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La justicia, sin dinero, no actúa contra corruptos

En 2015 decidimos presentarnos como acusación popular en causa del J.I. nº 4 de Elche en relación con la contratación de la empresa del tratamiento de residuos de la localidad de Crevillent y el escándalo que suponía su mantenimiento ilegal durante más de 25 años. Lo hacíamos contra el alcalde César Augusto Asensio, por si se podían haber producido delitos de prevaricación y medio ambiental, decisión respaldada por el fallo de septiembre de 2015 del juzgado nº1 de lo Contencioso-Adtvo. de Elche, declarando nula la adjudicación de la planta de residuos a Abornasa.

Desde el primer momento nos exigieron 4.000 € de fianza y el 5 de junio pasado se desestimó nuestro recurso, por lo que o se abonaba o no habría acusación y sin acusación se cerraba el caso porque el Ministerio Fiscal ni está ni se le espera. Iniciamos una campaña que en cinco días recibió 180€; ante el vencimiento del plazo recibimos la ayuda solidaría de ACCIÓN CÍVICA, organización contra corrupción de la zona, que nos prestó los 4.000€ que debemos devolver en el menor plazo de tiempo posible.

En campaña posterior de crowdfunding se han recaudado hasta la fecha poco más de 1.000€, que se quedan en 960,75 porque una persona donó 150€ pero lo hizo dos veces por error y se le acaban de devolver sus 150€, como se hará con todos los que presten ayuda para este combate contra la corrupción cuando se devuelva la fianza si, como estamos seguros, aparecen culpables condenados.

Se informara de la evolución de la recaudación en la web del OCC https://occ.org.es

Los ingresos pueden hacerse en concepto CAMPAÑA CREVILLENTE
Cuenta Tríodos Bank, ES 42 1491 0001 2030 0006 8651
PayPal: observanticorrupcion@gmail.com

Madrid, 5 de julio de 2017
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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NO SIN DIFICULTAD EL OCC MANTIENE ACUSACIÓN CONTRA EL ALCALDE DE CREVILLENT

En noviembre del año 2015 el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) anunció en la puerta de la Audiencia Provincial de Alicante que se presentaba como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción no Cuatro de Elche hacía un año por parte del grupo municipal EUPV/ERPV de Crevillent contra el alcalde César Augusto Asencio, a cuenta de la adjudicación a la empresa Abornasa del tratamiento de residuos de la localidad y el escándalo que suponía el mantenimiento ilegal
de su apertura durante más de 25 años.

El OCC se presentaba con el objeto de impulsar la causa y a fin de desentrañar si en la actuación del alcalde se habían producido los delitos de prevaricación y delito medioambiental. Además dicha decisión venía respaldada por el reciente fallo de septiembre del año 2015 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Elche, que declaraba nula la adjudicación de la planta de residuos a Abornasa.

Desde nuestra personación en el 2015, el grupo de Esquerra tuvo que desistir como acusación al no poder presentar la cantidad de 4000 euros exigida como fianza por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Elche, que pensábamos que no se repetiría con la acusación del OCC, equivocándonos de plano. Se desestimaron las alegaciones contra la fianza exigida y por Auto de fecha 5 de junio del año 2017 se desestimó el recurso de reforma interpuesto por el OCC, por lo que se nos obligaba a abonar 4000 euros de fianza para poder seguir en la causa.

Sin fianza, no habría acusación y sin acusación se cerraría la causa, quedando libre de todo cargo el Alcalde de Crevillent sin tener que dar cuentas a la Justicia.
Ante dicha tesitura el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción comenzó una campaña y batería de contactos para poder recaudar esa cantidad de dinero necesaria para pagar la fianza.

El otro día Francisco Granados, ex Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid pagó su fianza de cuatrocientos mil euros de manera inmediata, en desproporcionado contraste con el OCC que en tres días recibió cinco donaciones de un montante total de 180 euros, cantidad insuficiente para poder mantenerse en la acusación. Ante la inmediatez y plazo cerrado, y no pudiendo recaudar el total necesario, desde una asociación de prestigio en la lucha contra la corrupción como es ACCIÓN CÍVICA recibimos su esencial apoyo de adelantarnos la cantidad completa de 4000 euros para pagar la fianza en plazo, pero con la garantía de poder en las próximas tres semanas
responder a su esforzado gesto a través de una campaña de captación de fondos en la ciudadanía para poder devolverles la mayor cantidad de dinero posible que no merme su capacidad económica hasta el final del procedimiento judicial.

