo consiguió”.

Víctimas de la corrupción

Urruticoechea asegura a ELPLURAL.COM que él es sólo un exponente de lo que ocurre. “Hay cientos de funcionarios enfermos, de baja o en tratamiento psiquiátrico”, revela a este medio. “Cientos de divorcios y familias rotas” por alzar la voz.

Ésta es la otra cara de la corrupción, la de “los funcionarios víctimas, que no somos  apreciados por la sociedad”. La que se ignora mientras se centra el foco en la cara de los políticos y los agujeros millonarios que han dejado en las cuentas públicas.

Ignorar los informes de interventores como él es bien sencillo. En su anterior destino, Crevillent “los tiraban a la basura, en Orihuela iban a la estantería”.  Tienen una clara  función fiscalizadora, pero en muchas ocasiones se convierten en hombre de paja porque “el control es inexistente y las medidas ineficaces. Hay normas que supuestamente protegen a los empleados públicos, pero no se cumplen”.

Solos ante el peligro

De este modo se les pone a los pies de los caballos, frente a auténticos entramados mafiosos. Sumar apoyos, además, “cuando te declaran apestado”, es muy difícil porque “la gente tiene miedo”. Públicamente, ninguno de los compañeros del Ayuntamiento ha salido en defensa de Fernando “aunque sí lo han hecho algunos en privado”.

Ha buscado amparo en la Fiscalía, pero de nada le ha servido. A veces ha recibido incluso “respuestas humillantes”. “Hay una insensibilidad total hacia los funcionarios que vivimos este tipo de situaciones y somos muchos”, recalca.

Miles de informes de ilegalidad

A lo largo de sus 30 años de carrera profesional Urruticoechea ha redactado miles de informes de ilegalidad. Es uno de los funcionarios que más corrupciones ha destapado.

Los grandes contratos son los que le han generado mayores problemas: agua, alcantarillado y basuras. Sus primeras denuncias las hizo en Galdakao, cuando era economista laboral. Entonces se vio obligado a presentar una querella criminal, “que gané” y “el alcalde acabó inhabilitado”. Después vinieron muchos otros destinos, entre ellos, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent, municipio en el que en tres años legalizó la gestión del agua, algo que “no interesaba”. En Orihuela la historia se ha repetido. No hay que olvidar que el actual teniente de alcalde, Francisco Manuel Sáez, fue director de zona de Acuagest, hoy Hidraqua.

Los políticos, origen y causa

Para este funcionario al que  han llegado a llamar “desequilibrado”, “el origen y la causa de la corrupción son los políticos y la voracidad insaciable de financiación de los partidos”. Sin embargo, deja claro que el robo no se hace de forma individual. “Son tramas perfectamente organizadas. La función pública está politizada y subordinada al poder. Los funcionarios forman parte también de la trama de corrupción”.

Por ello, la solución, a jucio de  Urruticoechea quien, a día de hoy colabora con el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, “pasa por la decencia política y ciudadana”. “Eso deberíamos clamar en las manifestaciones”, insiste, pues “la cultura democrática es inexistente”.

Nuevo destino

Fernando ha concursado para cambiar de destino. Después de estudiar “con mi mujer y mi psicólogo”, todas las posibilidades porque “bueno, bueno, no había ninguno” ha decidido trasladarse a Torrepacheco. “Me hubiera gustado seguir en Orihuela  con un gobierno democrático, no despótico”. Se va esperando que el PP no logre allí volver al poder y con el firme propósito de “seguir haciendo mi trabajo”.

CONCLUIDA LA BÚSQUEDA DE MARTA DEL CASTILLO, HAY QUE AMPLIAR EL RASTREO EN LA DÁRSENA DEL GUADALQUIVIR

CONCLUIDA LA BÚSQUEDA DE MARTA DEL CASTILLO, HAY QUE AMPLIAR EL RASTREO EN LA DÁRSENA DEL GUADALQUIVIR

A mediodía de hoy ha concluido la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la dársena del rio Guadalquivir, en la zona comprendida entre los puentes del Alamilllo y la Barqueta.

Se ha centrado la búsqueda en esa zona en virtud de un informe hecho llegar al juez por el padre de la menor, tras unas pruebas de sondeo realizadas en la misma por personas ajenas a la investigación por tratarse de la zona más cercana a la vivienda donde se produjo el crimen de Marta.

Existen tres testimonios de personas de Sevilla que vieron en la zona cercana a la dársena y al puente de la Barqueta a dos personas empujando una silla de ruedas con un bulto la madrugada del asesinato de Marta, y uno de ellos reconoce también a un tercer implicado en el crimen que se acercó a los dos que empujaban la silla en una motocicleta.

Estas tres declaraciones son el único indicio sólido respecto al lugar donde pudieron ocultar el cuerpo de la menor, señalan la zona referida (cercanías de la dársena del Guadalquivir por el puente de la Barqueta), pero es imposible conocer el lugar concreto donde pudieron hacer desaparecer el cuerpo arrojándolo a la dársena, y las posibilidades de que fuera en la zona rastreada o en otra distinta es exactamente la misma, pudiendo haberse desplazado los autores del hecho en una u otra dirección, hacia el sur donde se encuentra el puerto de Sevilla, o hacia el norte del puente del Alamillo, desbordando el límite de los puentes referidos con lo que el cuerpo pudiera encontrarse fuera de la zona rastreada. Restringir la búsqueda del cuerpo o efectos de Marta exclusivamente a la zona comprendida entre los puentes del Alamillo y la Barqueta por el simple hecho de que es la zona más cercana a la vivienda donde la asesinaron no soporta el menor análisis riguroso en una investigación de un hecho tan grave como el que nos ocupa.

El Estado, a través de la justicia y las fuerzas de seguridad, tiene la obligación de hacer todo lo posible para localizar el cuerpo de Marta. No existen más declaraciones testificales que sitúen la posibilidad de haber ocultado el cuerpo en lugar distinto a la dársena, por lo que la única actuación coherente debería llevar a ampliar la búsqueda del cuerpo de Marta a partir del puente del Alamillo hacia el norte, y del puente de la Barqueta hacia el sur.

Bien con los radares del servicio de la Armada, bien con los del equipo GEAS de la Guardia Civil, podría realizarse esta ampliación de búsqueda en la dársena del Guadalquivir más allá de la zona que se ha rastreado, elaborándose el mapa correspondiente de objetos extraños en el lecho del rio para que los GEOs continúen su búsqueda, si es preciso con apoyo de los bomberos de la localidad o de submarinistas del GEAS, porque la única hipótesis fiable basada en un indicio sólido como son las tres declaraciones de referencia es que el cuerpo de Marta del Castillo puede estar en la dársena del Guadalquivir, y no necesariamente en la zona acotada que ha sido rastreada.

Madrid, 24 de febrero de 2017

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