A JUSTO LÓPEZ, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL OCC LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE LE CONCEDE ESTATUTO DE PERSONA DENUNCIANTE DE CORRUPCIÓN

La Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción HA RESUELTO aplicar el “estatuto de persona denunciante” al criminólogo del Ayuntamiento de Benidorm y miembro de la junta directiva nacional del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (OCC), Justo López.

Dicho “estatus” es una figura creada por el Parlamento Autonómico en la Ley 11/2016 de 28 de noviembre de la Generalitat Valenciana y tiene como fin proteger a aquellas personas que han denunciado alguna situación irregular en su ámbito profesional y para evitar que éstas sufran represalias o actuaciones lesivas derivadas de dichas denuncias.

En la resolución fechada el pasado 2 de marzo del 2018, se indica que se le aplica este estatuto al Criminólogo de Benidorm” por sus denuncias de hechos delictivos relativos a la gestión de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad”, una tarea de la cual el citado criminólogo era responsable. Este funcionario, Justo López, había denunciado a finales de 2015 la actitud de algunos funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm que se aprovechaban de penados que se encontraban realizando trabajos en beneficio de la comunidad.

De hecho, a día de la fecha, uno de esos funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm está condenado a una pena de prisión por el Juzgado de lo Penal Nº 3 de Benidorm, por exigir a un penado la cantidad de 1.500 euros a cambio de no hacer los trabajos en beneficio de la comunidad. Lo llamativo del caso es que este funcionario condenado en sentencia firme, continua trabajando. Otro de los casos afecta a un funcionario del Ayuntamiento de Benidorm, condenado por delitos contra la salud pública, que propuso a un penado a trabajos en beneficio de la comunidad que distribuyera cocaína, a lo que el penado se negó.

El criminólogo en esa época era el responsable del programa de penados y tras aquellas denuncias afirmó no sentirse responsable de los mismos. El programa fue suspendido por Instituciones Penitenciarias y el Alcalde de Benidorm, Toni Pérez del Partido Popular, le incoó al criminólogo denunciante seis expedientes disciplinarios de los cuales se archivaron cinco por falta de pruebas y finalmente le sanciono por no ir a una reunión con tres años de empleo y sueldo, a pesar de existir causa de justificación del Técnico ni precedentes en el Ayuntamiento de Benidorm de una sanción tan desproporcionada.

Al mismo tiempo el Alcalde denunció al criminólogo y miembro de la Junta Directiva del OCC ante la Fiscalía por usurpación de funciones y atribuciones, al haber suspendido el Técnico tres destinos de trabajos en beneficio de la comunidad en los que se encontraban funcionarios implicados. Dichas denuncias fueron archivadas.

En agosto del año pasado 2017, el alcalde, Toni Pérez, decretó la suspensión de empleo y sueldo durante tres años y notifico dicha sanción disciplinaria por burofax al criminólogo en su domicilio particular, el cual se encontraba de vacaciones. En tiempo y forma la sanción fue recurrida ante la Justicia por el Criminólogo del Ayuntamiento de Benidorm.

El 25 de enero del 2018, el Juez que conoce la causa en un Auto cautelar dejó sin efecto dicha sanción y lo notifico al Ayuntamiento de Benidorm, no ejecutando dicho Auto Judicial el Alcalde de Benidorm hasta que 20 días después, el 14 de febrero, el criminólogo lo solicito por Registro municipal, ya que según parece el Ayuntamiento de Benidorm había “extraviado” el Auto Judicial. Una vez reintegrado a su puesto de trabajo, la Agencia Valenciana Antifraude ha resuelto aplicarle el referido estatuto y advierte en la resolución de fecha 2 de marzo, que “cualquier acto de intimidación o represalia que pudiera perturbar la vida profesional o laboral” del funcionario “deberá ser comunicado a esta Agencia en el plazo más breve posible a fin de ejercer las medidas correctoras”.

Si se incumplieran las medidas de protección del criminólogo, la ley prevé multas que pueden llegar hasta los 400.000 euros en caso de infracción muy grave. No obstante, dicha resolución de la Agencia ha sido recurrida por el Alcalde de Benidorm Toni Pérez el pasado 9 de marzo, exigiendo a la Agencia contra la corrupción que la anule, lo que sitúa al Alcalde de Benidorm en un lugar claramente opuesto a que el criminólogo tenga esa protección.

Desde el OCC nos congratulamos de la existencia de dicha figura protectora de los denunciantes de corrupción y agradecemos a la Agencia Valenciana Antifraude la diligencia en el amparo de un miembro de nuestra asociación. El complejo ámbito de actuación de los integrantes del OCC les convierte en diana y son susceptibles de ser atacados de distintas modos y por distintas instituciones molestas por lo que se desvela en nuestras denuncias.

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