Archivo de la categoría: Medidas de Protesta

EL DELEGADO GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DEBE ACTUAR

EL DELEGADO GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DEBE ACTUAR

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, OCC, tiene la obligación de informar sobre cualquier comportamiento irregular de organismo o institución pública que actúe al margen de criterios establecidos en normas o leyes en este país, y desafortunadamente hoy tenemos que denunciar públicamente que los criterios de la Subdelegación del Gobierno en Alicante sobre desautorizaciones realizadas a colectivos o sindicatos en materia de reunión son bien distintas según “ el color de las siglas convocantes”.

El pasado 25 de septiembre de 2015, este Observatorio tenía previsto celebrar una concentración frente a la Comisaría Provincial de Policía en la ciudad de Alicante, debidamente comunicada en tiempo y forma sin alterar de ningún modo la atención a los servicios públicos por parte de particulares que pudieran acudir a Comisaria, caso del D.N.I., y en un ambiente correcto y adecuado al ordenamiento jurídico y a la constitución, que no violentaba la integridad moral ni el libre ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos y los funcionarios policiales. Se nos desvió al final de la calle Isabel La Católica, a la altura del número 27 y 28, es decir, negándonos el lugar elegido frente al edificio policial basándose en un informe remitido por parte de la Comisaría Provincial de Alicante a esa Subdelegación del Gobierno, que se fundamentaba en dos apartados: A) Nivel de Alerta Antiterrorista Nivel IV y B) Incidir en los servicios públicos de particulares que acuden a la Comisaria, caso del D.N.I.

Ello propició la renuncia por parte de OCC a realizar la concentración por entender que se deslegitimaba el ejercicio de un derecho con argumentos poco convincentes por parte de en aquel momento el comisario provincial Sr. Cuasante, actual Jefe Superior Valenciano, de quien cabe recordar se le iba a mostrar nuestro rechazo al ser requerido por el Consejo del Poder Judicial y la propia DGP, por su falta de diligencia en la remisión de informes en temas relacionado con la corrupción política en Alicante y provincia que afectaban al caso Brugal. El pasado día 14 de diciembre del presente año 2016, en el lugar prohibido, restringido y vigilado por varios policías nacionales para identificar y sancionar a los posibles concentrados del OCC hace exactamente un año, hemos visto con agradable sorpresa una concentración de funcionarios policiales con pancartas exigiendo y denunciando problemas laborales, pese a que persiste la alerta IV por amenaza terrorista y que ese día también las oficinas del DNI funcionaban con toda normalidad.

Consideramos una total injusticia social y administrativa la restricción impuesta al OCC basada en la voluntad o capricho de algunos mandos policiales o políticos que por aquel entonces obstaculizaron un derecho constitucional a los solicitantes y que exige en estos momentos una explicación pública por parte del Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, o en comparecencia pública en las Cortes Valencianas, para conocimiento de todos los ciudadanos.

28 de diciembre de 2016

Junta Directiva Nacional OCC

Nota en PDF

En demanda de justicia

EN DEMANDA DE JUSTICIA

Se adjunta al presente, escrito remitido a la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del Poder Judicial, exponiendo las razones que nos asisten para
ejercer la acusación popular en el asunto que ha sido tramitado desde el año 2012 en el juzgado de instrucción nº 2 de Algeciras, en el que no se han llevado a cabo las
mínimas diligencias probatorias en relación con los hechos denunciados por una persona gravemente perjudicada.

Respecto a este asunto se planteó por el abogado defensor del perjudicado un Incidente de Nulidad de Actuaciones ante la Audiencia Provincial de Cádiz el 13 de
junio pasado.

Los hechos se remontan unos años atrás, y se denuncia una presunta estafa con fondos europeos de cohesión, para lo que se habría utilizado el mismo
procedimiento que en estos momentos se investiga en la Audiencia Nacional llevado a cabo en el Puerto de Gijón.