Desde el OCC queremos agradecer de manera superlativa la desinteresada ayuda prestada por ACCIÓN CIVICA, presidida por Antonio Penadés, y hacer hincapié en la muestra y ejemplo de coordinación y solidaridad que supone tan necesaria muestra de lucha contra la corrupción. Ante desproporcionadas fianzas que lo que hacen es dejar desprovisto de capacidad un derecho como es el de la acusación popular, la creación de sinergias entre asociaciones y ciudadanía comprometida en la defensa de lo general se convierten en herramientas de máximo nivel para frenar y erradicar los abusos de los administradores de lo público que se escudan y defienden con abogados y recursos que no les suponen ningún coste personal ni económico, como ocurre en este caso con el alcalde de Crevillent que se defiende con dinero del ayuntamiento.

Por lo que aprovechamos para comunicar que el OCC no sin grandes dificultades se mantiene como acusación popular contra el alcalde de Crevillent por haber pagado la fianza de 4000 euros solicitada por el Juzgado que entiende del caso y comunicamos que continuamos la campaña de captación de fondos durante todo el mes de junio para poder devolver el aporte económico efectuado in extremis por ACCIÓN CÍVICA.

Las cantidades donadas se irán reflejando en la web del OCC diariamente para ejercer la política de transparencia necesaria y por supuesto al final del procedimiento, siempre que sea positivo a nuestras pretensiones, y no se considere por el Juzgado la necesidad de detraer ninguna costa de la fianza depositada, se devolverá la cantidad donada a todos aquellos donantes que no sean anónimos. Igualmente de aquellas cantidades donadas anónimamente se podrán utilizar para gastos del procedimiento como pudieran ser informes periciales, abogado, procurador, etc., que sean necesarios para el buen discurrir y solución final positiva de la acusación.

La cuenta donde efectuar las donaciones es de la entidad bancaria Triodos Bank ES4214910001203000068651 o a través de Paypal: observanticorrupcionmail.com en la página web del OCC, indicando concepto: CAMPAÑA CREVILLENTE.
Pueden contactar vía email en cualquiera de las direcciones del OCC como pueden ser observanticorrupcion@gmail.com y buzoncontralacorrupcion@gmail.com.
https://occ.org.es/index.php/2017/06/11/urgente-fianza-como-acusacion-contra-el-alcalde-de-crevillente/

15 de junio de 2017
Junta Directiva Nacional OCC

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URGENTE – fianza como acusación contra el alcalde de Crevillente

Hemos iniciado una campaña para recaudar fondos con el objetivo de permanecer como acusación popular en la causa de la planta de basuras de Abornasa.
El juzgado pide 4.000€ de fianza para ponder hacerlo, pero no tenemos suficientes fondos.
Nota de prensa: https://occ.org.es/index.php/2017/06/15/no-sin-dificultad-el-occ-mantiene-acusacion-contra-el-alcalde-de-crevillent/

Esta campaña de recaudación crowdfunding tiene el único objetivo de pagar dicha fianza.

En esta web realizaremos un seguimiento de las aportaciones.
Triodos Bank del OCC: ES4214910001203000068651
PayPal: observanticorrupcion@gmail.com
Indicar concepto: CAMPAÑA CREVILLENTE






DONACIONES:
Transferencias – 20, 50, 50, 50, 20, 200, 100, 10, 15, 30, 100, 50, 100, 30, 20
PayPal – 10, 100, 5.75, 150
TOTAL = 1110.75 euros


En el caso de ir a juicio y lograr una sentencia favorable, el dinero de la fianza nos será devuelto y nosotros lo devolveremos a los donantes, siempre que nos hayan dejado datos de contacto. En caso de que las donaciones sean anónimas, no tendremos forma de realizar la devolución, por lo que dicho importe quedará a disposición del OCC para gestionar su actividad.
Igualmente, si no se alcanza el objetivo, también se devolverá el dinero a los donantes en las mismas condiciones.

¡¡ GRACIAS !!

