MÁS ATAQUES A URRUTICOECHEA, UN INTERVENTOR DECENTE

MÁS ATAQUES A URRUTICOECHEA, UN INTERVENTOR DECENTE

El próximo martes, en el juzgado de primera instancia nº 12 de Murcia, a las 13,30 horas, se celebra acto de conciliación por demanda del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana Galiano, y del concejal de Hacienda y Recursos Humanos del mismo ayuntamiento, Rafael Almagro Palacios, contra el todavía interventor de la localidad, Fernando Urruticoechea Basozabal, quien dada la presión a la que estaba sometido por los responsables políticos municipales ha solicitado nuevo destino obteniendo su traslado a Torre-Pacheco, en la provincia de Murcia y espera el nuevo nombramiento en los próximos días en el BOE.

Esta denuncia contra el interventor fue planteada el 12 de julio, después de que un artículo de prensa (6-7-2016) y un comunicado de esta organización (24-6-2016) dejaran en evidencia las mentiras que con anterioridad habían sido vertidas en medios de comunicación por el alcalde de Orihuela del Partido Popular, Emilio Bascuñana.

Además de mentir respecto al informe de liquidación del interventor Urruticoechea sobre la situación económica del ayuntamiento, que según el alcalde no había sido presentado, al interventor le fueron denegados permisos en navidad del año 2015 y en mayo de 2016, cuando tenía billetes adquiridos para desplazarse con su pareja y su hijo a Budapest donde ella iba a un acto profesional. Este último permiso fue denegado dos días antes señalando un botón rojo en la intranet interna municipal.

Lo cierto es que el informe de liquidación de 2015 que el alcalde negó que existiera fue elaborado por el interventor y remitido al Ministerio de Hacienda el 31 de mayo de 2016, dejando constancia fehaciente de la situación económica municipal, que aconsejaría intervenir el ayuntamiento, situación coherente con las prácticas desarrolladas en el mismo y que habían provocado 77 informes de reparo del interventor durante el pasado año 2016.

Esta dinámica de atacar al que resulta molesto en la gestión de lo público, en este caso un funcionario interventor en el ayuntamiento, evidencia que el discurso del PP y de sus máximos responsables respecto a propiciar un clima de transparencia, de respeto a quienes plantean en el uso de sus competencias reparos a decisiones políticas que afectan al dinero público es falso, impostura, hipocresía política, porque cuando se trata de pasar de los discursos grandilocuentes a los hechos, estos muestran la verdadera cara de quienes quieren gestionar lo público sin controles molestos que puedan suponer obstáculos legales a sus decisiones políticas. Ese es el caldo de cultivo en el que nacen las prácticas corruptas que asolan nuestra sociedad.

Alicante, 4 de marzo de 2017
La Junta Directiva

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El Plural – El acoso del PP fuerza a un interventor a pedir el traslado

Enlace a la noticia en El Plural


Fernando Urruticoechea denuncia las presiones que sufren cientos de funcionarios públicos por parte de auténticas “organizaciones mafiosas”

Ya antes de reincorporarse a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento Orihuela, después de hacer frente a un cáncer, le advirtieron de que se oían voces de que le iban  a hacer la vida imposible. Y así fue.

Fernando Urruticoechea llegó en 2014 a esta localidad alicantina, entonces gobernada por Los Verdes y el PSOE, y ejerció su trabajo de interventor con normalidad durante algo más de un año. Sin embargo, con el regreso al poder del Partido Popular, las tornas cambiaron. A partir de ese momento comenzó el acoso y derribo, hasta que este funcionario natural de Bilbao no ha podido más.

Injurias, calumnias y castigos

Está de baja desde junio del pasado año. Su pecado, “cumplir con mi trabajo” y enfrentarse a la corrupción.

El proceso para acabar con él comprende “injurias, calumnias, sobrecarga de trabajo, ha llegado a hacer jornadas de diez y doce horas, y castigos internos”. Trataron de dejarle sin vacaciones, aunque “recurrió y ganó”, desmantelaron el área de intervención “para dejarme solo”, evitando cubrir vacantes, le impidieron dar conferencias y hacer viajes familiares y llegaron a enviarle a diario “notificaciones con peticiones absurdas”.

La puntilla era el expediente disciplinario. En dos ocasiones a lo largo de 2016 lo solicitó al Ministerio el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, pero eso “no lo consiguió”.

