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El coste de la justicia facilita la impunidad de los corruptos

Mañana 26 de julio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá como testigo en el juicio de la primera época del caso Gürtel, (entre 1999 y 2005), siendo la primera vez que lo hace un presidente del Gobierno en el ejercicio del cargo. Felipe González compareció ante el Tribunal Supremo unos años después de dejar el cargo, como testigo en el juicio del “caso Marey” en 1998.

Ser testigo significa que no se han encontrado pruebas que establezcan ninguna responsabilidad personal en el asunto que se enjuicia, pero está obligado a decir la verdad, extremo que no sería igual si fuese imputado, con derecho a no declarar contra sí mismo y por lo tanto a mentir.

Mariano Rajoy, tras una dilatada vida política, podría aprovechar para “tirar de la manta” y contar ante el tribunal todo aquello que conoce sobre la corrupción en España, que seguro que es bastante. Pero no ocurrirá. Rajoy está allí a la fuerza, por más que la hipocresía política que forma parte del código de conducta de la política y algunos medios de comunicación digan ahora, que está encantado de colaborar con la justicia. Rajoy ha sido citado por la falta de colaboración de su partido y solo por la existencia de una acusación popular que ha insistido hasta convencer al tribunal de la conveniencia de su interrogatorio como testigo.

La justicia en España funciona mal. ¿En cuántos otros casos, de no haberse solicitado fianzas a las organizaciones cívicas que se empeñan en combatir a los corruptos, se podría haber avanzado en el esclarecimiento de prácticas ilegales? Nunca se sabrá. Nosotros si hemos visto pasar indicios muy sólidos de actuaciones irregulares que no hemos podido perseguir ante los tribunales porque algunos fiscales no hacen su trabajo, a veces desbordados, y sentido que el Estado, la Justicia, protege a los corruptos y obstaculiza la tarea de quienes quieren desenmascararlos. En estos momentos se está llevando a cabo un procedimiento en Crevillent, el conocido como “caso Abornasa”, gracias a que el colectivo ACCIÓN CÍVICA prestó los 4.000 euros de fianza demandados de los que solo se han recaudado mediante crowdfunding unos 1.000 euros. Y la pretensión del Gobierno es limitar aun más el ejercicio de la acción popular, que acabaría con el sentido de la justicia impartida en nombre del pueblo.

Exigimos a Rajoy que diga la verdad y que trabaje por un país más limpio, justo y decente que este cuyo gobierno hoy preside.

Madrid, 25 de julio de 2017

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La justicia, sin dinero, no actúa contra corruptos

En 2015 decidimos presentarnos como acusación popular en causa del J.I. nº 4 de Elche en relación con la contratación de la empresa del tratamiento de residuos de la localidad de Crevillent y el escándalo que suponía su mantenimiento ilegal durante más de 25 años. Lo hacíamos contra el alcalde César Augusto Asensio, por si se podían haber producido delitos de prevaricación y medio ambiental, decisión respaldada por el fallo de septiembre de 2015 del juzgado nº1 de lo Contencioso-Adtvo. de Elche, declarando nula la adjudicación de la planta de residuos a Abornasa.

Desde el primer momento nos exigieron 4.000 € de fianza y el 5 de junio pasado se desestimó nuestro recurso, por lo que o se abonaba o no habría acusación y sin acusación se cerraba el caso porque el Ministerio Fiscal ni está ni se le espera. Iniciamos una campaña que en cinco días recibió 180€; ante el vencimiento del plazo recibimos la ayuda solidaría de ACCIÓN CÍVICA, organización contra corrupción de la zona, que nos prestó los 4.000€ que debemos devolver en el menor plazo de tiempo posible.

En campaña posterior de crowdfunding se han recaudado hasta la fecha poco más de 1.000€, que se quedan en 960,75 porque una persona donó 150€ pero lo hizo dos veces por error y se le acaban de devolver sus 150€, como se hará con todos los que presten ayuda para este combate contra la corrupción cuando se devuelva la fianza si, como estamos seguros, aparecen culpables condenados.