LA MENTIRA EN POLÍTICA ES CORRUPCIÓN

El director general de Tráfico debe dimitir por salud democrática

Nada ha cambiado. Todo sigue igual. No importa lo que sea evidente si no hay una prueba irrefutable; el político de turno, si es corrupto y sea del partido que sea, negará la evidencia y no pasa nada. Esto es España. En cualquier otro país democrático de nuestro entorno cualquier político que mienta o que tenga un comportamiento reprobable no ya jurídico, sino político o moral, no tienen que señalarle la puerta de salida. Hemos visto dimisiones de ministros por mentir respecto a una multa de tráfico, o por copiar en una tesis doctoral, o por cualquier otro asunto que aquí no dan lugar ni a crítica política. España es el reino de los políticos corruptos y de unas reglas ajenas a la más elemental moral política que les permite mentir impunemente sin ninguna consecuencia.

Todos los procesos judiciales en marcha no han servido para nada. Porque esta enfermedad, la corrupción, corrompe las instituciones y la democracia del país y sigue instalada en los comportamientos políticos, siendo alimentada a diario con hechos como los que estamos presenciando en el Ministerio del Interior, donde un ministro miente, manipula, insulta la inteligencia de la ciudadanía y mantiene en su cargo al director general de Tráfico, que miente también.

No hay ningún ciudadano que crea hoy que Gregorio Serrano no sabía nada de la ilegalidad que se pretendía, ni que los 50.000 € de gasto es un asunto ordinario para cualquier vivienda de cualquier cuartel de la Guardia Civil; se trata simplemente de un trato privilegiado, propio de una Casta corrupta que arranca desde la dictadura y se ha mantenido sin solución de continuidad durante todos los años de democracia. Privilegios ilegales que abarcan desde la Jefatura del Estado hasta el último funcionario municipal que se presta a ello, que surcan todos los estamentos institucionales y pasan por el director general de Tráfico, que según el ministro de Interior tiene derecho, porque así ha sido históricamete, a disponer de una vivienda con todos los gastos pagados por nuestro dinero para residir en Madrid, percibiendo como percibe un salario cinco veces superior al de cualquier funcionario público de esa dirección general de Tráfico, de la Policía o de la Guardia Civil. La justificación de que el director general de Tráfico tiene derecho a percibir dietas con las que abonar la estancia en el hotel cuando no está desplazado sino residiendo en la ciudad donde tiene su puesto de trabajo de destino es, visto desde policías y guardias civiles, una burla a los miembros de ambos colectivos y la confirmación de que hay políticos que viven en un mundo donde la regla principal es su particular interés.

Consideramos desde el OCC que si queremos una sociedad limpia y decente corresponde a los políticos predicar con el ejemplo, y que si el director general de Tráfico sigue en su cargo tras mentir, la responsabilidad por esa conducta política inmoral afecta y ensucia al ministro de Interior.

Madrid, 1 de abril de 2017
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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El diario – El director de la DGT no sabía nada del piso pero había ido a verlo

El director de la DGT sí conocía la existencia del piso de la Guardia Civil. El Ministerio del Interior ha confirmado a El Objetivo de Ana Pastor de laSexta que Gregorio Serrano fue a visitarlo el 3 de febrero porque el piso era para él. A pesar de esta visita, Serrano lleva toda la semana negándolo:

Esta visita se produjo 12 días antes de que Gregorio Serrano solicitara formalmente a la Guardia Civil la permuta que supuestamente fue denegada. Además, el Ministerio del Interior también confirma que cuando se produjo la visita las obras de reforma aún no habían comenzado.

También el Ministro Zoido en sede parlamentaria dijo que que el piso no era para el Director de la DGT:

Ahora sabemos oficialmente por el propio Ministerio del Interior que el piso sí era para Serrano.

¡Ay, la Maldita Hemeroteca!

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http://www.eldiario.es/malditahemeroteca/Director-DGT-sabia-piso-verlo_6_628247198.html

Público – Altos cargos de Hacienda enseñan a asesores fiscales y abogados cómo eludir impuestos

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DENUNCIA DE GESTHA
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncian que existen centenares de cursos organizados por entidades privadas en los que los responsables de la Agencia Tributaria ejercen de profesores, actividad que abre la duda sobre su compatibilidad con el cargo.
MADRID 30/03/2017 12:28


Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributara (AEAT) de Madrid. E.P.

