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EL COMISARIO DE POLICÍA (UCOP DE ALICANTE) Y EL ACCIDENTE CON EL VOLVO S80 OFICIAL

¿Quién ha tenido un accidente con el Volvo S80 que suele usar el comisario?”

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior / EP
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior / EP

 

Es la pregunta que se hacen los policías destinados en Alicante, que vieron con sorpresa cómo este vehículo oficial llegó hace unos días a sus dependencias con un importante golpe en la carrocería.

El Volvo apareció con una abolladura en la chapa de un metro de longitud en la puerta trasera derecha y fue entregado, por orden del comisario Alberto Rubio, jefe de la UCOP (Unidad de Coordinación Operativa), al servicio de automoción de la Policía para que lo reparasen.

Según le cuentan a El Chivato, los policías han descubierto que dicha abolladura se produjo como consecuencia de una maniobra realizada por un conductor que impactó contra un bolardo de la ciudad levantina.

Ahora, estos mismos agentes están intentando demostrar que el comisario Alberto Rubio era quien conducía este vehículo y que, supuestamente, ha querido eludir su responsabilidad entregando el Volvo S80 a los policías de automoción sin admitir ser el autor de los hechos.

Para ello, Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha enviado un escrito al jefe de la Comisaría Provincial preguntando si, efectivamente, el citado comisario fue quien dañó el vehículo y si se va a abrir un procedimiento sancionador contra él.

Los agentes recuerdan que cada vez que un funcionario del cuerpo sufre un accidente o una incidencia que provoca daños en un vehículo, el comisario principal abre un procedimiento sancionador de oficio contra ellos. Y deben asumir su culpa.

Esperan, por tanto, que si se comprueba que el comisario Rubio conducía el Volvo S80 sea sancionado como corresponde.

http://www.elconfidencialdigital.com/muy_confidencial/el_chivato/comisario-Policia-accidente-Volvo-S80_0_2547945201.html

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PROPUESTAS DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