Sevilla, 21 de septiembre de 2016
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Nota – En demanda de justicia.pdf
Queja CGPJ.pdf

Hacer lo que se dice es mejor que decir lo que no se hace

Hacer lo que se dice es mejor que decir lo que no se hace

Desde ayer es noticia en distintos medios de comunicación que la Dirección General de la Policía aconseja a las mujeres maltratadas realizar cursos de defensa personal, entre otras medidas, para combatir la lacra de la violencia machista. Nos parece bien esa propuesta y nos parecería mejor si la Dirección General, el Ministerio del Interior y el Gobierno, además de dar consejo a las mujeres maltratadas, actuaran adoptando las medidas que están en su mano. Transcribimos a continuación el escrito remitido el 9 de enero del pasado año 2015 al Consejo de Policía por el entonces vocal de ese órgano, José Manuel Sánchez Fornet, hoy miembro de este OCC, que sigue sin respuesta.

“CONSEJO DE POLICÍA.
Sr. Director General de la Policía.
Sevilla, 9 de enero de 2015.

Sr. Director:
Adjunto al presente escrito currículum del subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Jorge Martínez Guzman, destinado en la BRIC de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

El sr. Martínez lleva algunos años en los que está impartiendo cursos altruistamente a mujeres maltratadas, en su tiempo libre y abonándose los gastos de traslado y alojamiento; comenzó en ayuntamientos en los que ocasionalmente tuvieron conocimiento de sus capacidades y disposición y después a medida que fue siendo conocido en los medios de comunicación más asociaciones de mujeres maltratadas y organismos han solicitado que imparta cursos en distintos lugares de España. En algún caso tanto FESyPOL (Fundación de Estudios de Seguridad y Policía) como el SUP han abonado los gastos de viaje y alojamiento, pero en la inmensa mayoría de los casos ha sido a cargo de su salario.

Existen en el CNP numerosos policías destinados en la sección de Deporte o en comisión de servicio en plantilla distinta para poder entrenar o estar con cierta comodidad, muchos sin prestar servicio, para deportes que aportan poco o nada a la Policía, y con beneficios económicos para los que lo practican. De hecho, la denuncia de una plataforma de policías en Asturias tiene mucho que ver con esta situación antes descrita.

En el caso que le expongo, Jorge Martínez Guzman está aportando un importante prestigio al CNP a costa de su dinero y en su tiempo libre, por lo que si dispusiera de tiempo y cobertura de la DGP para llevar a cabo su tarea con dedicación exclusiva sin duda esos beneficios en prestigio del CNP podrían ser considerablemente mayores.

La acogida que ha tenido en todos los lugares donde ha impartido cursos ha sido muy favorable, tanto por los responsables políticos y sociales como por los medios de comunicación, que han entrevistado a algunas de las mujeres participes que han manifestado su satisfacción por los cursos, y no tanto porque en las lecciones que reciban puedan aprender a defenderse con garantías de un ataque violento, sino por la seguridad que les transmite, la confianza y pérdida de miedo que mejora considerablemente su autoestima.

En vista de lo anterior propongo se valore la posibilidad de que dichos cursos sean patrocinados desde la DGP a las mujeres maltratadas, en cuyo caso,

a) Desde las distintas UPAP se organizarían dichos cursos en las diferentes provincias.
b) Eximir a Jorge Martínez del servicio durante los días de duración del curso.
c) Abonarle los gastos de desplazamiento y estancias en el lugar del curso.

Atentamente,

José Manuel Sánchez Fornet

El Señor Jorge Martínez lleva 73 cursos impartidos en los últimos 3 años, unos abonados con su dinero, y otros en los que un sindicato policial le abona los gastos de alojamiento y desplazamiento, sin que la Dirección General de la Policía hasta el momento haya respondido a esa propuesta.

Aprovechando esta nota, también se podría actuar creando una Comisaría General de Violencia de Género, para que la situación actual de permanente campaña mediática de manifestación de
voluntad se transforme en eficacia, investigando todas y cada una de las denuncias que se producen, porque, más allá de la manipulación estadística, lo cierto es que de cada millón de
denuncias por maltrato que se producen unas 700.000 son archivadas, lo que deja mucho que desear en cuanto a la eficacia en la actuación policial. Con una estructura policial que se corresponda con la magnitud del problema, pocos de los maltratadores que sean de esos 700.000 casos que se archivan quedarían sin castigo y tampoco las denuncias falsas que sobre esta materia
se puedan producir.