EUROPA PRESS
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncia que existen centenares de cursos en los que “altos responsables de Hacienda” instruyen a los asesores internacionales y grandes despachos tributarios en técnicas para “eludir impuestos y evitar las medidas antielusión, rayando el límite del decoro y de la ley de incompatibilidades”, según pusieron hoy de manifiesto en el marco de la XV edición de su Congreso Nacional en Alicante.

En un comunicado, Gestha considera que el correcto desempeño de las funciones públicas de determinados responsables de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda “choca con su actividad más que frecuente” en multitud de actos docentes, lo que abre la duda sobre su compatibilidad con el cargo, dado que podría “menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes, cuando no comprometer su independencia o imparcialidad”.

En este sentido, los técnicos señalan que a pesar de recibir “altas retribuciones con ingentes incentivos”, es frecuente encontrar en los claustros de profesores a subdirectores generales y altos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o de la Dirección General de Tributos, por citar algunos ejemplos.

Estos “docentes”, según Gestha, cuentan ya con elevados salarios por sus cargos desempeñados en Hacienda, que se mueven entre los casi 70.000 euros de un subdirector adjunto de la Dirección General de Tributos, hasta los más de 100.000 euros anuales que percibe un jefe de equipo nacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o el jefe de la ONFI.

En todo caso, los técnicos de Hacienda consideran que no debería aprovecharse el nombre oficial del cargo ocupado como “gancho” para atraer alumnos a los cursos, ya que las actividades privadas lucrativas no deberían promocionarse con la utilización del cargo.

Ejemplos
Para Gestha, el ejemplo más paradigmático es el de un Máster en Dirección de Fiscalidad Internacional, cuyo claustro de profesores está formado por 27 personas, de las cuales 16 son inspectores de Hacienda en activo y 4 en excedencia. Y entre los 16 en activo, añade, se encuentran los dos máximos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC) y de la Dirección General de Tributos —hasta el pasado diciembre— y cinco subdirectores generales.

“Curiosamente, este Máster dedica una parte de su temario, sin ser exhaustivos, a las principales características de los paraísos fiscales más notables y regímenes fiscales privilegiados de mayor interés, planificación corporativa-sociedades holding, planificación financiera internacional o planificación de operaciones internacionales sobre bienes intangibles”, denuncia Gestha.

Además, los técnicos afirman que la asiduidad con la que muchos de estos funcionarios participan en este tipo de cursos, a veces en horario matinal, podría ser constitutiva, en su caso, de “infracción” de la Ley de Incompatibilidades, que exceptúa del régimen de incompatibilidades a la docencia sólo cuando sea “ocasional”.

Por todo ello, los técnicos de Gestha exigen a la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda que investigue el centenar de cursos organizados por entidades privadas, entre los que figuran las grandes consultoras tributarias, en los que altos responsables de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio han podido informar de los criterios, prácticas tributarias y proyectos normativos.

Igualmente, exigen que se averigüe el número e identidad de los alumnos que han asistido y si se han formulado preguntas o consultas relacionadas con la problemática fiscal de sus clientes. Además, para el colectivo, esta elevada actividad docente de los altos cargos sirve para “engrasar las puertas giratorias”, al coincidir en la mayoría de cursos con los socios de consultoras y grandes empresas, “en las que posteriormente acaban prestando sus servicios muchos de estos funcionarios”.

Público – Rajoy ignoró alertas sobre corrupción en Murcia desde 2011

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Un abogado cercano al PP envió cartas al presidente del Gobierno, al PP y a La Moncloa, durante seis años al menos, pero el jefe del Ejecutivo se limitó a contestarle con respuestas genéricas. Diego de Ramón fue el denunciante del caso de la desaladora de Escombrera, el mayor escándalo de corrupción de la Región.


El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, abraza al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en un acto del partido. EFE

MADRID 28/03/2017 22:33
JULIA PÉREZ / PAULA DÍAZ @juliaperezru @_pauladiaz_

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue alertado desde 2011 de la corrupción que se producía entre los líderes del PP de Murcia por un abogado local, y el dirigente popular no hizo nada al respecto. Ni abrió una investigación interna en su partido, ni en el Gobierno, ni en la Fiscalía, y así se desprende de las respuestas recibidas por el denunciante, el abogado murciano Diego de Ramón, a las sucesivas cartas que envió durante seis años.