Víctimas de la corrupción

Urruticoechea asegura a ELPLURAL.COM que él es sólo un exponente de lo que ocurre. “Hay cientos de funcionarios enfermos, de baja o en tratamiento psiquiátrico”, revela a este medio. “Cientos de divorcios y familias rotas” por alzar la voz.

Ésta es la otra cara de la corrupción, la de “los funcionarios víctimas, que no somos  apreciados por la sociedad”. La que se ignora mientras se centra el foco en la cara de los políticos y los agujeros millonarios que han dejado en las cuentas públicas.

Ignorar los informes de interventores como él es bien sencillo. En su anterior destino, Crevillent “los tiraban a la basura, en Orihuela iban a la estantería”.  Tienen una clara  función fiscalizadora, pero en muchas ocasiones se convierten en hombre de paja porque “el control es inexistente y las medidas ineficaces. Hay normas que supuestamente protegen a los empleados públicos, pero no se cumplen”.

Solos ante el peligro

De este modo se les pone a los pies de los caballos, frente a auténticos entramados mafiosos. Sumar apoyos, además, “cuando te declaran apestado”, es muy difícil porque “la gente tiene miedo”. Públicamente, ninguno de los compañeros del Ayuntamiento ha salido en defensa de Fernando “aunque sí lo han hecho algunos en privado”.

Ha buscado amparo en la Fiscalía, pero de nada le ha servido. A veces ha recibido incluso “respuestas humillantes”. “Hay una insensibilidad total hacia los funcionarios que vivimos este tipo de situaciones y somos muchos”, recalca.

Miles de informes de ilegalidad

A lo largo de sus 30 años de carrera profesional Urruticoechea ha redactado miles de informes de ilegalidad. Es uno de los funcionarios que más corrupciones ha destapado.

Los grandes contratos son los que le han generado mayores problemas: agua, alcantarillado y basuras. Sus primeras denuncias las hizo en Galdakao, cuando era economista laboral. Entonces se vio obligado a presentar una querella criminal, “que gané” y “el alcalde acabó inhabilitado”. Después vinieron muchos otros destinos, entre ellos, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent, municipio en el que en tres años legalizó la gestión del agua, algo que “no interesaba”. En Orihuela la historia se ha repetido. No hay que olvidar que el actual teniente de alcalde, Francisco Manuel Sáez, fue director de zona de Acuagest, hoy Hidraqua.

Los políticos, origen y causa

Para este funcionario al que  han llegado a llamar “desequilibrado”, “el origen y la causa de la corrupción son los políticos y la voracidad insaciable de financiación de los partidos”. Sin embargo, deja claro que el robo no se hace de forma individual. “Son tramas perfectamente organizadas. La función pública está politizada y subordinada al poder. Los funcionarios forman parte también de la trama de corrupción”.

Por ello, la solución, a jucio de  Urruticoechea quien, a día de hoy colabora con el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, “pasa por la decencia política y ciudadana”. “Eso deberíamos clamar en las manifestaciones”, insiste, pues “la cultura democrática es inexistente”.

Nuevo destino

Fernando ha concursado para cambiar de destino. Después de estudiar “con mi mujer y mi psicólogo”, todas las posibilidades porque “bueno, bueno, no había ninguno” ha decidido trasladarse a Torrepacheco. “Me hubiera gustado seguir en Orihuela  con un gobierno democrático, no despótico”. Se va esperando que el PP no logre allí volver al poder y con el firme propósito de “seguir haciendo mi trabajo”.

CONCLUIDA LA BÚSQUEDA DE MARTA DEL CASTILLO, HAY QUE AMPLIAR EL RASTREO EN LA DÁRSENA DEL GUADALQUIVIR

CONCLUIDA LA BÚSQUEDA DE MARTA DEL CASTILLO, HAY QUE AMPLIAR EL RASTREO EN LA DÁRSENA DEL GUADALQUIVIR

A mediodía de hoy ha concluido la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la dársena del rio Guadalquivir, en la zona comprendida entre los puentes del Alamilllo y la Barqueta.

Se ha centrado la búsqueda en esa zona en virtud de un informe hecho llegar al juez por el padre de la menor, tras unas pruebas de sondeo realizadas en la misma por personas ajenas a la investigación por tratarse de la zona más cercana a la vivienda donde se produjo el crimen de Marta.

