Hacer lo que se dice es mejor que decir lo que no se hace

Hacer lo que se dice es mejor que decir lo que no se hace

Desde ayer es noticia en distintos medios de comunicación que la Dirección General de la Policía aconseja a las mujeres maltratadas realizar cursos de defensa personal, entre otras medidas, para combatir la lacra de la violencia machista. Nos parece bien esa propuesta y nos parecería mejor si la Dirección General, el Ministerio del Interior y el Gobierno, además de dar consejo a las mujeres maltratadas, actuaran adoptando las medidas que están en su mano. Transcribimos a continuación el escrito remitido el 9 de enero del pasado año 2015 al Consejo de Policía por el entonces vocal de ese órgano, José Manuel Sánchez Fornet, hoy miembro de este OCC, que sigue sin respuesta.

“CONSEJO DE POLICÍA.
Sr. Director General de la Policía.
Sevilla, 9 de enero de 2015.

Sr. Director:
Adjunto al presente escrito currículum del subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Jorge Martínez Guzman, destinado en la BRIC de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

El sr. Martínez lleva algunos años en los que está impartiendo cursos altruistamente a mujeres maltratadas, en su tiempo libre y abonándose los gastos de traslado y alojamiento; comenzó en ayuntamientos en los que ocasionalmente tuvieron conocimiento de sus capacidades y disposición y después a medida que fue siendo conocido en los medios de comunicación más asociaciones de mujeres maltratadas y organismos han solicitado que imparta cursos en distintos lugares de España. En algún caso tanto FESyPOL (Fundación de Estudios de Seguridad y Policía) como el SUP han abonado los gastos de viaje y alojamiento, pero en la inmensa mayoría de los casos ha sido a cargo de su salario.

Existen en el CNP numerosos policías destinados en la sección de Deporte o en comisión de servicio en plantilla distinta para poder entrenar o estar con cierta comodidad, muchos sin prestar servicio, para deportes que aportan poco o nada a la Policía, y con beneficios económicos para los que lo practican. De hecho, la denuncia de una plataforma de policías en Asturias tiene mucho que ver con esta situación antes descrita.

En el caso que le expongo, Jorge Martínez Guzman está aportando un importante prestigio al CNP a costa de su dinero y en su tiempo libre, por lo que si dispusiera de tiempo y cobertura de la DGP para llevar a cabo su tarea con dedicación exclusiva sin duda esos beneficios en prestigio del CNP podrían ser considerablemente mayores.

La acogida que ha tenido en todos los lugares donde ha impartido cursos ha sido muy favorable, tanto por los responsables políticos y sociales como por los medios de comunicación, que han entrevistado a algunas de las mujeres participes que han manifestado su satisfacción por los cursos, y no tanto porque en las lecciones que reciban puedan aprender a defenderse con garantías de un ataque violento, sino por la seguridad que les transmite, la confianza y pérdida de miedo que mejora considerablemente su autoestima.

En vista de lo anterior propongo se valore la posibilidad de que dichos cursos sean patrocinados desde la DGP a las mujeres maltratadas, en cuyo caso,

a) Desde las distintas UPAP se organizarían dichos cursos en las diferentes provincias.
b) Eximir a Jorge Martínez del servicio durante los días de duración del curso.
c) Abonarle los gastos de desplazamiento y estancias en el lugar del curso.

Atentamente,

José Manuel Sánchez Fornet

El Señor Jorge Martínez lleva 73 cursos impartidos en los últimos 3 años, unos abonados con su dinero, y otros en los que un sindicato policial le abona los gastos de alojamiento y desplazamiento, sin que la Dirección General de la Policía hasta el momento haya respondido a esa propuesta.

Aprovechando esta nota, también se podría actuar creando una Comisaría General de Violencia de Género, para que la situación actual de permanente campaña mediática de manifestación de
voluntad se transforme en eficacia, investigando todas y cada una de las denuncias que se producen, porque, más allá de la manipulación estadística, lo cierto es que de cada millón de
denuncias por maltrato que se producen unas 700.000 son archivadas, lo que deja mucho que desear en cuanto a la eficacia en la actuación policial. Con una estructura policial que se corresponda con la magnitud del problema, pocos de los maltratadores que sean de esos 700.000 casos que se archivan quedarían sin castigo y tampoco las denuncias falsas que sobre esta materia
se puedan producir.

En definitiva, se trata de realizar una investigación como la que se llevó a cabo cuando el denunciado fue Juan Fernando López Aguilar, con entrevista con los vecinos, diligencias de
esclarecimiento de los hechos que al final produjeron un resultado, con independencia de las informaciones mediáticas por la condición de político del afectado, de esclarecer la verdad de los
hechos o al menos, de haber llevado a cabo una actuación policial como corresponde a la gravedad de una denuncia por violencia de género.

Hay policías suficientes para crear no uno sino varios equipos de formación de defensa personal a mujeres maltratadas, y si la Dirección General quiere pasar de las musas al teatro, de los discursos a las acciones, puede tener elementos de juicio muy positivos para poner en marcha esta medida.

Sevilla, 19 de agosto de 2016
LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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