Los interventores municipales denuncian el control de los alcaldes

La primera barrera en la lucha contra la corrupción depende de los regidores para sus complementos de sueldo y circunstancias de trabajo

1443798500_420268_1447699018_noticia_normalFernando Urruticoechea es interventor municipal. Por su labor de fiscalización, y tras una denuncia de Esquerra, se ha cerrado la planta de reciclaje de Crevillent (Valencia), según el Observatorio de la Ciudadanía contra la corrupción. A cambio, Urruticoechea, “ha sufrido múltiples presiones”, según este organismo. No es un caso aislado, denuncia el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (Cosital). Cada año cientos de profesionales denuncian presiones de sus alcaldes, porque las personas a las que deben controlar son al mismo tiempo sus jefes. Su situación ha llegado hasta la primera línea política. «Deben tener una carrera independiente del alcalde», ha dicho este lunes Luis Garicano, de Ciudadanos.

«El controlador está controlado por el controlado», dice Eulalio Ávila, presidente de Cosital, que vio como un avance un cambio legal de 2013 por el que los expedientes por falta grave y muy grave dejaron de ser tramitados por los alcaldes, y pasaron a manos de Comunidades y Gobierno, respectivamente. «El alcalde tiene una potestad, como jefe, para otorgar permisos, subir o bajar funciones y aprobar el complemento de productividad, que es una parte de su retribución. También aprueba en el pleno el complemento específico, y tiene la capacidad de organización: es él quien da los medios, y por eso muchas veces son muy escasos y el control de las cuentas públicas se puede resentir», añade el presidente de Cosital, que propone crear un organismo independiente de funcionarios para instruir los expedientes y resolver las discrepancias que enfrenten a interventores y alcaldes.

Esta es la situación actual. El alcalde decide parte del sueldo, las condiciones de trabajo y los medios de los que dispone la persona que le fiscaliza. Frente a eso, los funcionarios apenas tienen medios de defensa, según denuncia Cosital. Las actas de reparo que presentan los interventores cuando observan alguna irregularidad en un contrato público no son vinculantes, a excepción de las suspensivas, que han de debatirse en pleno. Cuando son desestimadas, quedan, en el mejor de los casos, como un aviso entre miles para la posterior revisión del Tribunal de Cuentas. Suponen, en el peor, el inicio de las represalias.

«Es evidente que hay miedo. Muchos interventores no hacen actas de reparo por miedo a represalias. Luego hay otros que no informan de las infracciones porque reciben beneficios y prebendas», denuncia Urruticoechea sobre un colectivo de más de 5.000 profesionales. «Somos víctimas de una situación irracional. No puede ser que los mismos a los que fiscalizamos sean quienes nos tienen que pagar, no pueden ser nuestro superior jerárquico».

«Estoy en absoluto desacuerdo y niego la mayor: el interventor tiene absoluta independencia del alcalde en la toma de decisiones», argumenta Íñigo Gómez de la Serna, alcalde de Santander, expresidente de la Federación Española de Municipios y actual vicepresidente del organismo. «En Santander, por ejemplo, jamás hemos llevado al pleno para su aprobación un informe con un reparo del interventor. Cualquier alcalde que los sacara adelante con una opinión negativa del interventor está en un serio problema: de demostrarse la ilegalidad, se demostraría el dolo».

César Augusto Asencio, el alcalde de Crevillent, también difiere de la versión de Urruticoechea. “No hay nadie que controle a los interventores. Las faltas se juzgan entre interventores. Sus quejas no son más que batallitas”, asegura. “Con la excusa de fiscalizar lo que quiere es mandar en el Ayuntamiento donde va”, sigue. “Sus actas son discutibles”, añade. Según Urruticoechea, el Ministerio de Hacienda ha desestimado los dos expedientes disciplinarios que el regidor incoó contra él.

Los municipios llevan toda la crisis lidiando con los recortes de sus cuentas. Los interventores, entre otras cosas, han sido los garantes de que se cumpla la ley de estabilidad presupuestaria. Las órdenes de Hacienda han aumentado su volumen de trabajo. Y con él, las tensiones en los Ayuntamientos españoles.

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