Existen tres testimonios de personas de Sevilla que vieron en la zona cercana a la dársena y al puente de la Barqueta a dos personas empujando una silla de ruedas con un bulto la madrugada del asesinato de Marta, y uno de ellos reconoce también a un tercer implicado en el crimen que se acercó a los dos que empujaban la silla en una motocicleta.

Estas tres declaraciones son el único indicio sólido respecto al lugar donde pudieron ocultar el cuerpo de la menor, señalan la zona referida (cercanías de la dársena del Guadalquivir por el puente de la Barqueta), pero es imposible conocer el lugar concreto donde pudieron hacer desaparecer el cuerpo arrojándolo a la dársena, y las posibilidades de que fuera en la zona rastreada o en otra distinta es exactamente la misma, pudiendo haberse desplazado los autores del hecho en una u otra dirección, hacia el sur donde se encuentra el puerto de Sevilla, o hacia el norte del puente del Alamillo, desbordando el límite de los puentes referidos con lo que el cuerpo pudiera encontrarse fuera de la zona rastreada. Restringir la búsqueda del cuerpo o efectos de Marta exclusivamente a la zona comprendida entre los puentes del Alamillo y la Barqueta por el simple hecho de que es la zona más cercana a la vivienda donde la asesinaron no soporta el menor análisis riguroso en una investigación de un hecho tan grave como el que nos ocupa.

El Estado, a través de la justicia y las fuerzas de seguridad, tiene la obligación de hacer todo lo posible para localizar el cuerpo de Marta. No existen más declaraciones testificales que sitúen la posibilidad de haber ocultado el cuerpo en lugar distinto a la dársena, por lo que la única actuación coherente debería llevar a ampliar la búsqueda del cuerpo de Marta a partir del puente del Alamillo hacia el norte, y del puente de la Barqueta hacia el sur.

Bien con los radares del servicio de la Armada, bien con los del equipo GEAS de la Guardia Civil, podría realizarse esta ampliación de búsqueda en la dársena del Guadalquivir más allá de la zona que se ha rastreado, elaborándose el mapa correspondiente de objetos extraños en el lecho del rio para que los GEOs continúen su búsqueda, si es preciso con apoyo de los bomberos de la localidad o de submarinistas del GEAS, porque la única hipótesis fiable basada en un indicio sólido como son las tres declaraciones de referencia es que el cuerpo de Marta del Castillo puede estar en la dársena del Guadalquivir, y no necesariamente en la zona acotada que ha sido rastreada.

Madrid, 24 de febrero de 2017

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DISTINTAS VARAS DE MEDIR PARA UNA MISMA FUNCIÓN

DISTINTAS VARAS DE MEDIR PARA UNA MISMA FUNCIÓN

Recientemente una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Elche ha condenado al ayuntamiento de Orihuela por suspender las vacaciones de navidad del año 2015 del interventor D. Fernando Urruticoechea. Una victoria significativa si se tiene en cuenta en el contexto de los continuos ataques recibidos desde el Consistorio contra este funcionario por la simple razón de realizar sus funciones de fiscalización y control de legalidad a través de su análisis y denuncia pertinente. Desde el OCC nos congratulamos con dicha condena.

El vía crucis sufrido por este abnegado interventor le ha supuesto el ser, en total inferioridad de condiciones, expedientado y atacado a través de los medios de comunicación por los responsables del consistorio oriolano, llegándose al extremo de encontrarse actualmente de baja y estar siendo sustituido por un funcionario “más del gusto” de los responsables municipales. Y la razón de esta última expresión nace de la información conocida sobre la existencia de, además de su nómina correspondiente, de una asignación a dicho sustituto estas navidades del 2016 de un único complemento de productividad de 4407.97 euros por el especial rendimiento, iniciativa y actividad extraordinaria de funciones para la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela.

Dos varas de medir totalmente distintas por parte del Alcalde de Orihuela y aquellos concejales que materializan sus decisiones. Una que expedienta, denuncia, priva de vacaciones, sustituye en sus funciones a un interventor que únicamente ejecuta su labor con el celo que le exige la ley y otra que premia con dinero de las arcas públicas, presuntamente de manera irregular, a aquellos funcionarios que realizan su labor del agrado del ayuntamiento.
¿Y por qué decimos que se premia de manera presuntamente irregular?