  • Creación de un Ministerio contra la Corrupción en el cual funcionarios expertos del resto de ministerios y adscritos al de nueva creación, y con un estatuto que les proteja de injerencias externas, investiguen, analicen, evalúen, propongan soluciones respecto al funcionamiento de sus propios ministerios y respecto a las conductas corruptas para prevenirlas o erradicarlas;
  • Educación integral sobre corrupción. Una asignatura en el plan de estudios desde primaria hasta el periodo universitario (adaptada a cada nivel) que identifique conductas corruptas y su negatividad en el bienestar social de todos. La corrupción debe tener un tratamiento integral que empiece por la educación desde la más temprana edad y  que propicie que se instale en el pensamiento social que defraudar al Estado es robar las carreteras, colegios, hospitales de tus hijos, vecinos y demás ciudadanos, merece un reproche social como el que se produce contra el terrorismo, la pederastia, etc;
  • Incentivar la denuncia. Hay que garantizar la seguridad de quien quiera denunciar, aunque sea con contrato del Estado, manteniendo las condiciones de que disfrutaba en su puesto de trabajo. Actualmente quienes denuncian prácticas corruptas que nos cuestan cientos de millones de euros a la ciudadanía en vez de ser promovidos a cargos de más responsabilidad son sancionados, privados de libertad, aislados  o expulsados;
  • Cambiar el sistema de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y de nombramientos de todos los jueces, evidentemente politizado y que coarta la actividad de algunos en determinados cargos relevantes.
  • Crear un Cuerpo de Policía Judicial nutrido principalmente por parte de miembros de las FFCCSS del Estado  o regular el funcionamiento de la Policía Judicial con prohibición expresa por parte de sus miembros de dar cuenta de sus investigaciones a nadie por encima del mando responsable de la investigación, dándose cuenta exclusivamente al juez que dirige la investigación;
  • Dotar de jueces y medios precisos a todos los juzgados y tribunales, centralizando la gestión logística-administrativa en una agencia central para todo el territorio nacional;
  • Crear la figura del “testigo blindado” antes referida,  para quien denuncie casos de corrupción, pero no como el actual testigo protegido, al que se cambia la identidad y se da cobertura con una salario ínfimo durante unos meses o años, sino garantizando una protección y salario hasta la jubilación, pudiendo ser empleado a cambio en organismos de la justicia o la administración del Estado en tareas de su conocimiento y competencia, de tal forma que se le garantice la estabilidad laboral o, en su caso, se proceda a su jubilación con la compensación económica que corresponda si como consecuencia de su colaboración con la justicia se ve obligado a abandonar su puesto de trabajo;
  • Invertir la carga de la prueba en determinados delitos de corrupción, cohecho o de narcotráfico. Todo el mundo apela a la Constitución contra la que dicen iría esta norma, pero se puede conseguir lo mismo creando en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito. Invertir la carga de la prueba es ni más ni menos que quien no pueda acreditar ingresos lícitos por determinada cantidad de dinero durante determinados años y la suma de su patrimonio o inversiones en ese periodo es muy superior y no puede acreditar cómo lo ha ingresado, ese excedente deberá ser incautado. El enriquecimiento ilícito es lo mismo y posiblemente plantee menos problemas de aceptación por los juristas más puristas;
  • Crear o reformar la actual Secretaría de Estado de Seguridad y convertirla en una herramienta policial para combatir la corrupción; en la misma habría jueces, policías, fiscales, inspectores de Hacienda… con dedicación exclusiva para combatir la corrupción. Sus máximos responsables serían elegidos por periodos de 6 o más años y se irían renovando periódicamente, siendo inamovibles durante su mandato. En el caso de crearse la Policía Judicial propia dependiente de jueces y fiscales, o la dependencia funcional antes señalada, con prohibición de informar a los mandos jerárquicos, esta Secretaría de Estado tendría más labor de apoyo logístico que investigativo, pudiendo mantenerse como un centro de peritaje de Policía Científica con expertos en todas las materias para contribuir al desarrollo de las investigaciones;
  • Cambiar el mismo sistema de cumplimiento de condenas transformando algunas de ellas (las relativas a delitos de poca alarma social y tráfico de drogas a pequeña escala) por prestación de servicios a la comunidad;
  • En aquellos casos en que se precisen comisiones rogatorias o auxilio de la justicia de otros países establecer la no prescripción de los delitos cometidos hasta la recepción y análisis de los datos obtenidos;
  • Que los miembros del Parlamento español fueran elegidos en listas abiertas y los diputados respondieran ante sus electores y no ante las cúpulas de sus partidos;
  • Cumplimiento íntegro de las penas hasta que se hayan devuelto las cantidades monetarias detraídas y denunciadas. No existe reinserción si no se devuelve lo robado. Firma de un contrato o protocolo de seguimiento por parte de los condenados y puestos en libertad para permitir por parte de funcionarios del Estado especializados al efecto el controlar y seguir todos los negocios, inversiones y gastos que hagan los defraudadores después de salir de prisión;
  • Elaborar una Ley de Segunda Oportunidad, como demandan además de otros colectivos los jueces decanos, porque su no existencia y las decenas de miles de familias pobres desahuciadas cada año son para nosotros un ejemplo de corrupción, siendo España junto con Grecia y Bulgaria los únicos países de nuestro entorno que no disponen de la misma. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado respecto a nuestras leyes hipotecarias y la injusticia de las mismas, por permitir el desahucio sin garantizar la defensa de las familias;
  • Mecanismos de control que impidan lo que ha pasado las últimas décadas. Establecer un sistema de controles en todas las instituciones que garanticen el uso de los recursos públicos al fin al que se destinan. Acabar con el nepotismo y clientelismo (control efectivo  del modo de provisión o promoción a la función pública evitando la proliferación de asesores y cargos de confianza que sobredimensionan la Administración y suponen un gran gasto a las arcas públicas);
  • Legislar para acabar con los paraísos fiscales;
  • Establecer una cooperación internacional ágil y eficaz que permita tramitar las comisiones rogatorias con la diligencia necesaria;
  • Una eficaz coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en especial, de Policía y Guardia Civil;
  • Fin de las puertas giratorias en política (Regulación y control posterior);
  • Promesa de cumplimiento ante notario de los programas electorales;
  • Responder con el patrimonio propio los dirigentes o funcionarios acusados y condenados por conductas corruptas o de negligencia en la Administración de los bienes públicos.