En definitiva, se trata de realizar una investigación como la que se llevó a cabo cuando el denunciado fue Juan Fernando López Aguilar, con entrevista con los vecinos, diligencias de
esclarecimiento de los hechos que al final produjeron un resultado, con independencia de las informaciones mediáticas por la condición de político del afectado, de esclarecer la verdad de los
hechos o al menos, de haber llevado a cabo una actuación policial como corresponde a la gravedad de una denuncia por violencia de género.

Hay policías suficientes para crear no uno sino varios equipos de formación de defensa personal a mujeres maltratadas, y si la Dirección General quiere pasar de las musas al teatro, de los discursos a las acciones, puede tener elementos de juicio muy positivos para poner en marcha esta medida.

Sevilla, 19 de agosto de 2016
LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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Funcionarios públicos sin defensa en su labor de control son atacados por políticos

Funcionarios públicos sin defensa en su labor de control son atacados por políticos
Fernando Urruticoechea, interventor del ayuntamiento de Orihuela (Murcia) maltratado por el concejal de RRHH por cumplir con la ley

Se adjunta la carta registrada en la mañana de hoy en la Delegación del Gobierno en Andalucía dirigida al presidente del Gobierno de España en funciones, Mariano Rajoy. Se dirigía también al presidente del PP pero el jefe del registro, funcionario escrupuloso donde los haya, obstaculizaba su trámite si no se borraba este párrafo y de ahí el borrón en el escrito.

2016.05.27 Carta a Rajoy

Pretendemos que el Gobierno no pueda alegar ignorancia respecto a ellos como el que nos ocupa, y que se plantee, en el momento políticamente oportuno, un estudio de la situación de los interventores, funcionarios estatales que trabajan en condiciones de dependencia absoluta en ayuntamientos y comunidades autónomas, dependiendo en su régimen de personal de aquellos políticos y funcionarios sobre cuyas decisiones deben ejercer un control.

Organizar a los interventores y otros funcionarios con una dependencia centralizada, impedir que puedan ser sometidos a presiones de aquellos a quienes controlan, establecer un registro ministerial donde sean analizadas sus actas y mecanismos de inspección a partir de las mismas sería una buena medida para fiscalizar las actuaciones de las administraciones autonómica y municipal.

El nivel de ética de quienes adoptan decisiones como ésta perjudicando gravemente a una familia no merece comentario pues estás por sí solo calificado, y que desde el partido que sustenta a los que la llevan a cabo se siga manteniendo el discurso de combatir la corrupción solo puede entenderse como una capacidad patológica para la mentira y el disimulo.
Una reforma que debería llevarse a cabo por higiene democrática, estableciendo la dependencia del Ministerio de Hacienda y la cobertura de puestos de trabajo por un sistema de méritos, capacidad y antigüedad, y no como ahora, donde el alcalde puede elegir al interventor y establecer para él el salario que quiera, con lo cual más que un funcionario al servicio del Estado es un funcionario al servicio del alcalde al que en teoría debe fiscalizar.

Ayer, el PP y Cs de Orihuela decidieron cambiar el sistema de fiscalización y control interventor, para que bajo una apariencia legal, en vez de fiscalización previa total del gasto haya solo una previa muy limitada y una posterior sin diseñar y sin medios que nunca se hará. En definitiva, lo que aprobaron fue la eliminación del molesto control previo de legalidad para un gobierno al que le importa muy poco el principio de legalidad y no quiere tener impedimento alguno a su arbitrariedad. Fue aprobado con la oposición del PSOE y Cambiemos.

