EL OCC LAMENTA EL SOBRESEIMIENTO DE LA QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE CREVILLENT

Una vez más el desequilibrio de fuerzas en la batalla contra la corrupción mueve la balanza a favor del más poderoso. Esta causa nació con muchos obstáculos inherentes basados en la falta de medios de los denunciantes para poder ya no sólo denunciar, sino poder sostener dicha denuncia, ya sea por la evidente inactividad de la Fiscalía, como por la imposición de una fianza económica que consiguió descolgar a los iniciales denunciantes, además de por la falta de informes desde la Administración con el mínimo de rigor necesario para poder contrastar con garantías con los de la parte demandada, así como el desnivelado tratamiento de la noticia por parte de algunos medios de comunicación dándole desde el inicio todo el espacio para que pudiera justificarse el alcalde y obviando a los denunciantes.

Vivimos en un país en el que muy pocas personas valientes, y determinadas asociaciones comprometidas en la lucha contra la corrupción intentan de alguna manera fiscalizar o denunciar aquellas conductas que los mecanismos de protección social oficiales no atacan por ignorancia, incapacidad u otras razones ajenas al interés colectivo. Y aún, sabiendo que la pelea es desigual y en muchas de las ocasiones se pierde por falta de capacidad para un enfrentamiento en igualdad de condiciones materiales y jurídicas.

El auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción nº 4 de Elx de la causa contra César Augusto Asencio Adsuar, Alcalde de Crevillent, y también contra la mercantil ABORNASA S.A por los delitos contra el medio ambiente, delito de prevaricación administrativa y delito de exacciones ilegales es un ejemplo de ello. Respecto al fondo del mismo, y desde el máximo respeto a la decisión judicial, queremos decir que en cuanto al delito ambiental la ausencia de un informe solvente sobre los riesgos medioambientales y el daño que efectivamente producen ha resultado clave para el archivo de la causa. Y puesto que no contábamos con capacidad económica para pagar un buen informe pericial no hemos podido comprobar si en efecto el daño al Medio es de la magnitud que apuntaba el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Elche.
Y respecto a la prevaricación, la sentencia del Contencioso Administrativo 1 de Elche era contundente sobre la ilegalidad de la planta, pero el TSJ estimó el recurso de Abornasa (que no fue recurrida), como le ocurre al OCC que por falta de medios no va a poder recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
Pero es que además en reiteradas ocasiones en el Auto se dice que la querellante falta a la verdad como forma de justificar el archivo, y consideramos que dicha apreciación además de injusta podría haber quedado desacreditada con un poco más de celo por conocer la verdad.

Salvo los informes del interventor titular testigo de la causa que pueden calificarse de periciales, la juez decreta el archivo de la querella sin practicar pericial objetiva e imparcial alguna. No existe en todo el expediente judicial ningún informe público de calificación urbanística del suelo de la planta, ni ningún informe público del impacto ambiental de la actividad de la planta de ABORNASA, ni de la posibilidad de comprobar la existencia de lixiviados tras más de 42 años de actividad (desde el año 1975), ya que no se ha hecho ningún análisis del suelo.
Se basa el archivo en la sentencia del TSJV que no cuenta con ningún informe pericial, ni público de Medio Ambiente de la CCAA, sólo con informes de parte del técnico del ayuntamiento de Crevillent que fue el demandado y con un informe particular del ambientalista de ABORNASA.
El Auto califica de exceso de celo los informes del único interventor titular sobre nulidad radical de las facturas de ABORNASA, así como de su abono, y lo hace sin haber contado con un informe pericial público que debería haberse solicitado a la Sindicatura de Comptes de Valencia, y así podría haberse evitado dicha calificación que consideramos excesiva.

Finalmente, nos parece imprescindible criticar la falta de control de la gestión de las basuras, al menos en la provincia de Alicante. Tal como pasa en Italia, debido a la inactividad pública de los sucesivos gobiernos en el control de las contratas de tratamientos de residuos. Y la difícil tarea que supone denunciar a los poderosos intereses que se mueven a su alrededor.

Desde el OCC no nos cabe más remedio que acatar el auto, pero resaltando la desigualdad de medios y la imposibilidad material de recurrir no por falta de razones sino por falta de capacidad económica para afrontar los riesgos que el sistema de costas para las acusaciones populares podría acarrearnos.

Y hacemos el alegato de que aunque pensemos que se ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción, estamos lejos aún de poder aseverar algo así, teniendo en cuenta que el único testigo de una querella como ésta, de contrastada valía y valentía, ha sido de nuevo maltratado por un sistema que tiene que reformarse para acabar con dichas injusticias.

En Alicante, a 09 de enero del año 2018
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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