Rajoy recibió estas cartas de alerta de la trama de corrupción en Murcia el 19 de noviembre de 2011, el 1 de noviembre de 2014 y el 29 de enero de 2016, según las misivas a las que ha tenido acceso Público. Las respuestas que recibió el abogado denunciante del PP y de La Moncloa, sede del Gobierno, se limitan a contestaciones genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción con la firma de Mariano Rajoy impresa.


Carta del abogado murciano Diego de Ramón Hernández al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la contestación del Palacio de la Moncloa

Las respuestas que recibió el abogado se limitan a contestaciones de Rajoy genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción

En la primera de sus misivas, de 2011, De Ramón denunció en sus cartas el fiasco de la Caja Ahorros del Mediterráneo -ya entonces en investigación judicial- y requería de Mariano Rajoy que tomara medidas sobre el entonces presidente de Murcia, Ramón Luis Valcarcel, y el PP similares a las adoptadas en Valencia, donde el presidente Francisco Camps había dimitido ese mismo año.

“Muchas gracias por su carta de fecha 19 de noviembre, cuyo contenido he leído con interés, tomando buena nota de todo lo expuesto”, responde Mariano Rajoy a Diego de Ramón a esta primera carta, al tiempo que le da las gracias por sus palabras de ánimo y se extiende en la “enorme responsabilidad” que ha recibido de millones de españoles en “circunstancias difíciles”.

Tres años después, el abogado murciano vuelve a escribir a Rajoy. Esta vez denuncia, entre otros casos, la construcción de la desaladora de Escombreras, “con unas pérdidas de un millón de euros al mes” y realizada por ACS con la misma técnica de contratación que el fiasco de la plataforma Castor, de las empresas de Florentino Pérez. Tampoco hubo respuesta respecto a la apertura de una investigación.

Más de 50 casos de corrupción en Murcia
“Muchas gracias por enviarnos su carta, cuyo contenido hemos leído con interés y tomado buena nota de todo ello”, responde la Oficina de Atención y Participación Ciudadana del PP a la última de las cartas de De Ramón, donde denuncia los más de 50 casos de corrupción en la Región y solicita del PP que demande a los corruptos que han crecido al amparo de su poder que ostenta allí desde hace 25 años.

El PP no ha aclarado a ‘Público’ qué hizo exactamente con las cartas enviadas por este abogado.

Ya en el año 2016, Diego de Ramón opta por denunciar ante la Fiscalía la contratación de la construcción de la desaladora de Escombreras, con unas pérdidas de 600 millones de euros. El ministerio público presenta una denuncia en el juzgado de instrucción número 5 de Murcia, que investiga la adjudicación a ACS bajo secreto.

El Partido Popular no ha querido responder, de momento, si abrió una investigación ante las cartas enviadas por este abogado. En la misma línea, el departamento de Comunicación con los ciudadanos del presidente del Gobierno tampoco responde si se abrió, a su vez, una investigación sobre estas denuncias.

En ninguna de las cartas de respuesta al letrado se anuncia su remisión a la Fiscalía General del Estado para investigar sus denuncias o se remite el caso al comité de garantías del PP, según estas misivas a las que también ha tenido acceso Público.

El PP ha introducido en su último congreso como medida estrella y de transparencia la “Oficina del Cargo Popular”, con el fin de luchar contra corrupción. Pero aún no se ha difundido si este tipo de denuncias sobre la gestión de sus altos cargos serán analizadas por dicha Oficina.

Diego de Ramón estima en 2.500 millones de euros el fraude detrás de la desaladora de Escombreras, construida para abastecer de agua los terrenos recalificados de Nova Carthago, que a su vez investiga el juzgado de instrucción número 9 de Murcia.

De Ramón responsabiliza a Valcárcel de una “trama piramidal” montada en torno al agua, así como al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá en el caso Nova Carthago, donde también implica a Carlos Valcárcel, hermano del expresidente murciano.

Este proyecto urbanístico pretendía la recalificación de 180 millones de metros cuadrados para la construcción de urbanizaciones destinadas a 1.500.000 personas

El abogado incluye en sus cálculos 1.000 millones de euros concedidos, en forma de créditos sindicatos por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaja y e Banco de Valencia, luego rescatados; los 800 millones que costaron los terrenos recalificados del Mar Menor destinado a estas urbanizaciones y promovidas por la empresa Hansa Urbana; los 200 millones de euros metidos en el aeropuerto y los 600 millones que ACS va a cobrar por el fiasco de la desaladora.