Alicante, 27 de mayo de 2016

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Nota sobre carta a Rajoy
Carta a Rajoy

POSIBLE MAL USO DE FONDOS EUROPEOS EN EL PUERTO DE ALGECIRAS

POSIBLE MAL USO DE FONDOS EUROPEOS EN EL PUERTO DE ALGECIRAS
El OCC solicita al juzgado personarse como acusación popular en la instrucción

escrito personacion

En el juzgado de instrucción número 2 de Algeciras se siguen diligencias previas 650/12, originadas por denuncia de León Javier Romero Torán, por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida, malversación de fondos públicos de la UE, entre otros que puedan aparecer en la instrucción judicial en curso.
Analizada la documentación y acciones judiciales emprendidas, las comunicación al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de investigación del Fraude de la Unión Europea (OLAF) realizadas por el denunciante, así como el desarrollo de la instrucción judicial llevada a cabo desde hace cuatro años, entre ellos escritos dirigidos a la Audiencia Nacional en relación con un asunto similar ocurrido en el Puerto de Gijón por una de las personas denunciadas en Algeciras, y el hecho de que de las 9 personas imputadas solo una haya prestado declaración, valoramos conveniente la solicitud de personación en dicho juzgado con el fin de realizar la petición de actuaciones que puedan conducir al esclarecimiento de los hechos.
El hecho de que las obras donde se pudieron cometer los referidos delitos contaran con una importante subvención de la UE motiva la información trasladada a la OLAF que está estudiando la documentación aportada.
Nos llama la atención que tras cuatro años de instrucción prácticamente no se hayan adoptado diligencias de obtención de pruebas y que se permita la paralización del proceso exigiendo al denunciante que obtenga y aporte informes de determinados organismos estatales sin que sea el juez instructor quien los solicite cuando, a nuestro criterio, hay indicios sólidos fundados para hacerlo.
Consideramos que existen indicios suficientes que obligan a investigar el uso de los fondos en las obras realizadas, y en cumplimiento de los principios que motivaron el nacimiento del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción queremos contribuir a que se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades correspondientes de las personas que hayan podido incurrir en las mismas.
Se adjunta el escrito de solicitud de personación.

Algeciras, 8 de abril de 2016
LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Nota personación Algeciras

POR LA TRANSPARENCIA Y EN APOYO A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA

El Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (OCC) apoya cualquier causa que propugne la defensa de todos aquellos perjudicados por la actuación desfavorable de las administraciones. Y como asociación sensible a las demandas de los ciudadanos y en aras de una mayor transparencia es por lo que informa que el próximo día 23 de Noviembre a las 10:00 horas con ocasión de la CONCENTRACION en la Plaza del Ayuntamiento de Benidorm anunciada por los residentes británicos y diversos colectivos de toda índole de la localidad, estará presente en la misma con varios miembros de su junta directiva nacional.

La demanda de los convocantes se basa en los problemas que afectan a los turistas extranjeros y nacionales, por la inoperancia o falta de voluntad de las distintas administraciones que permiten hurtos, robos, estafas en vía pública, etc., sin dar una respuesta adecuada y originando una gran preocupación.

La falta de transparencia y la deficiente atención directa a los afectados por parte de las distintas administraciones en hechos puntuales acecidos recientemente, como el caso del fallecido de nacionalidad inglesa en los calabozos de la comisaría de la localidad, obliga a exigir una exhaustiva investigación para no permitir desde el primer momento especulaciones y noticias informativas interesadas y carentes del rigor necesario. Todo ello incardinado en el perfecto derecho de las víctimas a reclamar la transparencia exigible ante este asunto luctuoso.

El Gobierno Central, en coordinación con las instituciones locales y autonómicas, debe definitivamente poner a disposición de los funcionarios en materia de seguridad elementos legales adecuados para combatir la delincuencia que atenta a miles de turistas y ciudadanos residentes puesto que existe un vacío que provoca víctimas innecesarias. Debe atenderse de forma urgente y prioritaria la falta de voluntad política de quienes tienen el poder de decisión en la elaboración de normas y la facultad de poner medios humanos para combatir a grupos delictivos perfectamente organizados que de forma continuada actúan ante la falta de respuesta policial.