Porque desde el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción se tiene constancia cierta de la denuncia por un presunto delito de Malversación en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que se va a presentar este lunes día 23 de enero por parte de D. Fernando Urruticoechea, bajo la dirección técnica del letrado D. Jose Antonio Espinosa, miembro colaborador del OCC.

Debe organizarse la sociedad civil ante los ataques indiscriminados a aquellos funcionarios o personas que desde sus puestos o situaciones vitales tienen que bregar con la injusticia y corrupción. Y por ello desde el OCC brindamos a Fernando Urruticoechea todo nuestro soporte y comprensión hasta que se restablezca en la medida de las posibilidades la justicia en relación a su inaceptable situación actual.

En Alicante, a 21 de enero de 2017

Junta Directiva Nacional

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¿ESTAMOS EN ALERTA ANTITERRORISTA NIVEL 4?

¿ESTAMOS EN ALERTA ANTITERRORISTA NIVEL 4?

Sí, estamos en ese nivel de alerta desde hace mucho tiempo porque existe una amenaza objetiva contra los países occidentales, entre otros, de los terroristas del EI, que citan a España recurrentemente en sus vídeos de propaganda.

Que un comisario de policía, Juan Carlos Hernández, jefe de la plantilla de Benidorm, con la aglomeración de ciudadanos nacionales y extranjeros que habrá en esa como en otras muchas ciudades, en vez de estar en su despacho o en el centro de mando en esas horas críticas esté disfrazado de Rey Mago sobre una carroza en una cabalgata, es un esperpento propio de un país donde la Policía no se respeta ni a sí misma ni a sus normas. No va a ocurrir nada en España, en ninguna ciudad, porque los servicios de información están haciendo su tarea y muy bien, pero de ocurrir algo, por leve que sea, la imagen del comisario disfrazado de Rey Mago puede hacer un daño al prestigio de la Policía que borre en un solo día años de mucho trabajo de miles de miembros de la misma.

Nos remitimos a las hemerotecas para que la ciudadanía vea el nivel de inseguridad que existe en Benidorm (hasta no hace mucho la más insegura de todas las
comisarías de España, según un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad) y apoyamos la nota hecha pública ayer por el sindicato ARP, Agrupación Reformista de Policías, denunciando la incoherencia que supone estar en alerta antiterrorista nivel 4 y que el mando de una comisaría aparezca disfrazado de Rey Mago en unas horas críticas para la seguridad de la ciudadanía.

Por otra parte, en Alicante y Benidorm ocurren cosas inaceptables en un Estado de Derecho. Hace escasas semanas se prohibió una concentración de miembros de este
Observatorio en un lugar cercano a la comisaría de Alicante, proponiendose uno alternativo alejado del mismo, alegando el subdelegado del Gobierno por informe del
anterior comisario provincial como razón para ello el nivel de alerta 4 existente. En ese mismo lugar que nos fue denegado se autorizó en fechas recientes una concentración de un sindicato de policías para demandar atención en un conflicto colectivo declarado (11 asistentes) sin existir problema alguno. Y ahora, en la misma situación de riesgo potencial de atentado terrorista que entonces, se permite al mando de la comisaría de Benidorm actuar de manera policialmente tan irresponsable. Lamentable espectáculo el que dan el comisario y también el alcalde, del que cabe recordar que tiene denunciado en fiscalía y expedientado a un funcionario policial por haber denunciado prácticas corruptas, que se han acreditado ciertas con condena contra los denunciados. La ley no puede usarse a capricho de los responsables políticos y policiales. La seguridad y los derechos de la ciudadanía de Benidorm no están en buenas manos.

Madrid, 3 de enero de 2017

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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EL DELEGADO GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DEBE ACTUAR

EL DELEGADO GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DEBE ACTUAR

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, OCC, tiene la obligación de informar sobre cualquier comportamiento irregular de organismo o institución pública que actúe al margen de criterios establecidos en normas o leyes en este país, y desafortunadamente hoy tenemos que denunciar públicamente que los criterios de la Subdelegación del Gobierno en Alicante sobre desautorizaciones realizadas a colectivos o sindicatos en materia de reunión son bien distintas según “ el color de las siglas convocantes”.