De Ramón sostiene que el contrato de ACS “es similar de leonino para la Administración pública que el proyecto Castor”, la planta de inyección subterránea de gas que promovió Florentino Pérez, fue cerrada al poco de empezar a operar porque creó mil terremotos frente a las costas de Vinaroz (Castellón) y que costará a los españoles 4.700 millones de euros al financiar la compensación para la empresa adjudicataria.

En este contrato de la desaladora, firmado en favor de ACS, se también prevé que en caso de rescisión el gobierno de Murcia pagará por adelantado el negocio previsto por dicha constructora por el contrato de arrendamiento de la planta con opción de compra: 600 millones de euros. El mismo método.

MÁS ATAQUES A URRUTICOECHEA, UN INTERVENTOR DECENTE

MÁS ATAQUES A URRUTICOECHEA, UN INTERVENTOR DECENTE

El próximo martes, en el juzgado de primera instancia nº 12 de Murcia, a las 13,30 horas, se celebra acto de conciliación por demanda del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana Galiano, y del concejal de Hacienda y Recursos Humanos del mismo ayuntamiento, Rafael Almagro Palacios, contra el todavía interventor de la localidad, Fernando Urruticoechea Basozabal, quien dada la presión a la que estaba sometido por los responsables políticos municipales ha solicitado nuevo destino obteniendo su traslado a Torre-Pacheco, en la provincia de Murcia y espera el nuevo nombramiento en los próximos días en el BOE.

Esta denuncia contra el interventor fue planteada el 12 de julio, después de que un artículo de prensa (6-7-2016) y un comunicado de esta organización (24-6-2016) dejaran en evidencia las mentiras que con anterioridad habían sido vertidas en medios de comunicación por el alcalde de Orihuela del Partido Popular, Emilio Bascuñana.

Además de mentir respecto al informe de liquidación del interventor Urruticoechea sobre la situación económica del ayuntamiento, que según el alcalde no había sido presentado, al interventor le fueron denegados permisos en navidad del año 2015 y en mayo de 2016, cuando tenía billetes adquiridos para desplazarse con su pareja y su hijo a Budapest donde ella iba a un acto profesional. Este último permiso fue denegado dos días antes señalando un botón rojo en la intranet interna municipal.

Lo cierto es que el informe de liquidación de 2015 que el alcalde negó que existiera fue elaborado por el interventor y remitido al Ministerio de Hacienda el 31 de mayo de 2016, dejando constancia fehaciente de la situación económica municipal, que aconsejaría intervenir el ayuntamiento, situación coherente con las prácticas desarrolladas en el mismo y que habían provocado 77 informes de reparo del interventor durante el pasado año 2016.

Esta dinámica de atacar al que resulta molesto en la gestión de lo público, en este caso un funcionario interventor en el ayuntamiento, evidencia que el discurso del PP y de sus máximos responsables respecto a propiciar un clima de transparencia, de respeto a quienes plantean en el uso de sus competencias reparos a decisiones políticas que afectan al dinero público es falso, impostura, hipocresía política, porque cuando se trata de pasar de los discursos grandilocuentes a los hechos, estos muestran la verdadera cara de quienes quieren gestionar lo público sin controles molestos que puedan suponer obstáculos legales a sus decisiones políticas. Ese es el caldo de cultivo en el que nacen las prácticas corruptas que asolan nuestra sociedad.

Alicante, 4 de marzo de 2017
La Junta Directiva

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El Plural – El acoso del PP fuerza a un interventor a pedir el traslado

Enlace a la noticia en El Plural


Fernando Urruticoechea denuncia las presiones que sufren cientos de funcionarios públicos por parte de auténticas “organizaciones mafiosas”

Ya antes de reincorporarse a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento Orihuela, después de hacer frente a un cáncer, le advirtieron de que se oían voces de que le iban  a hacer la vida imposible. Y así fue.

Fernando Urruticoechea llegó en 2014 a esta localidad alicantina, entonces gobernada por Los Verdes y el PSOE, y ejerció su trabajo de interventor con normalidad durante algo más de un año. Sin embargo, con el regreso al poder del Partido Popular, las tornas cambiaron. A partir de ese momento comenzó el acoso y derribo, hasta que este funcionario natural de Bilbao no ha podido más.