Ninguna estadística o excusa institucional puede ser motivo para justificar el no estar junto a los convocantes en esta necesaria demanda. No se le puede explicar a ninguna víctima que sufra uno de estos actos delictivos que la “eficacia policial” es causa para no atender a personas sencillas y honradas que están dando todo un ejemplo de comportamiento cívico como es la colonia británica, la cual convoca dicha concentración.

El Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción no podía dejar de atender esta demanda que se nos hace por algunos de sus socios activos en la ciudad de Benidorm y para ello su junta directiva nacional ha resuelto poner a disposición de los convocantes a funcionarios con amplio desarrollo profesional en materia de seguridad y especialistas jurídicos en la provincia de Alicante quienes de forma totalmente altruista se ofrecen a tratar o a intermediar en la búsqueda de soluciones a las demandas del colectivo británico residente en Benidorm, así como al resto de la ciudadanía solidaria con esta situación de justa demanda social.

COMUNICADO DE PRENSA DEL OCC EN APOYO CONCENTRACIÓN DEL 23N EN BENIDORM

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RESPUESTA DEL MINISTERIO DE EXTERIORES A SOLICITUD DEL OCC RESPECTO A LOCALIZACIÓN Y EXTRADICIÓN DE DE JUANA CHAOS

Queridos amigos, amigas y socios,

El pasado día once de septiembre comunicamos mediante carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, adjuntándole un CD del programa “Un Tiempo Nuevo” de Cuatro TV, que emitió un reportaje en el que se acreditaba sin ningún género de dudas que el ciudadano español José Ignacio de Juana Chaos residía en Venezuela, concretamente en la localidad de Chichirivite, del Estado de Falcón, donde regentaba una licorería denominada Falcón JCC.

Dicho ciudadano tiene en vigor una orden internacional de Busca y Captura emitida por el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por lo que se solicitaba que fuera trasladada a los servicios competentes de Venezuela la información emitida en el programa y adjuntándose copia del mismo en CD  si así fuera necesario. Y ello en base a que noticias aparecidas en los medios de comunicación y lo manifestado en dicho programa por responsables políticos del país, el Gobierno venezolano niega la presencia allí del referido De Juana Chaos. Todo ello se hizo esperando que fuera de utilidad para cumplimentar el mandato judicial y se pudiera proceder a su extradición a España.

A dicha solicitud ha respondido el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, afirmando que serán enviados tanto el escrito como el CD a la Subsecretaría General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.

Asimismo se remitió carta en los mismos términos al Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en España, si bien de momento no hemos obtenido respuesta alguna.

Seguimos trabajando para que España sea más democrática.

Respuesta Ministerior De Juan Chaos 2

EL CONSELL VALENCIANO PIDE AL GOBIERNO QUE RESTITUYA EL GRUPO DE BLANQUEO DE LA UDEF EN ALICANTE

El conseller de Transparencia ha criticado la decisión del ministerio del Interior de “reducir, hasta dejar bajo mínimos” esta unidad policial contra la corrupción

Manuel Alcaraz explica que las bajas se produjeron a finales de julio y todavía no se han destinado otros agentes para estos puestos

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El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, junto a Mónica Oltra y Manuel Llombart

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha criticado este viernes la decisión del Ministerio de Interior de “reducir, hasta dejar bajo mínimos”, al Grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante.

Las bajas se produjeron a finales de julio y todavía no se han destinado otros agentes para estos puestos, ha aseverado. La Generalitat ha explicado que el Grupo de Blanqueo perteneciente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) tiene abiertas una treintena de investigaciones por presunta corrupción, “la sobrecarga de trabajo de este grupo ha provocado ya en ocasiones anteriores la queja de los jueces”.

Por ello, según Alcaraz, “si se confirmara esta noticia, habría que preguntarse por el interés que tiene el gobierno en que esta unidad no pueda trabajar con todos los recursos necesarios para esclarecer estos casos”. Además, el conseller considera que “su desmantelamiento progresivo puede suponer un retraso importante para las investigaciones y tener repercusiones jurídicas graves”.