Se informara de la evolución de la recaudación en la web del OCC https://occ.org.es

Los ingresos pueden hacerse en concepto CAMPAÑA CREVILLENTE
Cuenta Tríodos Bank, ES 42 1491 0001 2030 0006 8651
PayPal: observanticorrupcion@gmail.com

Madrid, 5 de julio de 2017
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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NO SIN DIFICULTAD EL OCC MANTIENE ACUSACIÓN CONTRA EL ALCALDE DE CREVILLENT

En noviembre del año 2015 el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) anunció en la puerta de la Audiencia Provincial de Alicante que se presentaba como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción no Cuatro de Elche hacía un año por parte del grupo municipal EUPV/ERPV de Crevillent contra el alcalde César Augusto Asencio, a cuenta de la adjudicación a la empresa Abornasa del tratamiento de residuos de la localidad y el escándalo que suponía el mantenimiento ilegal
de su apertura durante más de 25 años.

El OCC se presentaba con el objeto de impulsar la causa y a fin de desentrañar si en la actuación del alcalde se habían producido los delitos de prevaricación y delito medioambiental. Además dicha decisión venía respaldada por el reciente fallo de septiembre del año 2015 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Elche, que declaraba nula la adjudicación de la planta de residuos a Abornasa.

Desde nuestra personación en el 2015, el grupo de Esquerra tuvo que desistir como acusación al no poder presentar la cantidad de 4000 euros exigida como fianza por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Elche, que pensábamos que no se repetiría con la acusación del OCC, equivocándonos de plano. Se desestimaron las alegaciones contra la fianza exigida y por Auto de fecha 5 de junio del año 2017 se desestimó el recurso de reforma interpuesto por el OCC, por lo que se nos obligaba a abonar 4000 euros de fianza para poder seguir en la causa.

Sin fianza, no habría acusación y sin acusación se cerraría la causa, quedando libre de todo cargo el Alcalde de Crevillent sin tener que dar cuentas a la Justicia.
Ante dicha tesitura el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción comenzó una campaña y batería de contactos para poder recaudar esa cantidad de dinero necesaria para pagar la fianza.

El otro día Francisco Granados, ex Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid pagó su fianza de cuatrocientos mil euros de manera inmediata, en desproporcionado contraste con el OCC que en tres días recibió cinco donaciones de un montante total de 180 euros, cantidad insuficiente para poder mantenerse en la acusación. Ante la inmediatez y plazo cerrado, y no pudiendo recaudar el total necesario, desde una asociación de prestigio en la lucha contra la corrupción como es ACCIÓN CÍVICA recibimos su esencial apoyo de adelantarnos la cantidad completa de 4000 euros para pagar la fianza en plazo, pero con la garantía de poder en las próximas tres semanas
responder a su esforzado gesto a través de una campaña de captación de fondos en la ciudadanía para poder devolverles la mayor cantidad de dinero posible que no merme su capacidad económica hasta el final del procedimiento judicial.

Desde el OCC queremos agradecer de manera superlativa la desinteresada ayuda prestada por ACCIÓN CIVICA, presidida por Antonio Penadés, y hacer hincapié en la muestra y ejemplo de coordinación y solidaridad que supone tan necesaria muestra de lucha contra la corrupción. Ante desproporcionadas fianzas que lo que hacen es dejar desprovisto de capacidad un derecho como es el de la acusación popular, la creación de sinergias entre asociaciones y ciudadanía comprometida en la defensa de lo general se convierten en herramientas de máximo nivel para frenar y erradicar los abusos de los administradores de lo público que se escudan y defienden con abogados y recursos que no les suponen ningún coste personal ni económico, como ocurre en este caso con el alcalde de Crevillent que se defiende con dinero del ayuntamiento.

Por lo que aprovechamos para comunicar que el OCC no sin grandes dificultades se mantiene como acusación popular contra el alcalde de Crevillent por haber pagado la fianza de 4000 euros solicitada por el Juzgado que entiende del caso y comunicamos que continuamos la campaña de captación de fondos durante todo el mes de junio para poder devolver el aporte económico efectuado in extremis por ACCIÓN CÍVICA.

Las cantidades donadas se irán reflejando en la web del OCC diariamente para ejercer la política de transparencia necesaria y por supuesto al final del procedimiento, siempre que sea positivo a nuestras pretensiones, y no se considere por el Juzgado la necesidad de detraer ninguna costa de la fianza depositada, se devolverá la cantidad donada a todos aquellos donantes que no sean anónimos. Igualmente de aquellas cantidades donadas anónimamente se podrán utilizar para gastos del procedimiento como pudieran ser informes periciales, abogado, procurador, etc., que sean necesarios para el buen discurrir y solución final positiva de la acusación.