Injurias, calumnias y castigos

Está de baja desde junio del pasado año. Su pecado, “cumplir con mi trabajo” y enfrentarse a la corrupción.

El proceso para acabar con él comprende “injurias, calumnias, sobrecarga de trabajo, ha llegado a hacer jornadas de diez y doce horas, y castigos internos”. Trataron de dejarle sin vacaciones, aunque “recurrió y ganó”, desmantelaron el área de intervención “para dejarme solo”, evitando cubrir vacantes, le impidieron dar conferencias y hacer viajes familiares y llegaron a enviarle a diario “notificaciones con peticiones absurdas”.

La puntilla era el expediente disciplinario. En dos ocasiones a lo largo de 2016 lo solicitó al Ministerio el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, pero eso “no lo consiguió”.

Víctimas de la corrupción

Urruticoechea asegura a ELPLURAL.COM que él es sólo un exponente de lo que ocurre. “Hay cientos de funcionarios enfermos, de baja o en tratamiento psiquiátrico”, revela a este medio. “Cientos de divorcios y familias rotas” por alzar la voz.

Ésta es la otra cara de la corrupción, la de “los funcionarios víctimas, que no somos  apreciados por la sociedad”. La que se ignora mientras se centra el foco en la cara de los políticos y los agujeros millonarios que han dejado en las cuentas públicas.

Ignorar los informes de interventores como él es bien sencillo. En su anterior destino, Crevillent “los tiraban a la basura, en Orihuela iban a la estantería”.  Tienen una clara  función fiscalizadora, pero en muchas ocasiones se convierten en hombre de paja porque “el control es inexistente y las medidas ineficaces. Hay normas que supuestamente protegen a los empleados públicos, pero no se cumplen”.

Solos ante el peligro

De este modo se les pone a los pies de los caballos, frente a auténticos entramados mafiosos. Sumar apoyos, además, “cuando te declaran apestado”, es muy difícil porque “la gente tiene miedo”. Públicamente, ninguno de los compañeros del Ayuntamiento ha salido en defensa de Fernando “aunque sí lo han hecho algunos en privado”.

Ha buscado amparo en la Fiscalía, pero de nada le ha servido. A veces ha recibido incluso “respuestas humillantes”. “Hay una insensibilidad total hacia los funcionarios que vivimos este tipo de situaciones y somos muchos”, recalca.

Miles de informes de ilegalidad

A lo largo de sus 30 años de carrera profesional Urruticoechea ha redactado miles de informes de ilegalidad. Es uno de los funcionarios que más corrupciones ha destapado.

Los grandes contratos son los que le han generado mayores problemas: agua, alcantarillado y basuras. Sus primeras denuncias las hizo en Galdakao, cuando era economista laboral. Entonces se vio obligado a presentar una querella criminal, “que gané” y “el alcalde acabó inhabilitado”. Después vinieron muchos otros destinos, entre ellos, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent, municipio en el que en tres años legalizó la gestión del agua, algo que “no interesaba”. En Orihuela la historia se ha repetido. No hay que olvidar que el actual teniente de alcalde, Francisco Manuel Sáez, fue director de zona de Acuagest, hoy Hidraqua.

Los políticos, origen y causa

Para este funcionario al que  han llegado a llamar “desequilibrado”, “el origen y la causa de la corrupción son los políticos y la voracidad insaciable de financiación de los partidos”. Sin embargo, deja claro que el robo no se hace de forma individual. “Son tramas perfectamente organizadas. La función pública está politizada y subordinada al poder. Los funcionarios forman parte también de la trama de corrupción”.

Por ello, la solución, a jucio de  Urruticoechea quien, a día de hoy colabora con el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, “pasa por la decencia política y ciudadana”. “Eso deberíamos clamar en las manifestaciones”, insiste, pues “la cultura democrática es inexistente”.

Nuevo destino

Fernando ha concursado para cambiar de destino. Después de estudiar “con mi mujer y mi psicólogo”, todas las posibilidades porque “bueno, bueno, no había ninguno” ha decidido trasladarse a Torrepacheco. “Me hubiera gustado seguir en Orihuela  con un gobierno democrático, no despótico”. Se va esperando que el PP no logre allí volver al poder y con el firme propósito de “seguir haciendo mi trabajo”.