medidas contra la corrupcion

 

 

Escrito denuncia a la Fiscalía Provincial de Sevilla sobre función de GEPOL (Grupo Especial Policía Local)

Desde el observatorio no cejamos ni un instante en denunciar todas aquellas actividades que entendemos que pueden perjudicar el buen discurrir de la Justicia. En dicho sentido el escrito registrado en el día de hoy, que a continuación se puede leer íntegro, incide en la posibilidad de que determinadas investigaciones efectuadas por GEPOL (Grupo Especial de Policía Local) de Sevilla pudieran no tener el resultado deseable, precisamente por no estar legalmente reconocido. Teniendo en cuenta la existencia de la teoría del árbol envenenado, podría frustrarse el resultado final de cualquier investigación efectuada por dicho grupo, con el evidente perjuicio al interés general

Escrito Fiscalía GESPOL 1

 

 

Escrito Fiscalia GEPOL 2

 

Escrito Fiscalía 3

PREGUNTA AL CONSEJO DE POLICÍA ANTE ALARMA DEL ÉBOLA Y SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS

Al Presidente del Consejo de Policía (Ministro del Interior)

José Manuel Sánchez Fornet, vocal del Consejo de Policía en la escala básica por la coalición electoral SUP-UFP, por la presente, E X P O N E:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como emergencia sanitaria internacional el brote de ébola en África. Dos religiosos españoles que estaban en África ayudando a la gente más pobre del planeta resultaron infectados. El Gobierno decidió traerlos a España y tratarlos en hospitales de seguridad nivel P3 (el mismo que se podía haber organizado en los países donde los contrajeron en hospitales de campaña) al no existir en España hospital con nivel de seguridad P4 (desarbolados por los recortes para abonar las deudas de los banqueros y las tarjetas Black de Caja Madrid-Bankia y otras entidades).

Los virus del nivel de seguridad P4 son los del GR4, que lo forman agentes (en este caso el virus ébola) que, probablemente, causan una enfermedad grave o letal en el humano, para las cuales las intervenciones preventivas o terapéuticas no son eficaces (alto riesgo individual y para la colectividad), y cuya tasa de mortalidad está alcanzando entre el 50 y el 80% de infectados dependiendo de la procedencia de la cepa infectante.

“d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.”

El Gobierno actuó con diligencia en el traslado de los dos misioneros que resultaron infectados ayudando a enfermos, sin considerar otras alternativas como la atención sobre el terreno, y en cambio cuando una enfermera voluntaria resulta infectada tras cuidar a uno de los misioneros no recibe el mismo trato, siendo acusada de negligente y de haberse provocado la infección por un error, en un miserable comportamiento, indigno y amoral, tratando de derivar la responsabilidad que incumbe al Gobierno por acción y por omisión; por acción, al tomar la decisión de trasladar a los sacerdotes cuando no disponemos de las máximas medidas de seguridad precisas (unidades hospitalarias con nivel de seguridad P4), y omisión, por no haber establecido las medidas, controles y protocolos rigurosos que exige la situación de alerta sanitaria decretada por la OMS.

En vista de lo anterior, y para que ningún ciudadano en general y policía en particular que resulte infectado pueda ser acusado de negligente, por la presente comunico al Consejo de Policía que existen leyes en vigor que debe cumplir para que cualquier afectación de la enfermedad a un policía no lo sea por negligencia del Ministerio del Interior.

Hay determinadas unidades y servicios que prestan miembros del Cuerpo Nacional de Policía que tienen un riesgo potencial de contagio, ya sea por su atención diaria con personas inmigrantes procedentes del continente africano, por el traslado de los mismos con órdenes de expulsión, o por formar el cinturón de seguridad en zonas donde ha habido personas afectadas, como ha ocurrido en fechas pasadas en el domicilio de la enfermera en Madrid.