La cuenta donde efectuar las donaciones es de la entidad bancaria Triodos Bank ES4214910001203000068651 o a través de Paypal: observanticorrupcionmail.com en la página web del OCC, indicando concepto: CAMPAÑA CREVILLENTE.
Pueden contactar vía email en cualquiera de las direcciones del OCC como pueden ser observanticorrupcion@gmail.com y buzoncontralacorrupcion@gmail.com.
https://occ.org.es/index.php/2017/06/11/urgente-fianza-como-acusacion-contra-el-alcalde-de-crevillente/

15 de junio de 2017
Junta Directiva Nacional OCC

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URGENTE – fianza como acusación contra el alcalde de Crevillente

Hemos iniciado una campaña para recaudar fondos con el objetivo de permanecer como acusación popular en la causa de la planta de basuras de Abornasa.
El juzgado pide 4.000€ de fianza para ponder hacerlo, pero no tenemos suficientes fondos.
Nota de prensa: https://occ.org.es/index.php/2017/06/15/no-sin-dificultad-el-occ-mantiene-acusacion-contra-el-alcalde-de-crevillent/

Esta campaña de recaudación crowdfunding tiene el único objetivo de pagar dicha fianza.

En esta web realizaremos un seguimiento de las aportaciones.
Triodos Bank del OCC: ES4214910001203000068651
PayPal: observanticorrupcion@gmail.com
Indicar concepto: CAMPAÑA CREVILLENTE






DONACIONES:
Transferencias – 20, 50, 50, 50, 20, 200, 100, 10, 15, 30, 100, 50, 100, 30, 20
PayPal – 10, 100, 5.75, 150
TOTAL = 1110.75 euros


En el caso de ir a juicio y lograr una sentencia favorable, el dinero de la fianza nos será devuelto y nosotros lo devolveremos a los donantes, siempre que nos hayan dejado datos de contacto. En caso de que las donaciones sean anónimas, no tendremos forma de realizar la devolución, por lo que dicho importe quedará a disposición del OCC para gestionar su actividad.
Igualmente, si no se alcanza el objetivo, también se devolverá el dinero a los donantes en las mismas condiciones.

¡¡ GRACIAS !!

El Observatorio contra la Corrupción recurrirá el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria

El Observatorio contra la Corrupción recurrirá el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria
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Canarias Ahora – Las Palmas de Gran Canaria, 26/04/2017


Mariano Rajoy, Francisco González y José Manuel Soria en el mitin del Partido Popular en Mogán pagado con fondos del Grupo Europa. ARCHIVO CANARIAS AHORA

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción ha anunciado este miércoles su disposición a emplear toda la “capacidad legal” para lograr que prospere el recurso que presentará contra el auto de archivo del denominado caso grupo Europa de Mogán, una pieza separada del caso Góndola, en la que se ha investigado pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa , entre ellos, un mitin de Mariano Rajoy en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento, presidido por el PP.

Este colectivo fue expulsado como acusación popular en marzo pasado, tras haber sido admitido en mayo de 2016, pero a pesar de esa expulsión sí se le ha notificado el archivo de la causa, por lo que espera que prospere este recurso de reforma ante el mismo juzgado instructor de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.

En declaraciones a Efe, el portavoz del Observatorio, José Manuel Sánchez Fornet, ha señalado que discrepan con la decisión de la Fiscalía de no formular acusación por no observar relación entre los eventos financiados por la promotora Grupo Europa y la obtención de un concurso para construir viviendas públicas en Mogán.

Desde el Observatorio se entiende que sí se han producido delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación por los pagos presuntamente irregulares que efectuó Grupo Europa para financiar, entre otros actos, un mitin de Mariano Rajoy (PP) en la localidad moganera de Arguineguín, en diciembre de 2005. Sostiene asimismo que existen “diferencias” sustanciales sobre lo que interpreta la juez cuando ordenó hace un año la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado previo a la apertura del juicio oral y la posición de la Fiscalía, por lo que insiste en que “no es razonable” el archivo de la causa.

El portavoz ha informado que desde el Observatorio se recurrirá también la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, que les fue comunicada con anterioridad al auto de archivo, sobre su exclusión de la causa.

Así, ha subrayado que ante la “discordancia legal” que se ha producido en el procedimiento, se siguen considerando competentes para presentar el recurso, pues, a pesar de la expulsión, se les comunicó el auto como parte personada.

En el caso Grupo Europa figuraban como imputados la ahora alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el exalcalde Francisco González, y el propietario de Grupo Europa, Manuel Antón Martín, cumpliendo condena por pagos del mismo calado llevados a cabo en el municipio de Telde, entre otros.