Por todo ello, el conseller Alcaraz ha pedido al Ministerio del Interior que “reconsidere su decisión y restituya este grupo policial para que pueda desarrollar su labor con la misma eficacia con la que lo han hecho hasta ahora”. “Lo que el Gobierno no puede dar es la imagen de que cuando se acercan las elecciones generales cae su interés por perseguir la corrupción y en concreto casos que afectan presuntamente al PP”, ha resaltado.

http://www.eldiario.es/cv/Consell-Gobierno-Grupo-Blanqueo-Alicante_0_422408180.html

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La UFP reclama que el comisario provincial de Alicante cese en su «autoritarismo» con los mandos

El sindicato denuncia que Cuasante excluye a jefes de brigadas y grupos en la toma de decisiones

2009-07-08_IMG_2009-07-01_02.06.16__X1502.jpg portada comisaria

 

 

 

 

 

 

La Unión Federal de Policía (UFP) ha presentado un escrito en el Consejo de la Policía donde denuncia la «interferencia» del comisario jefe provincial de Alicante, José Javier Cuasante, en las funciones de dirección policial que corresponden a los jefes de brigada, sección y grupo operativo y exige que se ordene al responsable policial a que «cese en el autoritarismo que está ejerciendo con respecto al resto de mandos policiales», según se recoge en la denuncia registrada el pasado 12 de agosto en la Dirección General de la Policía.

En la denuncia la UFP señala que desde la llegada de Cuasante a la jefatura de la Comisaría Provincial está «obviando y excluyendo de la toma de decisiones que les corresponde» a los jefes de brigada, sección y grupo operativo. Según el sindicato, los principios de mérito, capacidad y antigüedad son «obviados» por Cuasante y está interfiriendo en las funciones y cometidos de estos mandos sin contar con ellos, lo que supone «una transgresión a las facultades que llevan inherentes el cargo de estos funcionarios».

Acusan a Cuasante de designar a funcionarios para ocupar puestos de trabajo sin los requisitos de publicidad, entrevista personal y sin contar con la opinión del resto de cargos afectados. La UFP asegura que dirigir la Comisaría de esta forma está generando una desconfianza entre Cuasante y el resto de mandos que afecta al servicio.

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/08/20/ufp-reclama-comisario-provincial-alicante/1667351.html

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EL COMISARIO DE POLICÍA (UCOP DE ALICANTE) Y EL ACCIDENTE CON EL VOLVO S80 OFICIAL

¿Quién ha tenido un accidente con el Volvo S80 que suele usar el comisario?”

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior / EP
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior / EP

 

Es la pregunta que se hacen los policías destinados en Alicante, que vieron con sorpresa cómo este vehículo oficial llegó hace unos días a sus dependencias con un importante golpe en la carrocería.

El Volvo apareció con una abolladura en la chapa de un metro de longitud en la puerta trasera derecha y fue entregado, por orden del comisario Alberto Rubio, jefe de la UCOP (Unidad de Coordinación Operativa), al servicio de automoción de la Policía para que lo reparasen.

Según le cuentan a El Chivato, los policías han descubierto que dicha abolladura se produjo como consecuencia de una maniobra realizada por un conductor que impactó contra un bolardo de la ciudad levantina.

Ahora, estos mismos agentes están intentando demostrar que el comisario Alberto Rubio era quien conducía este vehículo y que, supuestamente, ha querido eludir su responsabilidad entregando el Volvo S80 a los policías de automoción sin admitir ser el autor de los hechos.

Para ello, Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha enviado un escrito al jefe de la Comisaría Provincial preguntando si, efectivamente, el citado comisario fue quien dañó el vehículo y si se va a abrir un procedimiento sancionador contra él.

Los agentes recuerdan que cada vez que un funcionario del cuerpo sufre un accidente o una incidencia que provoca daños en un vehículo, el comisario principal abre un procedimiento sancionador de oficio contra ellos. Y deben asumir su culpa.

Esperan, por tanto, que si se comprueba que el comisario Rubio conducía el Volvo S80 sea sancionado como corresponde.

http://www.elconfidencialdigital.com/muy_confidencial/el_chivato/comisario-Policia-accidente-Volvo-S80_0_2547945201.html

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