La precariedad con que dichos funcionarios prestan su servicio es escandalosa. No disponen siquiera de lo más básico, el equipo de protección individual (EPI) ni información sobre otras medidas preventivas, más allá de un tríptico remitido hace semanas por la DGP que no ha llegado a muchos miembros del Cuerpo que desconocen siquiera que exista dicho documento. La actuación en estas condiciones es peligrosa y no se atiene a las disposiciones que regulan cómo actuar para prevenir contagios de virus del grupo 4. Falta información y falta formación sobre los factores de riesgos a que están expuestos los miembros de estas unidades, y si alguno resultara infectado correría el riesgo además de ser acusado de negligente y de no haber sabido desempeñar bien su trabajo, como hemos visto con la auxiliar de enfermería Teresa Romero.

Tríptico del  ébola  de la DGP
        Pág. 1 del Tríptico del ébola de la DGP  (Haz click en la imágen)

No hay la mínima información sobre cómo actuar en una zona de riesgo o ante personas que pudieran estar infectadas, (protocolo,  procedimiento de actuación operativa, no información sobre cómo se contagia el virus) vulnerándose flagrantemente las directrices de la OMS respecto a la necesidad de informar y de impartir formación para garantizar la seguridad y salud de los funcionarios que pudieran estar expuestos a factores de riesgo de un posible contagio.

Tampoco nos consta que se haya hecho una evaluación de riesgos específicos biológicos en las zonas donde se dan con mayor frecuencia el trato con los inmigrantes procedentes del continente africano y países con epidemia de ébola o limítrofes (Ceuta, Melilla, Algeciras…)

Por otra parte, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores que por su desempeño profesional están o puedan estar expuestos a agentes biológicos, como norma de desarrollo reglamentario, determina las disposiciones mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los mismos contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Este Real Decreto transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva del Consejo 90/679/CEE de 26 de noviembre, posteriormente modificada por la Directiva del Consejo 93/88/CEE de 12 de octubre y adaptada al progreso técnico por la Directiva de la Comisión 95/30/CE de 30 de junio, que el Ministerio del Interior y en el ámbito del CNP la D.G.P esta incumpliendo.

Es preciso tener en cuenta que este RD 664/97 se encuadra en la reglamentación general sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida principalmente por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, en el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, BOE núm. 14 de 17 de enero. Conforme al Art. 3 del RD expuesto se clasifican los agentes biológicos, figurando el virus ébola en el Anexo II del referido RD con la clasificación de agente biológico GR4.

En base a estos datos y a la obligación por parte del Ministerio del Interior y en el ámbito del CNP, la DGP, con la propia declaración de principios del Ministerio del Interior en materia de seguridad y salud, debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, ampliamente recogida tanto en la normativa de referencia como en distintas normas internas, (Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, y el propio reglamento disciplinario del CNP), quedando legalmente establecido que existe la obligación de la DGP de someterse y cumplir las normas de Prevención de Riesgos laborales; medidas que deberían extremarse porque un contagio de un policía, además de las consecuencias peligrosas para su vida, dada la movilidad e interacción con la ciudadanía en el trabajo diario con múltiples contactos puede ser un desencadenante de numerosos contagios.

En base a las normas de prevención y por ende a la garantía para la seguridad y salud de los funcionarios que prestan su servicio en zonas y situaciones de potencial riesgo, y la gravedad que tendría su contagio descontrolado por la expansión de la epidemia sobre la ciudadanía, consideramos que debe tenerse en cuenta:

PRIMERO: el artículo 12º del RD 664/97 determina la obligación de garantizar información y formación a los trabajadores. Sin perjuicio del Artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el Art. 7 y 8 del RD 2/2006 la D.G.P, adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y sus representantes sean informados sobre cualquier medida relativa a la seguridad de su salud que se adopte en cumplimiento del presente Real Decreto.

Asimismo establece que el empresario (en este caso el Ministerio del Interior) tomará las medidas apropiadas para garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación suficiente y adecuada, información precisa basada en todos los datos disponibles, en particular en forma de instrucciones, en relación con:

Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición.

  1. Factores relativos a la organización y procedimientos de trabajo.
  2. Conocimiento de los posibles riesgos por parte del trabajador, según su formación inicial y la recibida sobre su puesto de trabajo.
  3. Posibilidad de establecimiento de medidas preventivas, así como del seguimiento de su aplicación.
  4. Cualquier información y formación necesaria para minimizar no solo el riesgo por un posible contagio de ébola, si no los riesgos psicosociales (ansiedad, estrés etc.) que se están produciendo actualmente en estos funcionarios al estar sometidos a una situación sin los medios adecuados.
  5. Las disposiciones en materia de higiene.
  6. La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual.
  7. Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de incidentes y para la prevención de éstos.