Asimismo, el Observatorio está pendiente de una resolución de la Audiencia de Las Palmas sobre si procede su personación en el caso Góndola, que investiga otras tramas de corrupción urbanística en Mogán, tras el recurso de apelación que interpuso al no permitírsele ser parte de la causa, según ha indicado su portavoz.

La Fiscalía logra el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria tras expulsar del caso a la acusación popular

La Fiscalía logra el archivo del mitin de Rajoy pagado por una inmobiliaria tras expulsar del caso a la acusación popular
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Alexis González – Las Palmas de Gran Canaria, 24/04/2017

La Fiscalía de Las Palmas ha logrado que otro de los casos de presunta corrupción sonados de Canarias durante la etapa triunfal de los gobiernos municipales del PP en Gran Canaria (2003-2007) se vaya quedando en algún cajón de los juzgados.


Rajoy junto al alcalde de Mogán, y al lado de éste, José Manuel Soria, en el mitin de 2005 pagado por la inmobiliaria Grupo Europa. EFE / MOGÁN

Es el denominado caso Góndola, que incluye una pieza separada en la que se investigan pagos irregulares de una promotora de viviendas, Grupo Europa, entre otros un mitin de Mariano Rajoy en la localidad de Arguineguín, en diciembre de 2005, a cambio de obtener un concurso público del Ayuntamiento de Mogán, presidido por el PP.

En la causa figuran imputados por diversos delitos de corrupción, entre otros, la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y su antecesor, Francisco González, ambos dirigentes del Partido Popular local en el momento de los hechos, detenidos en enero de 2007 en el marco de la operación Góndola; además del propietario de la mercantil Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, actualmente cumpliendo condena de prisión por el mismo modus operandi en otro municipio de la isla, Telde, dentro del denominado caso Faycán.

Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el sobreseimiento provisional de la pieza referente a Grupo Europa en Mogán al no entender la Fiscalía que haya algún tipo de relación entre una serie de eventos financiados por la inmobiliaria y la obtención de un concurso para construir vivienda pública, como sostuvo la Policía Nacional en su momento e hizo suyo la juez en el auto de procedimiento abreviado de mayo de 2016.

La medida decretada el jueves pasado por la juez decana, Luz Calvé, a petición del fiscal Jorge Pobre, no tiene vuelta de hoja al haber sido expulsada la asociación que ejercía la acusación popular desde 2016, sin tiempo material para cumplir con los plazos de recursos de reforma o apelación al auto de archivo, de 20 de abril.

En mayo de 2016 la magistrada admitió que el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, presidido por el que fuera secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sánchez Fornet, se personara en las actuaciones ante el estancamiento de la instrucción, decisión recurrida por las defensas.

En este último año, lejos de agilizar la investigación, que ya fue objeto de una grave polémica en 2013 al achacar la Fiscalía su lentitud al baile de jueces al frente de ese juzgado, el ministerio público no solo no formuló acusación o solicitud de archivo, sino que interesó la expulsión de la acción popular, que reclamaba de la jueza la documentación del caso para ejercer su acusación.

Así, diez meses después de la personación del Observatorio, el fiscal Jorge Pobre se opuso con el argumento de que la acción popular debía haber presentado querella para ejercer sus derechos, “única forma prevista por el legislador para llevarla a cabo”, respondiendo de inmediato, dos días después, a una providencia de la juez, que termina por expulsar a la asociación el 31 de marzo pasado mediante auto.

El Observatorio no solo ha recurrido esta expulsión a la Audiencia Provincial, sino otra similar en la pieza principal del caso Góndola, así como ha elevado quejas a la Inspección Fiscal en Madrid, acciones todavía sin respuesta.

Estas medidas no han impedido que el fiscal Jorge Pobre evacuara un informe el 1 de marzo pasado por el cual solicitaba el archivo de la pieza separada al entender que no existen pruebas para acusar a la actual alcaldesa y su antecesor en el cargo, aparte de otros imputados, de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.

En ese informe, decisivo para el archivo al ser la única acusación, el fiscal sostiene, entre otros argumentos, que no puede haber tráfico de influencias porque quien pagara los eventos municipales y del partido (un mitin de Mariano Rajoy, en diciembre de 2005; un concierto de Bebe en los carnavales de marzo, y otro de Miguel Ríos en las fiestas del Carmen de ese verano) fue, tal cual admitió el empresario, la promotora Grupo Europa. Y que la mercantil no vio recompensadas sus “inversiones” al anularse el contrato de adjudicación en 2006.