El pasado 25 de septiembre de 2015, este Observatorio tenía previsto celebrar una concentración frente a la Comisaría Provincial de Policía en la ciudad de Alicante, debidamente comunicada en tiempo y forma sin alterar de ningún modo la atención a los servicios públicos por parte de particulares que pudieran acudir a Comisaria, caso del D.N.I., y en un ambiente correcto y adecuado al ordenamiento jurídico y a la constitución, que no violentaba la integridad moral ni el libre ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos y los funcionarios policiales. Se nos desvió al final de la calle Isabel La Católica, a la altura del número 27 y 28, es decir, negándonos el lugar elegido frente al edificio policial basándose en un informe remitido por parte de la Comisaría Provincial de Alicante a esa Subdelegación del Gobierno, que se fundamentaba en dos apartados: A) Nivel de Alerta Antiterrorista Nivel IV y B) Incidir en los servicios públicos de particulares que acuden a la Comisaria, caso del D.N.I.

Ello propició la renuncia por parte de OCC a realizar la concentración por entender que se deslegitimaba el ejercicio de un derecho con argumentos poco convincentes por parte de en aquel momento el comisario provincial Sr. Cuasante, actual Jefe Superior Valenciano, de quien cabe recordar se le iba a mostrar nuestro rechazo al ser requerido por el Consejo del Poder Judicial y la propia DGP, por su falta de diligencia en la remisión de informes en temas relacionado con la corrupción política en Alicante y provincia que afectaban al caso Brugal. El pasado día 14 de diciembre del presente año 2016, en el lugar prohibido, restringido y vigilado por varios policías nacionales para identificar y sancionar a los posibles concentrados del OCC hace exactamente un año, hemos visto con agradable sorpresa una concentración de funcionarios policiales con pancartas exigiendo y denunciando problemas laborales, pese a que persiste la alerta IV por amenaza terrorista y que ese día también las oficinas del DNI funcionaban con toda normalidad.

Consideramos una total injusticia social y administrativa la restricción impuesta al OCC basada en la voluntad o capricho de algunos mandos policiales o políticos que por aquel entonces obstaculizaron un derecho constitucional a los solicitantes y que exige en estos momentos una explicación pública por parte del Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, o en comparecencia pública en las Cortes Valencianas, para conocimiento de todos los ciudadanos.

28 de diciembre de 2016

Junta Directiva Nacional OCC

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Entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta al Portavoz del OCC

La Sexta – Al Rojo Vivo – 9 de diciembre de 2016
La Gürtel, la familia Pujol, Bárcenas, Carlos Fabra, la Púnica… los grandes momentos de la corrupción en España

Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, Al Rojo Vivo ha querido rememorar los ‘mejores momentos’ de la corrupción en España como la entrevista de Jordi Pujol en Salvados o el “se fuerte” de Mariano Rajoy a Bárcenas…

José Manuel Sánchez Fornet: “En España se puede mentir impunemente y los ciudadanos te siguen votando”
El portavoz del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción (OCC) explica en ARV que todos “los partidos políticos tienen corrupción” pero “denuncian la de las filas contrarias” a pesar de que “digan que colaboran” con la Justicia.

Enlace a la entrevista
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/jose-manuel-sanchez-fornet-en-espana-se-puede-mentir-impunemente-y-los-ciudadanos-te-siguen-votando_20161209584a97ab0cf27663e1129ba6.html

Enlace al programa completo
http://www.atresplayer.com/television/programas/al-rojo-vivo/2016/diciembre/dia-9-grtel-familia-pujol-brcenas-carlos-fabra-pnica-grandes-momentos-corrupcin-espaa_2016120900852.html

Fragmento con la entrevista

Congreso sobre Buen Gobierno, Buena Administración y Lucha contra la corrupción y el fraude

Congreso sobre Buen Gobierno, Buena Administración y Lucha contra la corrupción y el fraude
Celebrado durante los días 8 y 9 de noviembre de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.

Enlace del evento: https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/cursos/congreso-sobre-buen-gobierno-buena-administracion-y-lucha-contra-la-corrupcion-y-el-fraude.html

La programación incluyó un apartado de ponencias y debate sobre la La lucha contra la corrupción desde sectores sociales, judiciales y administrativos, en la que el OCC tuvo el honor de participar con una ponencia a través de Luís Miguel Lorente Moreno, responsable de coordinación y relaciones institucionales de la Junta Nacional.

Agradecemos enormemente a los promotores del evento, a su Comité Científico y al Universidad de Alicante por acercar a la ciudadanía estas ilustes y necesarias actividades.

Diario Información: Congreso en la UA sobre lucha contra la corrupción

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Observatorio de la ciudadanía Contra la Corrupción