SEGUNDO: Considerando que la exposición resulta de actividades en las que los microorganismos pueden estar presentes de forma incidental, y que entramos en la probabilidad de afectación, la vigilancia de la salud se aplicará no sólo a aquellos funcionarios cuya tarea implique el auxilio y atención con ocasión de su servicio a inmigrantes con probabilidad de ser portadores de los agentes biológicos, en servicios en zonas de riesgo, o que estén en contacto con pefrsonas personas en riesgo de poder estar enfermas, sino también a aquellos cuya exposición sea incidental a dichos agentes, y especialmente zona de vestuarios, duchas y aseos.

TERCERO: La vigilancia de la salud será llevada a cabo por el personal sanitario competente, es decir, por un especialista en Medicina del Trabajo (o diplomado en Medicina de Empresa), sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con formación y capacidad técnica acreditada. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones:

a) Antes de la exposición.

b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz.

Cuarto: dentro de la información a facilitar a los trabajadores directamente o a través de sus representantes para su conocimiento en virtud del Art. 12 del RD 664/97 está el PLAN DE EMERGENCIA FRENTE A EXPOSICIONES A AGENTES BIOLÓGICOS.

EL referido plan, según consta en las normas de desarrollo y por la propia OMS, debe prever procedimientos operativos que contemplen:

  1. Evaluación de riesgos biológicos.
  2. Medidas aplicables en caso de exposición accidental y descontaminación.
  3. Tratamiento médico de emergencia para las personas expuestas y lesionadas.
  4. Vigilancia médica de las personas expuestas.
  5. Identificación precisa de agentes biológicos ya sean tóxicos o infecciosos.
  6. Localización de zonas de riesgo elevado.
  7. Identificación del personal con riesgo.
  8. Identificación de recursos humanos y de sus responsabilidades
  9. Lista de las instalaciones donde puedan recibir asistencia las personas expuestas.
  10. Trasporte de personas expuestas.
  11. Lista de depositarios de suero inmune, vacunas, medicamentos necesarios, material y suministros especiales.
  12. Provisión y ubicación del material de emergencia: ropa de protección, desinfectantes, equipos de desinfección.
  13. El plan de actuación debe estar junto al protocolo científico de trabajo y ser conocido con realización, en su caso, de ejercicios de ensayo

Nada de todo lo anteriormente previsto en leyes internacionales y españolas está siendo cumpliendo al día de la fecha respecto de los policías, siendo responsable de ello la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, lo que se pone en general conocimiento para que, en el supuesto de que un policía pueda resultar infectado por el ébola, no haya ningún responsable político que lo culpe por haber cumplido con su obligación con riesgo por el incumplimiento del Gobierno de las medidas legales establecidas.

Pág. 2 del Tríptico del ébola de la DGP
             Pág. 2 del Tríptico del ébola de la DGP (Haz click en la imágen)

A continuación se transcribe nota que he recibido hoy por redes sociales:

Por favor, que alguien se preocupe de los policías que estamos trabajando en Ceuta, Melilla y Algeciras, por estas fronteras pasan el 90% de los ciudadanos africanos que residen en España. No tenemos ningún medio de protección, guantes de látex cuando los hay y que nos obligan a reutilizar. No nos han dado ningún tipo de información o de formación con respecto al ébola y no nos hacen ningún tipo de seguimiento de la salud. Algunos vamos y venimos constantemente a Madrid y todos los puntos de España, somos potenciales portadores y podemos llevarla a todos los puntos de España. Por favor que alguien tome medidas serias.”

Por cuanto se ha expuesto, este Vocal del Consejo de Policía, SOLICITA:

Que se adopten todas las medidas legales previstas, se desarrollen con un protocolo de actuación operativo, que a día de hoy no existe, y se garantice la seguridad de los miembros del CNP que pueden estar en situación potencial de riesgo de contagio y en especial en las plantillas de Ceuta, Melilla y Algeciras.

Atentamente,firma01