En su momento, el promotor Antón Marín reconoció, en relación al mitin de Rajoy y los conciertos, que los financió “para promocionarse, tal y como hizo en otros Ayuntamientos, como muchas empresas promocionan conciertos y carnavales” (sic). Así lo recoge el fiscal, que no ve conexión alguna de esa “inversión” con “el cobro de facturas infladas” para recuperar el dinero ya adjudicado el contrato. Y todo porque esas facturas no se llegaron a pagar por parte del ayuntamiento.


Onalia Bueno, actual alcaldesa de Mogán, es abrazada por colaboradores suyos al salir del juzgado tras su detención junto al entonces alcalde en 2007

El fiscal entiende que el hecho de financiar una empresa privada “a favor de los vecinos del municipio de Mogán de dos conciertos y de un mitin del líder de un partido político” (sic) se deben considerar “actos preparatorios impunes” por no verle encaje en el delito de tráfico de influencias, “siendo así que la causalidad de los eventos celebrados por Grupo Europa” (sic) “y las resoluciones que dan lugar a la adjudicación del concurso público” carece de “soporte probatorio”.

El ministerio público también abunda en que no hubo prevaricación al adjudicar el concurso de promoción de vivienda pública a Grupo Europa, “toda vez que la tramitación quedó interrumpida declarando nulos sus trámites resolviéndose el contrato supuestamente amañado y adjudicado irregularmente antes de la incoación de las diligencias previas en el año 2006, por incumplir las condiciones favorables al Ayuntamiento, no constando la entrega de dádivas o promesas para resolver en un sentido u otro el concurso […] sin que pueda por tanto afirmarse que los pagos realizados lo fueron como contraprestación de una irregular adjudicación de un contrato público”.

2006: el año de los escándalos de corrupción del PP

Justo por aquellas fechas de la resolución del contrato en Mogán, 20 de noviembre de 2006, casos de corrupción paralelos en gobiernos municipales del PP estaban a la orden del día, como el Faycán de Telde, desatado el 1 de marzo de ese año con la detención de la concejal ya fallecida, Toñi Torres, y que en ese mes de noviembre entraba en su tercera tanda de apresamientos, con el alcalde de la localidad, Paco Valido y todo su grupo del PP, enviado a los calabozos el 7 de noviembre.

En paralelo, en Mogán la Policía Nacional y el entonces juez instructor José Alexis Reyes seguían los pasos del alcalde, Francisco González, y su mano derecha y ahora enemiga irreconciliable, Onalia Bueno, hasta el punto de captar conversaciones en las que la actual alcaldesa -que abandonó el PP y le ganó las elecciones en 2015 a González bajo las siglas locales de Ciudadanos por el Cambio- extremaba precauciones con su alcalde, en referencia a Grupo Europa.

“¿Has visto lo que pone el Top Secret de CanariasAhora sobre Grupo Europa?”, le llegó a preguntar González a Bueno en los primeros días de noviembre, cuando ya este periódico estaba sobre la pista de que algo olía a podrido en la política de promoción de viviendas sociales de varios gobiernos municipales del PP. A ellos accedía Grupo Europa a través del actual senador y entonces portavoz popular en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, como quedó acreditado en el juicio de la pieza separada relativa al municipio de Telde, sin que se condenara al entonces aforado autonómico y sí al resto de acusados.

“¡Te he dicho que de esas cosas no me hables por teléfono!”, le replicó alterada Onalia Bueno a Francisco González al ser cuestionado por Grupo Europa, mercantil con la que ya en noviembre de 2006 tenían graves diferencias y apuntaba a convertirse en un lastre por las pesquisas policiales que depararon en mayo de 2007 en la apertura de estas piezas separadas en Telde y Mogán.

En el escrito del fiscal Jorge Pobre que da carpetazo a la investigación de aquel famoso mitin de Mariano Rajoy durante el Puente de la Inmaculada Concepción de 2005, tampoco se atisba la malversación de fondos públicos porque los pagos de esos actos corrieron a cargo de Grupo Europa y el fiscal dice no tener constancia de que del ayuntamiento saliera dinero o patrimonio alguno en contraprestación. Aunque en el negocio fallido de la promoción de viviendas sociales de Telde y Mogán, el municipio aportaba suelo público de manera gratuita.

El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González

El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González
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MIGUEL ÁNGEL CAMPOS, Madrid 20/04/2017

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo


El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.

Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta “no es vinculante” y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.

Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.

En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.